La Racionalización del Derecho no es la exaltación del Juzgador

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La “intermediación” es un valor metajurídico1  que suplantó al de “representación” en nuestra realidad constitucional. La idea original del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al estatuir que “…Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa2 …”, era que el ejercicio del poder público en todas sus formas tuviese individuos reconocibles que representaran las aspiraciones de la colectividad para llevar a cabo las distintas tareas que por su propia naturaleza demandaba la administración pública, respetando a su vez ciertas pautas de acción, por ejemplo que sus acciones y omisiones se encaminaran al bienestar colectivo, en ese orden de ideas, representar puede tener muchas connotaciones a nivel lingüístico, pero jurídicamente representar es actuar en nombre de otro, intermediar por el contrario, se asemeja más a la “suplantación” porque se limita a colocar a un servidor público entre dos realidades; la ley y el ciudadano, confiriéndole libertad para actuar a nombre propio sin consultar al otorgante de dicha representación o peor aún, en contra de intereses colectivos.

El tipo de enunciados categóricos según los cuales el poder de las instituciones se fundamenta en el pueblo, pero la voluntad de este último se expresa a través de intermediarios que son ajenos a las ideas, sentimientos y aspiraciones de los ciudadanos, es una de las muchas joyitas que nos encontraremos en el derecho y son herramientas efectivas para institucionalizar diversas formas de imposición.

Representar e intermediar son conceptos disímbolos, pero en la realidad actual se han superpuesto al grado de parecer equivalentes porque los servidores públicos ya no son representantes de las legítimas aspiraciones de la voluntad ciudadana, sino intermediarios individualistas. Dicha forma de intermediación entre la ley y sus receptores estimula un ambiente idóneo para que los servidores públicos actúen en nombre propio argumentando que lo hacen por el “Estado”, ¿y cómo refutarlos si dicen servir a una máscara abstracta de intereses, deseos o necesidades irreconocibles?, incluso ante la pregunta expresa: ¿Cuáles son los intereses del Estado?, obtendríamos diversas repuestas y probablemente todas ellas servirían para justificar a la administración pública.

¿Porque debe preocupar al corporativismo? Toda persona jurídica vive en continua relación con la vida institucional del país, y en lo que aquí interesa con impartidores de justicia. El papel de la intermediación como valor metajurídico en la relación de leyes y las empresas como destinatarias de estas termina siendo lacerante para el estado de derecho, la seguridad jurídica y por consecuencia para las inversiones, que un juez tenga embestidura y yazca sentado en la última instancia de un proceso judicial no implica que el derecho quede agotado en las computadoras de sus secretarias, si bien el juzgador debe tener libertad creadora y de razón para que sus pronunciamientos sean una fuente flexible del derecho también él debe matizar los alcances de esa cualidad para no convertir una herramienta que nació con el fin de humanizar el derecho en una herramienta de arbitrariedad.

Cada día es más frecuente escuchar foros académicos donde investigadores y  postulantes de derecho denuncian arbitrariedades en la forma en que nuestros juzgadores interpretan y declaran el derecho, poco se habla al respecto pero en el siglo XXI uno de los problemas más grandes del escuálido estado de derecho mexicano son aquellas arbitrariedades comeditas en una sentencia, ya no tanto por el desarrollo de las etapas del proceso, sino por la forma en que el juzgador moldea o mutila el derecho en sus sentencias por fines aparentemente proteccionistas al Estado y su Gobierno, las leyes procesales no son por si solas fuente pura de legitimidad de una sentencia, pensar lo contrario sería afirmar que toda sentencia que respeto el debido proceso es legal, y no siempre es así, esto parece una obviedad y lamentablemente tenemos que decirlo por enésima vez, pareciera que el formalismo fuese una especie de medicina universal que legitima las ideas y acciones del juzgador, pero hoy día no alcanza a saciar los reclamos de justicia del sector empresarial.

¿Qué pasa con la seguridad jurídica de los empresarios y sus inversiones? En principio un inversionista que se jacte de serlo podría enfrentar las embestidas de cualquier marco jurídico, incluso el más árido y retrograda, siempre que las reglas del juego sean lo suficientemente claras para planificar y trabajar con ellas, pero ¿quién puede jugar un juego donde ya no es que las reglas sean buenas o malas, sino que directamente cambian a capricho?, no es el tema del presente artículo aunar en ello pero a manera de paréntesis hay que decir con todas sus letras que un poder judicial decadente es veneno puro para el crecimiento económico de un país, los medios de comunicación suelen desbocar su atención a los poderes ejecutivo y legislativo, pero poco se habla de cómo las arbitrariedades o ignorancia, si se les quiere tomar por inocentes, de los juzgadores dan al traste con la economía, pobre de aquel plan de negocios sometido al estado de ánimo de un juzgador parcial.

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CULTURA JURÍDICA


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