Estrategias agresivas de fiscalización para empresas de Outsourcing y su impacto fiscal.

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El régimen de subcontratación laboral, comúnmente denominado outsourcing ha representado una evolución de las relaciones de trabajo tradicionalmente conocidas, con lo cual se ha logrado una mayor eficiencia en virtud que las empresas pueden enfocarse al desarrollo del aspecto técnico propio de su rama o industria en el que se encuentren y delegar en empresas especializadas la carga administrativa y legal que conlleva el manejo de su plantilla laboral, lo anterior desde luego se traduce en beneficios tangibles para las empresas que se tornan más competitivas al dedicarse específicamente al aspecto técnico de su actividad.

Lo anterior ha generado la necesidad de regular esta forma de contratación y el reconocimiento de tal figura jurídica, por lo que actualmente el régimen de subcontratación laboral se encuentra plenamente regulado tanto en la Ley Federal del Trabajo, así como en la Ley del Seguro Social en sus respectivos artículos 15-A, así también se ha introducido finalmente en la normatividad fiscal en donde a partir del presente año se contempla en los artículos 27, de la ley del Impuesto Sobre la Renta, 5, y 32 de la Ley del Impuesto al Valor agregado, donde se prevén cuáles son los requisitos que debe de cumplir quien presta el servicio, así como quien los recibe para efectos de que el gasto sea deducible y/o acreditable.

Como dato importante y para los efectos prácticos del tema que aquí se comenta es conveniente precisar que de manera paralela a la regulación del régimen de subcontratación laboral también se ha dotado a la autoridad fiscal con facultades vigentes a partir del 1º de enero de 2014 para que a través del procedimiento previsto por el artículo 69-B para determinar operaciones inexistentes o simuladas, siendo que respecto de dicho numeral, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que no viola el principio de no retroactividad en virtud de ser una norma de procedimiento y que por lo tanto habrá de entenderse que la autoridad se encuentra facultada para implementar dicho procedimiento legal con independencia del ejercicio fiscal al que corresponda, aun anterior a la fecha de entrada en vigor de dicho precepto legal, desde luego sujetándose a la reglas generales de la caducidad.

Ahora bien, como ya se dijo, actualmente existe un marco jurídico perfectamente delimitado y por lo tanto la contratación de servicios de suministro de personas es completamente legal, sin embargo, por parte de la autoridad fiscal sigue existiendo una absoluta resistencia para aceptar dicha figura jurídica incluso llegando al extremo de satanizarla a pesar que tales esquemas forman parte de los servicios que la propia autoridad fiscal contrata y solo basta con visitar cualquier administración ya sea general o desconcentrada para percatarse que tanto los servicios de limpieza como de vigilancia son servicios subcontratados y que por ende encuadran en dichos esquemas que califica como agresivos de sustitución laboral, entender lo contrario sería tanto como aceptar que el personal de limpieza o de seguridad que presta sus servicios al interior de tal dependencia se encuentra vinculada a una relación de subordinación con cual desde luego es incorrecto.

En esa línea de ideas, el régimen de subcontratación laboral constituye una figura jurídica completamente legal y perfectamente regulada por la legislación laboral y fiscal, por lo que la autoridad fiscal no puede argumentar que los contribuyentes hacen uso de “vacíos legales” como de manera regular lo señala la autoridad, y que no obstante su regulación, el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado sendas estrategias de fiscalización con la finalidad de perseguir a los contribuyentes que prestan y utilizan tales servicios y darles la calificación de “esquemas abusivos de sustitución laboral”, para finalmente determinar la inexistencia y simulación de las operaciones provenientes de servicios de suministro de servicios de personal denominado comúnmente outsourcing, situación que trae como consecuencia no solo el rechazo de la deducción y del acreditamiento, sino además de manera arbitraria y excediéndose de sus facultades la autoridad fiscal determina la relación laboral directa existente entre el personal que es suministrado por la prestadora del servicio y el beneficiario del mismo, anulando cualquier efecto fiscal.

En efecto, es verdad sabida que hay determinadas actividades o sociedades que son satanizadas por parte de la autoridad fiscal y como ejemplo podemos poner el caso de las sociedades cooperativas o de los sindicatos, en donde la autoridad fiscal abiertamente emite reglas de actuación o fija su postura a través de los criterios no vinculativos, sin embargo también existen casos en donde su posicionamiento no se limita a la emisión de criterios no vinculativos como lo es el caso concreto del régimen de subcontratación laboral, en donde además diseña estrategias de fiscalización ad hoc, en cuyo caso el servicio de Administración Tributaria ha desarrollado estrategias especiales tendientes a fiscalizar las operaciones de subcontratación laboral la cual tiene como finalidad rechazar o en su caso anular los efectos fiscales de las operaciones de subcontratación laboral.

Por lo anterior cuando en un procedimiento de fiscalización la autoridad observe la utilización de los servicios de subcontratación laboral existiendo o no contrato, y aun que no se señale expresamente con esa denominación la autoridad fiscal procederá a profundizar en la auditoría conforme a lo siguiente:

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