La composición del acto jurídico administrativo en las relaciones contractuales del Gobierno.

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Para los medios de difusión jurídica ningún tema puede soslayarse o tacharse de irrelevante si es que pretende ser inclusivo con un público plural, dar cuenta de ello permite un acercamiento con aquellos sectores que se inician en el derecho del mismo modo que sirve para reforzar las bases y dar pie al intercambio de ideas ante un foro especializado, es por ello que en líneas subsecuentes daremos un vistazo al acto administrativo  visto desde la perspectiva de la paridad, cuando el estado no es soberano sino parte en un contrato.

El Estado  individualizado por medio de sus distintos órganos centralizados o paraestatales es participe de diversas formas convencionales, si bien se le asocia comúnmente con la idea de autoridad o poder, de modo tal que cuando las instituciones son parte de un acto jurídico se piensa únicamente en “declaración unilateral de la voluntad” como fuente de deberes jurídicos y obligaciones derivadas de una relación vertical donde la autoridad manda y la contraparte, los gobernados1, obedecen, confundiendo así los actos de autoridad con actos administrativos, ello resulta inadecuado tomando en consideración que el Estado2 no es únicamente una entidad política, también es “persona” en derecho. Estos matices tienen consecuencias jurídicas relevantes que no se pueden ignorar porque percuten en el campo de la ciencia del derecho, la práctica forense y la vida pública del país.  La relación Estado-Particular no es siempre de subordinación, hay ocasiones en que la relación es de paridad, o al menos debería serlo3, dando pie a una relación horizontal relativa.

En efecto, no todo acto jurídico administrativo es un acto de autoridad, los segundos son por lógica declaraciones unilaterales de voluntad, en cambio el acto administrativo tiene variantes, no es extraño que el vocablo del administrativista inicie y se agote en “acto de autoridad”, “fundamentación” y “motivación”, porque el derecho administrativo posee la particularidad de ser muy rico en contenido pero limitado por su propio marco conceptual.

El presente análisis tiene su núcleo en las ideas del jurista mexicano Ernesto Gutiérrez y González, quien era, y sigue siendo tras su fallecimiento, reconocido por sus investigaciones en el campo del derecho civil pero irónicamente fue el jurista que propuso una estructura esquematizada para el acto administrativo que delinea y pone a la vista todos sus elementos, siendo capaz además de explicar y adecuarse a los distintos comportamientos del Estado como persona en sus relaciones de derecho, todo esto a través de su teoría del caleidoscopio con la que definió al  ACTO JURIDICO ADMINISTRATIVO como “…A.- Una declaración unilateral de voluntad solemne del estado, dirigida a los gobernados; o B.- Una declaración unilateral de voluntad no solamente del estado a sus servidores, o finalmente C.- Un acuerdo no solemne por regla general, de dos o más voluntades, una de las cuales es del estado, exteriorizada la de este, a través del funcionario público competente, para producir efectos de derecho, ya sean estos de simple convención (convenio) o sean impositivos o de autoridad (tratados), según sea el caso…” (Gutiérrez, 2008), la teoría que antecede a esta definición expone que todo acto jurídico se compone de los mismos elementos pero que estos encuentran diferencias en la ubicación de los distintos elementos que lo componen según el caso, incluidos desde luego a los actos administrativos; es posible que la definición de acto administrativo expuesta no parezca muy esclarecedora o reveladora al momento de hablar de las relaciones contractuales del Estado, pero cuando nos servimos de herramientas pedagógicas para bosquejar sus ideas puede ser muy útil en la práctica.

Dice el autor que hay cuatro tipos de acto administrativo, uno unilateral que es solemne, dos más, de los cuales uno es unilateral y otro bilateral, que no son solemnes por regla general, y el cuarto que es bilateral solemne (Gutiérrez, 2008, pág. 144), en esta ocasión nos enfocaremos en los de categoría bilateral como cimiento para hablar acerca de la paridad relativa del Estado en relaciones contractuales, pero si tienes interés en conocer  la teoría del caleidoscopio a fondo no dejes de consultar la obra del autor.

En este punto reitero la advertencia preliminar y ofrezco un disculpa a todo lector para el que lo que voy a decir a continuación resulte una obviedad; el estado es una ficción, además de entidad política es persona en derecho, como persona moral o jurídica, según la terminología que te resulte más apropiada, tiene atributos de la personalidad, no los mismos que una persona física, pero si algunos, probablemente el más destacable para fines prácticos sea su patrimonio, el Estado como persona jurídica puede contraer obligaciones y también ser acreedor, ello supone la existencia de situaciones donde el estado tiene en su favor el derecho de exigir de otra denominada deudor una prestación, y dicha relación no se asemeja en nada a aquellas situaciones de derecho en donde el Estado tiene poder coactivo sobre otra persona en virtud de una declaración unilateral de la voluntad como ocurre en la imposición de créditos fiscales, por mencionar un ejemplo.

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CULTURA JURÍDICA


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