El derecho fundamental a la seguridad jurídica bajo la óptica legislativa

15/05/2017 | CARLOS GÓMEZ LUNA
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El presente artículo tiene por objeto estudiar el alcance del Principio Constitucional de Seguridad Jurídica tutelado por la Carta Magna, denotando principalmente las obligaciones que éste le impone al legislador al momento de crear las leyes, a la luz de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En primer término conviene precisar, que el Máximo Tribunal de éste país ha determinado el alcance del Derecho Fundamental de Seguridad Jurídica en el ámbito concreto de la configuración jurídica de los procedimientos fiscales, señalando que constriñe al legislador a regular de forma obligatoria ciertos elementos mínimos que permitan la consecución de dos objetivos primordiales: 1) la posibilidad de que el gobernado sujeto a dicho procedimiento pueda hacer valer sus derechos mínimos y 2) y que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

Por tanto, un procedimiento será constitucional desde la perspectiva del Derecho Fundamental de Seguridad Jurídica si su regulación logra establecer un mecanismo por el cual, por un lado, el particular pueda hacer valer sus derechos (debido proceso), otorgándole la vía necesaria para ello y, por el otro, se impida que la autoridad actúe de manera arbitraria, estableciendo y limitando un marco de las facultades y obligaciones que le corresponden a la Autoridad.

Esta interpretación del Art. 16 - CPEUM de la Constitución Federal, ha sido individualizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en los que se ha analizado la regularidad constitucional de los plazos de los procedimientos susceptible de culminar con la privación de derechos de los particulares, de la siguiente manera.

Si el Derecho Humano a la Seguridad Jurídica establece una prohibición a la autoridad de actuar con arbitrariedad, con base en lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte ha considerado que las etapas y plazos que dividen y ordenan un procedimiento deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellas, pues de no ser así las facultades de verificación y determinación de las autoridades hacendarías (por ejemplo) se tornarían arbitrarias, en contravención a la garantía de seguridad jurídica.

Lo anterior implica que los plazos en los procedimientos de fiscalización deben cumplir con la función de delimitar la extensión temporal de la actuación de la autoridad (procedimientos), en los que se despliegan y ejercen facultades las autoridades del Estado, sobre la base de un criterio informador que debe desarrollar e individualizar el legislador: por lo que se insiste, los plazos deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellas.

Es claro que si los plazos de los procedimientos son establecidos por el legislador en función de un tiempo prudente que tenga como referente la extensión necesaria y suficiente para la consecución de los objetivos que se pretendan satisfacer con dichos procedimientos, se logra impedir que la autoridad actúe con arbitrariedad, pues no podrá determinar la extensión temporal de su actuación con base en cualquier criterio que le indique el límite temporal que más le convenga, sino que DEBERÁ RESPETAR EL LÍMITE TEMPORAL QUE LE ESTABLECIÓ EL LEGISLADOR, siendo éste el que consideró suficiente para la consecución del objetivo legal subyacente.

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