Ilegales todos los actos sustentados en la Regla 1.4. de la RMF 2017 (Operaciones Inexistenes)

16/10/2017 | CARLOS GÓMEZ LUNA
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Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas.

Aristóteles

En primer término debemos señalar que la reserva de ley, funge como garante de la seguridad jurídica, la propiedad, la libertad de los particulares, la igualdad ante la ley y el juicio de razonabilidad en las leyes.

En ese contexto, el presente artículo se circunscribe en dilucidar si el contenido de la Regla 1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de 2017, trasgrede los principios de reserva de ley, subordinación jerárquica y seguridad jurídica en relación con el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, para ilustrar el planteamiento aquí formulado, es imperante tener presente que las Resoluciones Misceláneas Fiscales, ESTÁN SUJETAS a dichos principios, ya que al tratarse de normas de carácter general y obligatorias para los particulares y no solamente criterios de interpretación, deben de ajustarse a los principios que garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los particulares como lo es el de primacía de ley, tema que ha quedado por demás agotado por el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al haber emitido la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente:
 
VII-J-SS-60
 
PRINCIPIOS DE RESERVA Y PRIMACÍA DE LA LEY. LAS REGLAS DE LAS RESOLUCIONES MISCELÁNEAS FISCALES ESTÁN SUJETAS A ÉSTOS.- Las resoluciones administrativas de carácter general que expidan las autoridades en ejercicio de sus facultades, están sujetas a los principios de reserva y primacía de ley, en la medida en que reflejan la voluntad de la administración pública en ejercicio de sus potestades, con efectos generales. El principio de reserva de la ley determina que las Resoluciones Misceláneas Fiscales no puede regular materias que deben ser normadas en las leyes; mientras que el principio de primacía de la ley, consiste en que la miscelánea fiscal debe estar precedida por un ordenamiento legal en el que encuentra su justificación y medida, toda vez que su función se limita a detallar y precisar la regulación correspondiente, y no a corregir disposiciones y procedimientos legales.
 
En esa virtud, ha quedado establecido que las Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal deben respetar el principio de primacía de Ley, por lo que ahora, es prudente conocer el contenido de la Regla que estos autores sostienen que vulnera dicho principio, regla que dispone lo siguiente:
 
1.4. Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción. 
 
Para los efectos del artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, respecto de la notificación por buzón tributario, cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes, notificarán un oficio individual mediante el cual se informará a cada contribuyente que se encuentre en dicha situación.
 
Asimismo, la autoridad fiscal emitirá los oficios que contengan la relación de los contribuyentes que presuntamente se ubicaron en los supuestos previstos en el artículo 69-B, primer párrafo del CFF, a fin de que sean notificados a través del Portal del SAT y en el DOF, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del citado artículo.
 
Los contribuyentes podrán manifestar a través del buzón tributario dentro de los quince días contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere el artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, lo que a su derecho convenga y aporten la documentación e información que consideren pertinente para desvirtuar los hechos notificados, observando lo que para tal efecto dispone la ficha de trámite 156/CFF “Informe y documentación que deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúe la presunción del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, contenida en el Anexo 1-A.
 
Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de diez días al plazo previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del CFF, para aportar la información y documentación a que se refiere el citado párrafo, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro del plazo que dicho precepto legal establece.
 
Independientemente de la prórroga señalada en el párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá efectuar el requerimiento previsto en el artículo 70 del Reglamento del CFF, por lo cual, la información y documentación aportada será valorada por la autoridad fiscal dentro del plazo de cinco días contados a partir de que ésta se haya aportado, o bien de que se haya atendido el requerimiento.
 
