La reparación del daño en materia de violaciones a derechos humanos

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En el presente artículo analizaremos los alcances que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos, exponiendo algunos criterios que surgieron de la propia jurisprudencia y que pueden resultar de especial interés para postulantes y servidores públicos ya que, recordemos, en atención a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales signados por México son vinculantes para todas las autoridades del país.

Como dato cultural debes saber que en noviembre de 1969, se celebró en San José de Costa Rica, la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA. La Convención fue ratificada por México el 2 de marzo de 1981, de este modo, las sentencias emitidas por dicho órgano jurisdiccional de tutela de derechos humanos, son obligatorias para el estado mexicano. (CIDH, 2016)

Ahora bien, dicho lo anterior pongamos en contexto la obligación de reparar violaciones a derechos humanos como una medida sine qua non para la formación de un estado de derecho moderno. No perdamos de vista que cuando la persona es objeto de una violación a sus derechos fundamentales, es por añadidura afectada en su dignidad de ser humano. La reparación de las violaciones de derechos humanos debe enfocarse así desde la persona como un ser integral, las medidas que se dispongan deben ser capaces de hacer frente a la violación sufrida y deben adoptarse a aquellas necesarias para prevenir que la violación de derechos vuelva a repetirse.

Bajo dicha tónica es imperativo analizar los alcances que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tal obligación, en el sistema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no existe una norma general y expresa que fije las consecuencias de las violaciones a los derechos y libertades establecidos en su texto, pero encontramos el artículo 63.1 que al referirse a las facultades de la Corte, establece:

“… Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada… ((B-32), 1969)

El artículo en cita constituye la adopción por parte de la Convención de un principio de derecho internacional y, en general, del Derecho sobre la responsabilidad según el cual “quien daña a otro debe ser obligado a reparar perjuicios causados”.

A juicio de la Corte, el artículo 63.1 de la Convención es uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes  (Caso Aloeboetoe y otros Vs. Suriname., 1993), al respecto la Corte también estatuyó:

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CONSTITUCIONAL


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