Principio del Estoppel y su aplicación en el JCA.

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Este principio es conocido en el ámbito del derecho internacional y conforme la base de datos terminológica y multilingüe de las Naciones Unidas se define como “la manifestación implícita derivada de los propios actos”.  Con este término se quiere dar a entender que el que ha inducido a otro a actuar de determinada manera aseverando algo, con su conducta, o con su silencio, no puede negar lo dicho o hecho, o volverse atrás cuando las consecuencias jurídicas de su aseveración le son desfavorables, por lo tanto cuando una parte en un litigio adopta una actitud determinada que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no puede asumir luego una actitud que sea contraria con la primera, cuestión que ha sido sostenida en diversas  sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que se puede corroborar, claramente en el numeral 29 de la sentencia de 11 de diciembre de 1991, en el caso Neira Alegría y otros Vs Perú en donde de manera resumida el Estado Peruano, dentro de las secuelas del Juicio por un parte manifestó que no se habían agotado las instancias internas, y posteriormente afirmó lo contrario:

"De lo expuesto surge, pues, que el Perú sostuvo el 29 de septiembre de 1989 que las instancias internas no se habían agotado en tanto que, un año después, 24  de septiembre de 1990, ante la Comisión y ahora, ante la Corte, afirma lo contrario.  Según la práctica internacional cuando un aparte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera.  Para la segunda actitud rige la regla de non concedit venire contra factum proprium.

Se podría argumentar en este caso que el trámite ante el Fuero Privativo Militar no constituye verdaderamente un recurso o que ese Fuero no forma parte de los tribunales judiciales.  Ninguna de estas afirmaciones sería aquí relevante.  Lo que importa, por el contrario, es que el Gobierno ha sostenido, en cuanto al agotamiento de los recursos, dos afirmaciones contradictorias acerca de su derecho interno e independientemente de la veracidad de cada una de ellas, esa contradicción afecta la situación procesal de la parte contraria."

Este principio guarda estrecha relación con la doctrina de los actos propios y que consiste en la inadmisibilidad para actuar en contra de los actos propios realizados con anterioridad, e impide que una persona pueda ir en contra de su propio comportamiento mostrado con anterioridad para limitar los derechos de otra, en atención al principio de buena fe.

Una vez precisado lo anterior, es conveniente tener presente que en la práctica, es recurrente ver que el particular que se vea afectado por un acto de autoridad,  ya sea en su esfera económica o bien de privación de sus derechos, busque el acercamiento con la autoridad fiscal buscando que dicho acto sea dejado sin efectos administrativamente, en cuyo caso en la mayoría de las ocasiones la autoridad fiscal bajo la promesa de dejar sin efectos el acto, sugiere presentar algún escrito en el que abiertamente se manifieste la conformidad con la irregularidad detectada o la aceptación de las observaciones formuladas, llegando incluso a hacer  tales manifestaciones en un medio de defensa en instancia administrativa (recurso administrativo), manifestaciones que desde luego a la postre resultaran desfavorables en una etapa contencioso o jurisdiccional, como lo es el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o el juicio de amparo.

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