Amparo-legalidad. La antinomia necesaria

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El orden jurídico poseé diversos recursos normativos de control destinados a garantizar que los actos de autoridad respeten las leyes. Hablando concretamente de aquellos que subordinan las sentencias judiciales a un marco normativo especifico y preestablecido, tenemos que conforman un sistema de control de legalidad existente en todo estado de derecho para preocupar que el ejercicio del poder judicial se realice con respeto a la ley, dicho control de legalidad se manifiesta en el examen y comprobación de que las sentencias judiciales respetan las reglas procesales y los derechos sustantivos por los cuales las partes invocan el control de legalidad en un juicio.

Existe en México una particular figura procesal de control de legalidad en virtud de la cual el Poder Judicial de la Federación tiene facultades para confirmar, revocar, modificar o reponer procesos judiciales ventilados por órganos de Justicia de las Entidades Federativas, al que en lo subsecuente denominare según la acepción más común como “Amparo Legalidad”.

El amparo legalidad fue definido por el insigne jurista Ignacio Burgoa Orihuela como el medio jurídico de tutela de la constitucionalidad que entre otras funciones “…extiende su teleología en virtud de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos … no limitándose a resguardar los derechos fundamentales y el sistema de gobierno federal, sino que constituye un procedimiento unitario contra todo acto autoritario” (Orihuela, 2012) incluyendo por supuesto las sentencias y procesos judiciales locales. Así las cosas, so pretexto tutelar los derechos contenidos en los artículos 14º y 16º  constitucionales se dio alcance a los tribunales federales para erigir al juicio de amparo como un medio de control de legalidad centralizado y absoluto, legitimando a la Federación para revisar en tercera instancia que las sentencias emitidas por tribunales estatales se ajusten a sus respectivos marcos normativos. El epicentro de esta figura radica en el hecho de que la Constitución puede ser contrariada por sentencias judiciales locales, y si el amparo tiene como objeto esencial la preservación del orden constitucional, es lógico -dice Burgoa- que proceda contra cualesquiera de los referidos actos.

Si bien el Amparo Legalidad es parte importante del sistema jurídico mexicano, y en la actualidad está sumamente arraigada en la idiosincrasia del jurista mexicano, más aún tiene una carga social e ideológica intocable, no podemos dejar de evidenciarle como una forma inadecuada de control de legalidad de sentencias judiciales locales, fundamentalmente porque produce una colisión normativa con otros preceptos constitucionales como se explicará a continuación:

Una antinomia puede ser entendida, según palabras del propio Poder Judicial de la Federación, como la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto factico, y esto impide su aplicación simultánea. (CIRCUITO., 2010)

Ahora bien, el artículo 170, fracción I de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fundamento legal del Amparo Legalidad, es antinómico al orden constitucional, porque el control jurisdiccional que ejerce el Poder Judicial de la Federación, sobre las resoluciones dictadas por órganos de impartición de justicia en las entidades federativas en el sentido de interpretar el contenido de las normas jurídicas de los congresos locales, colisiona con el numeral 40º de la misma Constitución, produciendo en consecuencia, una “bella” antinomia.

Dicha colisión antinómica deriva de una inadecuada interpretación de normas de rango inferior a la Constitución, solo justificable por antecedentes históricos y consecuencias prácticas palpables para el ejercicio de la abogacía y la impartición de justicia, pues honestamente ¿quién no agradece que exista un resquicio de esperanza en los tribunales federales ante la falta de pericia de los tribunales locales?

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CONSTITUCIONAL




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