Responsabilidad Patrimonial del Estado. ¿Cómo y cuándo procede en Materia Fiscal?

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Introducción.

En muchas ocasiones, la autoridad fiscal llámese Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores o Secretaria de Finanzas de los Estados, al momento de emitir algún acto, resolución o bien al ejercer alguna facultad de comprobación y ejecución actúan de manera totalmente injustificada o con total desapego a las normas aplicables provocando daños y perjuicios en los bienes, derechos, imagen o reputación de los contribuyentes. Sin embargo, los contribuyentes, asesores o abogados desconocen si en principio existe algún mecanismo para obligar a la autoridad fiscal a resarcir ese daño y perjuicio provocado, en segundo lugar, se desconoce la forma así como los términos en que habrá de conducirse para reclamar esa lesión lo que a la postre ha llevado a que la autoridad fiscal reitere esos actos sin que el particular pueda reclamar alguna indemnización.

Así la primera pregunta que debemos hacernos al momento de abordar el tema propuesto consiste en: ¿habrá un mecanismo idóneo para que la autoridad fiscal resarza los daños o perjuicios que ocasionó por una actuación irregular? la anterior interrogante se tratará de responder en forma breve mediante en el presente artículo, abundando en la forma o términos que habrá de solicitarse dicha indemnización.

El tema de Responsabilidad Patrimonial del Estado no es algo novedoso, empero sí poco explorado en materia fiscal, lo anterior debido a que los casos que más se han recurrido, se refieren a aquellos en donde las Instituciones de Salud han realizado una deficiente prestación de servicios o una negligencia, inclusive, la mayoría de los criterios emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Poder Judicial de la Federación ha derivado de este tipo de asuntos y los pocos criterios que se han visto en materia fiscal se refieren a otro tipo de responsabilidad como lo es la señalada en el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con la segunda parte del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria mismo que si bien no es contrario a la Responsabilidad Patrimonial del Estado, como se verá más adelante, los requisitos para su procedencia son distintos.

Al respecto, desde mediados del año 2002 se incorporó en la Carta Magna un sistema de responsabilidad objetiva y directa del Estado, la cual tuvo como finalidad dejar atrás la responsabilidad subjetiva e indirecta que venía operando hasta ese momento.

La diferencia entre ambos sistemas de responsabilidad estriba esencialmente en lo siguiente:

Como se ve, tratándose de un sistema de responsabilidad subjetiva e indirecta existe una seria dificultad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios, mismas consideraciones que tuvo el Legislador al reformar el Segundo Párrafo del Artículo 113 de Nuestra Carta Magna ya que sostuvo en esencia lo siguiente:

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