El domicilio fiscal y la incompetencia de la autoridad para determinar si cuenta con infraestructura.

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Cuando Sebastián Lerdo de Tejada se rebeló contra el gobierno de Porfirio Díaz sus partidarios fueron rápidamente capturados por este y envió un mensaje a Luis Mier y Terán que decía; “Mátalos en caliente y después averiguas”, frase que hace alusión que aun cuando no se tenía certeza de que las personas capturadas efectivamente formaban parte de la rebelión se les tenía que matar y después averiguar si efectivamente eran rebeldes.

Tal parece que dicha frase es exactamente aplicable en los tiempos actuales a la materia fiscal, en donde la autoridad primero tiene como no localizado a los contribuyentes, les deja sin efectos los certificados de sello digital y los sube a las famosas listas y después averiguar si efectivamente se actualizan los supuestos, actuaciones que muchas veces son ilegales.

En ese tenor, el Servicio de Administración Tributaria a través de las Administraciones Desconcentradas de Auditoria Fiscal ha iniciado una intensa campaña desde hace tiempo de “calificar” los domicilios fiscales que manifiestan los contribuyentes ante el Registro Federal de Contribuyentes ello a través de visitas domiciliarias de verificación de domicilio y determinar si este reúne los requisitos del Artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.

En ese sentido, ante la más mínima inconsistencia, deficiencia o mala atención de la visita antes señalada, los visitadores que practican la misma, mutuo propio, determinan que los domicilios verificados no cuentan con la infraestructura o personal para desarrollar la actividad económica, procediendo en consecuencia la autoridad fiscal a dejar sin efectos los certificados de sello digital de los contribuyentes con fundamento en el artículo 17-H fracción X inciso d) y 79 fracción VI del Código Fiscal de la Federación, es decir, por señalar un domicilio que no reúnen los requisitos del artículo 10 del citado ordenamiento tributario o bien determinar que el aviso de cambio de domicilio que se haya prestado no surtió efectos.

Sin embargo, tal actuación es ilegal toda vez que como se demostrará más adelante, las Administraciones Desconcentradas de Auditoria Fiscal carecen de competencia material para determinar en una visita domiciliaria de verificación de domicilio si un domicilio fiscal que se haya manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes cuenta con infraestructura para desarrollar la actividad económica del contribuyente ya que los preceptos legales que regulan la facultad que ejercen no establecen esa posibilidad sino la de verificar el domicilio lo cual son cuestiones distintas.

Al respecto, las visitas domiciliarias para verificar el domicilio fiscal de los contribuyentes la ordenan las Administraciones Desconcentradas de Auditoria Fiscal a través de una orden de visita domiciliaria en el cual se indica el domicilio a verificar así como los visitadores designados para ello. En la diligencia se constituyen los visitadores en el lugar indicado procediendo a requerir diversa información y documentación relacionando entre otras con la contabilidad, la facturación y otra serie de documentos que son solicitados al compareciente, finalmente los visitadores proceden a levantar un acta respecto de la cual no dejan copia al contribuyente.

Ahora bien, los preceptos legales en que se sustentan las Administración Desconcentradas para realizar una visita de verificación de domicilio son los artículos 27, 41-B y 42 fracción V del Código Fiscal de la Federación los cuales en la parte que nos interesa disponen lo siguiente:

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