La misma piedra en el camino: Inmovilización de cuentas bancarias

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La facultad de inmovilizar cuentas bancarias de los contribuyentes resulta ser una herramienta útil y eficaz para la autoridad hacendaria, sin embargo, la misma es utilizada de forma indiscriminada y por supuesto también ilegal por lo cual en el presente artículo se tratarán cuestiones de legalidad en el ejercicio de la facultad prevista por el Art. 156-BIS - CFF, fracción II del Código Fiscal de la Federación, que es una modalidad para la inmovilización de cuentas bancarias y cuya constitucionalidad no será puesta en tela de juicio “por el momento” debido que a mi consideración dicho artículo contempla las formalidades suficientes para garantizar los derechos de los contribuyentes1, cuya orden y ejecución debe realizarse a la luz del principio pro hominem y el derecho al mínimo vital, los cuales (formalidades y principios) en la mayoría de las ocasiones son atropellados por las autoridades fiscalizadoras.

Ahora bien, no resulta necesario precisar los perjuicios que acarrea para el contribuyente la inmovilización de sus cuentas bancarias pues al igual que la cancelación de un certificado de sello digital, dichas medidas son equiparables a la pena capital en el ámbito comercial, ya que, imposibilitan de distinta forma pero con la misma trascendencia el desarrollo de una actividad económica, la cual solo puede ser realizada con un flujo de efectivo y dentro del comercio formal, ya que, actualmente pocos son los que se atreverían a hacer negocios con personas que no tienen liquidez y que no expidan comprobantes fiscales, por lo cual resulta necesario que además de la implementación de un blindaje al patrimonio de los contribuyentes, en la misma medida que las autoridades fiscales cuenten con argumentos contundentes para reclamar la nulidad de estos actos ilegales y puedan disponer de sus recursos de la forma más inmediata en que fuese posible.

Ahora bien, el común denominador de las órdenes de inmovilización de cuentas bancarias nos señala que estas son fundamentadas y motivadas como a continuación se señala:

  1. Fundamento: Art. 156-BIS - CFF y Art. 156-Ter - CFF del Código Fiscal de la Federación.
  2. Motivación: Por haber transcurrido 30 días después de haberse notificado el crédito fiscal sin que se haya garantizado el interés fiscal.

De lo anterior podemos mencionar que la fundamentación resulta ser insuficiente pues como más adelante se verá dicho precepto contiene dos fracciones (que establecen los supuestos de procedencia) y las autoridades comúnmente no citan ni una de ellas. Por lo que respecta a la motivación, tenemos que la conducta descrita por la autoridad no encuentra en ninguna de las hipótesis previstas por los artículos 156-BIS y 156-TER del Código de marras, específicamente el primero de ellos.

Lo cual nos lleva a concluir que la mayoría de estos actos adolecen de una indebida fundamentación y motivación por haberse apreciado de forma incorrecta los hechos que la sustentaron lo cual amerita una nulidad lisa y llana.

En esa guisa, para adentrarnos al presente tema de estudio debemos considerar nuevamente que el artículo en estudio es el 156-BIS del Código Fiscal de la Federación, cuya fracción II y su contenido es la que nos interesa (que es el precepto toral empleado por la autoridad para fundamentar sus órdenes de inmovilización bancarias), por lo cual se traen a colación:

Art. 156-BIS - CFF.- La autoridad fiscal procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, a excepción de los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones efectuadas conforme a la Ley de la materia, de acuerdo con lo siguiente:

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