Inconstitucionalidad del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo

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El Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo (JREF), el nuevo medio de defensa legal que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se encuentra viciado de inconstitucionalidad. Lo anterior, porque las disposiciones que regulan dicho juicio, contenidas en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), mismas que fueron incorporadas a dicha ley por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF),  el 28 de enero de 2017, vulneran los derechos subjetivos del contribuyente contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al propiciar una impartición de justicia incompleta y un trato desigual a gobernados que se encuentran en una misma situación jurídica.

En primer lugar, es importante señalar las principales características del JREF:

a) Sólo se pueden hacer valer conceptos de impugnación que tengan que resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia que se plantea.  Por lo que los conceptos sobre forma quedan excluido del estudio y resolución del TFJA. 
 
b) Sólo procede respecto a resoluciones derivadas del ejercicio de las facultades de revisión de gabinete, visita domiciliaria y  revisión electrónica. 
 
c) A través de este juicio el contribuyente tiene la posibilidad de obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado, sin necesidad de garantizar el interés fiscal. 
 
d) Sólo procede si la resolución determina crédito fiscal por cuantía superior a 200 veces la unidad de medida y actualización, elevada al año, vigente al momento de la emisión de la resolución, esto es, $ 5,507,760.00 (UMA 2017 anual).
 
e) Es un juicio regido por los principios de oralidad y celeridad.

 

Ahora, retomando la crítica inicial, cabe recordar que la CPEUM constituye la máxima ley de México y en cada uno de sus numerales es posible apreciar los más altos preceptos jurídicos nacionales. En ese sentido, recoge los derechos fundamentales de todos los mexicanos, estableciendo el mínimo de consideración legal que todo individuo debe poseer en nuestro país. Estos derechos pueden ser modificados siempre y cuando dicha alteración signifique una ampliación del derecho. En cambio, la modificación que los disminuya será inconstitucional.

De igual forma, los derechos de los contribuyentes no pueden ser rebajados. Y en caso de que la autoridad, excediendo sus facultades, pretenda disminuir tales derechos, se debe recurrir a los diversos medios de defensas para hacer valer la plenitud de los derechos constitucionales. Ejemplo de tales medios de defensa son el Juicio Contencioso Administrativo y el Juicio de Amparo. Precisamente, el derecho de acudir a solicitar la impartición de justicia se encuentra consagrado en el artículo 17 constitucional, que al texto señala:

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