Tesis y jurisprudencias relevantes del 21 de abril de 2017


Este viernes 21 de abril de 2017, se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación, un total de 47 tesis; integradas por 9 jurisprudenciales y 38 aisladas, las cuales he analizado y a continuación les presento la selección de las más relevantes.

Registro 2014112   
Jurisprudencia (Común)
PERSONAS MORALES OFICIALES. ESTÁN LEGITIMADAS PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CUANDO PUGNEN POR SU DERECHO A SER JUZGADAS POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE, AUN CUANDO ESA PRETENSIÓN SURJA EN UN JUICIO EN EL QUE SE DEBATA LA NULIDAD O VALIDEZ DE UN ACTO QUE SE LES ATRIBUYE.
El juicio de amparo indirecto procede contra la resolución de un órgano jurisdiccional que dirima una cuestión competencial, incluso cuando lo promueva una persona moral oficial en un juicio en el que se debate la nulidad o validez de un acto autoritario que se le atribuye, porque no pugna por la subsistencia de éste, sino porque se respete su derecho a ser juzgada por una autoridad competente, ya que se encuentra sometida a la potestad de un tribunal y posee la titularidad del derecho al debido proceso, al menos por lo que se refiere a su núcleo duro, que son las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la anteriormente denominada "garantía de audiencia"; es decir, la autoridad está ubicada en un plano de supraordinación a subordinación con el órgano jurisdiccional. Estimar que por haber actuado con poder de imperio no es siquiera titular de ese derecho fundamental, equivaldría a afirmar, por ejemplo, que no sería necesario que mediara un procedimiento jurisdiccional para anular sus actos autoritarios, o bien, que no se requiere llamarla a juicio para defender su validez, ni que pueda ofrecer pruebas y alegar. Cuestión distinta sería si se promoviera el juicio de amparo contra la resolución definitiva que se pronuncie sobre la nulidad del acto controvertido, pues en ese evento se promovería una acción tutelar de derechos fundamentales con el fin de que subsista un acto de autoridad, en un plano de verticalidad o supra a subordinación, caso en el que no se surtirían los supuestos del artículo 7o. de la Ley de Amparo; pero si se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra una resolución que dirime una cuestión competencial, el juicio procede y no cobran vigencia las condicionantes que impone dicha disposición -que afecte el patrimonio y provenga de un plano de igualdad- aun cuando en el juicio de origen esté sujeta a debate su actuación como autoridad, stricto sensu.

Registro 2014113    
Jurisprudencia (Administrativa)
SANCIONES IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR POR OPOSICIÓN A SUS FACULTADES DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN. REGLAS PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN.
De acuerdo con los artículos 13 y 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la procuraduría federal especializada en esa materia, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones del propio ordenamiento, tiene la facultad de vigilar y verificar, a través de visitas, monitoreos o por cualquier otro medio, los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquellos en tránsito, por lo que los proveedores, sus representantes o empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría Federal del Consumidor, el acceso al lugar o lugares objeto de verificación, de manera que si existe oposición particular a ello, se incurre en una conducta infractora cuya consecuencia jurídica trae aparejada la imposición de una sanción. Empero, ésta, como todo acto de autoridad, debe fundarse y motivarse con suficiencia, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en términos de los artículos 127 y 132 de la ley citada, es necesario tomar en cuenta, al momento de individualizarla, el perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general; el carácter intencional de la infracción; si se trata de reincidencia; y, la condición económica del infractor, a fin de obtener un parámetro de gravedad. De ahí que para obtener el grado de gravedad de la conducta, deben balancearse, por un lado, las condiciones objetivas del evento y, por otro, las subjetivas del infractor, para determinar si aquél es mínimo, medio, máximo o intermedio entre estos parámetros, a fin de que existan correspondencia y proporcionalidad entre la calificación de la conducta y la sanción a imponer, según cada caso en particular.

Registro 2014136       
Tesis Aislada (Común)
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO INTERPUESTO EL DIVERSO RECURSO DE REVISIÓN.
El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. Esta última hipótesis se actualiza cuando el Juez hace efectivo el apercibimiento decretado con anterioridad y tiene por no interpuesto el diverso recurso de revisión intentado contra la sentencia emitida en el juicio constitucional, en razón de que dicha determinación no es susceptible de repararse posteriormente pues, estimar lo contrario, causaría un daño o perjuicio de imposible reparación que hace procedente el recurso de queja de que se trata, pues con tal pronunciamiento el fallo de primer grado conducirá a su ejecutoriedad, adquiriendo el carácter de cosa juzgada.

Registro 2014132      
Tesis Aislada (Administrativa)
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE MERCANCÍAS MEDIANTE CUESTIONARIOS ESCRITOS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, PUNTO 1, INCISO A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. LA AUTORIDAD ADUANERA ESTÁ FACULTADA PARA REQUERIR AL EXPORTADOR O PRODUCTOR LOS REGISTROS CONTABLES QUE ACREDITEN AQUEL ASPECTO.
Las facultades otorgadas a la autoridad aduanera para requerir información para verificar el origen de los bienes importados al territorio nacional dentro del procedimiento previsto en el artículo 506, punto 1, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no sólo pueden realizarse a través de visitas físicas, sino que en términos del inciso a) de esa porción normativa, pueden efectuarse mediante cuestionarios escritos que llevan inmersa la facultad de revisar la documentación de la que se advierta el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de origen de las mercancías y, por tanto, la de requerir los registros contables relativos, para evitar la visita física a las instalaciones de un exportador o de un productor en territorio de la otra parte, con el propósito de examinar los registros e inspeccionar sus instalaciones, máxime que si se demuestra que el certificado de origen no es válido, la autoridad hacendaria nacional puede negar los beneficios del tratado.

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JURISPRUDENCIAS


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