Jurídico, pero Ilegítimo. Breves reflexiones sobre legitimidad retórica

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Vivimos tiempos complejos que requieren actos valientes de reflexión concienzuda por parte de todos los miembros de la sociedad, cada día se acrecienta la necesidad de analizar la realidad institucional que nos rodea, especialmente si tomamos en cuenta que, lo queramos o no, las instituciones influyen directa e indirectamente en la vida de todos. Actualmente la potestad del estado para ejercer el poder a través de las instituciones es vista desde la perspectiva de lo jurídico, lo que significa que el debate se limita a la valoración de los lineamientos que exigen las leyes, excluyendo en consecuencia cualquier consideración material de legitimidad real en su actuar. A continuación, desplegaremos algunas ideas sobre un tópico que las elites gobernantes y la indiferencia ciudadana han guardado en el cajón de la retórica en un esfuerzo de olvidar algo sumamente importante para las sociedades democráticas; la legitimidad política como base de todo acto de autoridad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con justa razón es llamada ley de leyes, en ella se engloban los acuerdos para la ordenada convivencia de un grupo de seres humanos con personalidades únicas e individualidades valiosas en sí mismas, ese acto convencional entre seres humanos es la fuente de la potestad del estado para gobernar, a la concepción de aquello que justifica o da razón a la actividad gubernamental se le llama legitimidad, y esta solo se alcanza mediante vías democráticas. No obstante, hay ocasiones en que una vez instaurados los poderes públicos desechan sus bases y sustituyen toda forma de auténtica legitimidad reemplazándola por demagogia discursiva, y particularmente en México, el olvido en que se sitúa la legitimidad política como principio de donde emana la potestad de ejercer poder, es una clara contravención al pacto político y a los valores originarios sobre los cuales se fundó la nación inspirados en la idea contractualita de individuos organizados mediante bases democráticas, así las cosas, las vías de legitimación política solo existen como retórica en leyes olvidadas, la realidad dista mucho de lo que estatuye el acuerdo original, y hablando concretamente de lo jurídico hay mucho que decir al respecto.

El ser humano frente a los poderes públicos es el núcleo de todo este embrollo, hasta antes de 2011, en México una afirmación de tal naturaleza habría sido más un enunciado ético o dogmático que jurídico, pero afortunadamente a partir de las consabidas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, el gobierno mexicano, en todas sus formas y niveles, se vio obligado a observar un nuevo paradigma que convierte a la persona humana en el epicentro de la vida institucional, así el artículo 1º de la Constitución Política expresa en su párrafo primero que “… todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección …”, tales máximas constitucionales inspiran nuevas reflexiones sobre el estado y el poder, como vemos conforme a lo anterior, para el pacto político la persona humana es valiosa en sí misma y por tanto beneficiaria de un cúmulo de derechos que se desprenden de su sola existencia, esta idea encuentra poca resistencia en la actualidad y que se esté plasmada en la carta magna resulta suficiente para que hasta el más escéptico o servicial de los juristas reconozca que tales derechos no pueden someterse a concesiones arbitrarias, es tan simple como decir que la ley de donde emanan en primera instancia todas las instituciones del país reconoce que las personas valen, y valen mucho.

Ahora bien, tan magnánimo enunciado puede sonar muy bien pero, hay otros factores que deben destacarse para que no quede duda que tal declaración debería tener efecto en cada rincón de la vida institucional mexicana, y en efecto, el tercer párrafo del artículo en cita dice “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”, es aquí donde el pacto político establece un punto de inflexión a los poderes públicos frente a los seres humanos, nada debe hacer el estado en contra de los principios de la Constitución, y todo acto emanado del poder público debe ser acorde a tales principios.  El ser humano es el epicentro de la vida institucional, y el gobierno está obligado a actuar de tal manera que sea así.

En este punto debemos preguntarnos, ¿Cuáles son los principios constitucionales relacionados con la legitimidad del ejercicio del poder público?, al pensar en principios constitucionales y Derechos Humanos las posibilidades son ilimitadas, hay derechos que parecen olvidados y aparentemente carecen de vías de reclamo efectivas, por ejemplo, la legitimidad real para ejercer el poder público por parte del estado.

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CULTURA JURÍDICA


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