Identificación de los visitadores, momento oportuno en que se debe realizar conforme a la CPEUM y el CFF.

15/05/2016 | CARLOS GÓMEZ LUNA
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De acuerdo con la realidad que vive el país y al incremento de los índices de inseguridad, las Autoridades en general deben salvaguardar ahora más que nunca, la seguridad jurídica de los gobernados y resguardar la inviolabilidad del domicilio.

El derecho de la inviolabilidad del domicilio, se encuentra previsto y tutelado por virtud del Art. 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y si bien la autoridad, en este caso la administrativa, puede introducirse en dicho domicilio para realizar visitas domiciliarias, como excepción a ese Derecho Fundamental, esto debe hacerse siguiendo lineamientos que se establecen en las normas legales que las regulan, pero también de manera fundamental en el estricto respeto a los derechos humanos de los gobernados.

En materia fiscal, la normatividad que rige las visitas domiciliarias es el Código Fiscal de la Federación, que en su Art. 42 fracción III, contempla la existencia de las mismas y que de los Artículos 43 a 46-A de dicha codificación se reglamenta su ejercicio. Empero, comúnmente perdemos de vista en qué momento comienzan a regir las reglas del Código Fiscal de la Federación y cuándo debemos de primeramente exigir el respeto del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Se puntualiza lo anterior, ya que, comúnmente al momento de que la Autoridad Hacendaria ejerce sus facultades de comprobación, en primer lugar los visitadores ingresan al domicilio y exigen la presencia del contribuyente o su representante legal sin previamente haberse identificado, lo cual resulta ilegal, pues si bien se encuentran legalmente autorizados, hasta antes de su identificación resultan desconocidos para el gobernado, con el inminente riesgo que implica para su seguridad.

Así es, cuando la Constitución en su Art. 16 establece que nadie puede ser molestado… en su domiciliose refiere a toda clase de sujetos que interactúen con el Estado, sean personas físicas o morales, en una relación de supra-subordinación; por tanto, los derechos contenidos en el primer párrafo de dicho precepto, están dirigidos para su respeto y cumplimiento a todo agente del Estado, es decir, a toda autoridad, sea administrativa, legislativa o judicial, aun cuando existan particularidades en la manera en que cada una de ellas tenga que cumplir con tales derechos.

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