Una vez realizado lo anterior, LA AUTORIDAD EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 69-B, TERCER PÁRRAFO DEL CFF, MISMA QUE SE DEBERÁ NOTIFICAR DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE SE HAYA APORTADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN O BIEN SE HAYA ATENDIDO EL REQUERIMIENTO. Transcurridos treinta días posteriores a dicha notificación, la autoridad publicará un listado en el DOF y en el Portal del SAT, de los contribuyentes que desvirtuaron la presunción de operaciones inexistentes o simuladas a que se refiere el primer párrafo del citado artículo.
De la regla transcrita tenemos que disponer, que para que una autoridad pueda resolver una aclaración presentada con motivo de la presunción inicial de la inexistencia de las operaciones de determinado contribuyente es de 30 días contados a partir de la conclusión del plazo de 15 días con los que contaba el contribuyente para ofrecer sus pruebas y alegatos, tal y como se grafica a continuación:

Por lo tanto, del esquema antes plasmado, se advierte claramente que el Servicio de Administración Tributaria pretende establecer una temporalidad distinta a la establecida en el  Art. 69-B - CFF del Código Fiscal de la Federación para resolver la aclaración presentada por un contribúyete con la cual pretenda desvirtuar la supuesta simulación de operaciones o inexistencia de las mismas, en que la autoridad la ha ubicado.
 
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que reglas generales como el Art. 1.4. - RMF2017, tienen como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, respectivamente, con el fin de lograr su eficaz aplicación, razón por la que están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, DEBIENDO CEÑIRSE A LO PREVISTO EN EL ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO que habilita su emisión. 
 
Sin embargo, a juicio de estos autores el Jefe del Servicio de Administración Tributaria se excedió de lo dispuesto en la regla 1.4., es decir, excedió los límites y plazos establecidos en el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que para poder realizar la contraposición correspondiente es menester conocer dicho precepto en su literalidad:
 
Art. 69-B - CFF.- Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
 
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.
 

Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

[…]”
 
Del artículo anterior y en lo que nos ocupa en el presente caso, podemos advertir que si bien el legislador facultó a las autoridades fiscales para determinar la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes, también estableció un procedimiento para efecto de que los afectados puedan subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas y así desvirtuar la presunción inicial con la cual inicia dicho proceso el cual fue colmado de “plazos razonables” para que la autoridad en el tiempo estipulado por la ley resolviera la situación jurídica de los contribuyentes.
 
De tal manera, que el tiempo expresamente señalado por la ley para que una autoridad pueda resolver una aclaración presentada con motivo de la presunción inicial de la inexistencia de las operaciones de determinado contribuyente es de 05 días contados a partir de la conclusión del plazo de 15 días con los que contaba el contribuyente para ofrecer sus pruebas y alegatos, tal y como lo señala el precepto jurídico anteriormente referido, ello es así porque el legislador quiso evitar que dichas instancias se queden estancadas en el tiempo y por ende que la situación jurídico-fiscal del contribuyente no sea definida en el tiempo que la autoridad considere pertinente, creando así la interdicción de la arbitrariedad.
 
Por lo que, si la regla Art. 1.4. - RMF2017, establece un plazo para resolverla aclaración presentada por un contribuyente para desvirtuar el supuesto que establece el primer párrafo del CFF, distinto al señalado por el Art. 69-B - CFF , del Código Fiscal de la Federación es claro que dicha regla contraviene el principio de primacía de ley, en virtud de que va más allá de lo establecido por el legislador en dicha norma fiscal, para ejemplificar lo anterior, me permito insertar el siguiente cuadro comparativo:

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Comentarios

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    ANDRÉS G. AVENDAÑO HERNÁNDEZ

    2017-10-24 16:58:49

    Me parece una exelente aportación para la defensa de los contribuyentes. No cabe que duda que la Corte habrá podido declarar la constitucionalidad del 69-B pero aun la norma y el actuar de la autoridad están plegadas de ilegalidades. SALUDOS.

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      MAGDIEL HERNANDEZ ROBLES

      2017-11-10 14:40:16

      Gracias Lic., por tomarse el tiempo para leer el presente artículo, es algo que tendremos el proximo año y antes que nadie hacemos un analisis de dicha reforma.

      saludos cordiales.

      Responder

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