Derechos humanos en materia familiar

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La familia es sin duda la institución en donde surgen con mayor frecuencia valores de solidaridad, ayuda mutua, atención y respeto, los cuales forman la conducta de cada uno de sus integrantes y que inminentemente impacta en la sociedad. A todo esto, el Estado está obligado a procurar un bienestar social por lo que debe garantizar el pleno desarrollo de cada uno de los individuos que integran la familia.

En el caso de niñas, niños y adolescentes debe precisarse que si bien es cierto cuentan con madurez física y mental, ésta no se equipara a la de un adulto, razón por la cual necesitan de protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, por ello el Estado mexicano ha tenido la necesidad de legislar ciertos derechos a su favor, así como de imponer deberes y obligaciones a quienes son legalmente responsables de ellos.

Es así que a la fecha existen tres generaciones de derechos de la infancia plasmados en el artículo 4° de la Constitución Federal;

  • Primera generación.- Nace el 18 de marzo de 1980 cuando el legislador establece el deber de los padres y el derecho del menor a las satisfacción de su necesidad a la salud física y mental;
     
  • Segunda generación.-  Surge el 7 de abril de 2000, en ella se establece que las niñas y niños ya no tienen derecho solo a la satisfacción de la salud, sino también de alimentos, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, ampliando a su vez los sujetos que deben garantizar el cumplimiento de dichos derechos tales como ascendientes, tutores y custodios.

    También se establece la obligación del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, por lo que en atención a la reforma anterior, el 29 de mayo de 2000, el Estado Mexicano emitió a nivel federal la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes.
     
  • Tercera generación.- Surge con posterioridad a la reforma en materia de derechos humanos que México realizó, pues el 12 de octubre de 2011 se publica nuevamente en el artículo 4° de la Constitución Federal, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, principio que es tomado del artículo 3 párrafo 1 de la Convención sobre los derechos del niño que México suscribió en la Ciudad de Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.


A partir de este principio en concomitante con la obligación de las autoridades del país de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas, se ha fortalecido los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues en diciembre de 2014 se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la cual contiene una serie de principios y derechos en favor de la infancia y adolescencia que buscan eliminar el pensamiento de que aquellos son simples objetos de protección sin voz ni voto y por el contrario busca posicionarlos como sujetos de derecho.   

Como un primer paso, dicha Ley General determinó que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, referencia que resulta importante conocer para la valoración de las habilidades cognoscitivas, emocionales y morales con que cuenta cada uno de ellos cuando participan en un procedimiento judicial familiar de guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, patria potestad y alimentos, o en un procedimiento de investigación penal.

En el mismo tenor dicha Ley General en su artículo 13 determinó de manera enunciativa más no limitativa un catálogo de derechos a favor de las niñas, niños y adolescentes, esto con base en los cuatro principios fundamentales instituidos en la Convención sobre los derechos del niño, que buscan garantizar su sano desarrollo y los cuales consisten en el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; la no discriminación y la participación.

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CULTURA JURÍDICA


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