La subcontratación laboral como actividad vulnerable en materia “Antilavado”

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Cuanto más abstracta es una obra, más interpretaciones se pueden hacer de ella. Cada espectador sacará algo distinto” David Lynch

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) se publicó el 17 de octubre de 2012 en el DOF y tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, fijando medidas y estableciendo procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

A la fecha este ordenamiento legal no ha sufrido modificaciones, sin embargo sigue causando polémica y se considera un tanto abstracta para las empresas que realizan actividades vulnerables en términos del Art. 17 - LFPIORPI , por lo anterior y justamente como si se tratara de una obra de arte que se interpreta ante el ojo de cada uno de sus espectadores, así fue interpretada la LFPIORPI, comúnmente denominada “Ley antilavado”, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la publicación “UIF - Interpretaciones de la LFPIORPI – Outsourcing” que dio a conocer el pasado 21 de octubre de 2016, a través del portal www.gob.mx.

Dicha interpretación versa sobre el inciso b), de la fracción XI, del Art. 17 - LFPIORPI, con base en ella, la prestación de servicios de subcontratación laboral (Outsourcing) en términos del Art. 15 A - LFT de la Ley Federal del Trabajo (LFT) actualiza lo establecido por el precepto mencionado y por lo tanto, el contratista al prestar dichos servicios, está realizando una actividad vulnerable y en consecuencia, la misma será objeto del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley antilavado.

El hecho que la prestación de servicios de subcontratación laboral sea considerada como actividad vulnerable no trae consigo un perjuicio a los contratantes, ya que quien dará cumplimiento a la identificación y presentación de avisos, asi como a las demás obligaciones que establece la ley por dichas operaciones son las empresas contratistas, en su calidad de prestadores de servicios. Sin embargo, los clientes o usuarios (contratantes en términos de la LFT) les proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de la LFPIORPI.

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