Implicaciones económicas de la aplicación del concepto de interés legítimo en el Sistema Jurídico Mexicano.

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Para que un Estado sea considerado democrático, es necesario que éste proteja y garantice entre sus ciudadanos el cumplimiento de las garantías universales que se reconocen para todos los seres humanos, una de estas garantías es el acceso a la impartición de justicia.

En el año 2011 México dio un gran paso hacia adelante en materia de acceso a la impartición de justicia incluyendo el concepto de interés legítimo mediante la reforma en materia de derechos humanos y juicio de amparo, a la Constitución política de nuestro país.
Pero ¿qué significa la inclusión de este concepto en el quehacer económico de los contribuyentes?, ¿Cómo impacta esta reforma a la economía de los ciudadanos de nuestro país?

Es importante entender primeramente el beneficio que la inclusión del concepto de interés legítimo tiene en nuestro sistema legal.

Anteriormente, la impartición de justicia se veía acotada por una figura procesal: el interés jurídico. Éste, entendido como derecho subjetivo, implicaba que para poder acceder a la procedencia de un juicio de amparo se requería del cumplimiento de dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Esto significa que para que un juicio de garantías pueda proceder es necesario que el gobernado compruebe la titularidad del derecho en el que se ve afectado y que este esté siendo efectivamente afectado. Esta condición excluye el caso de aquellos que se encuentran en el supuesto de terceros, es decir, aquellos que, aunque no están siendo afectados de manera directa por un acto de autoridad, sí lo están siendo de manera indirecta.

Como se puede ver, el incluir los casos de afectaciones a terceros amplía el rango de situaciones en las cuales los gobernados pueden ser atendidos y defendidos en la protección de sus intereses. Una característica adicional que incluye el concepto de interés legítimo es que el gobernado no necesariamente debe estar siendo afectado por algún acto de autoridad, sino que puede imputar aún un acto o decreto que no haya sido ejecutado pero que suponga una afectación en sus intereses.

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