Derecho a la estabilidad laboral: interpretación de la corte IDH.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó por primera ocasión una condena específica por violación al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) en atención a la vulneración del derecho al trabajo, en particular de los derechos a la estabilidad laboral y de asociación.

En dicho asunto, la Corte encontró responsable internacionalmente al Estado del Perú como consecuencia del despido irregular de Alfredo Lagos del Campo, mediante sentencia de 31 de agosto de 2017 y notificada el 13 de noviembre de 2017 (Caso Lagos del Campo Vs. Perú); de igual forma declaró la violación de los derechos a la libertad de expresión, garantías judiciales y acceso a la justicia, regulados por la Convención Americana.

En este caso, Lagos del Campo era Presidente electo de la Asamblea General del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de su empresa, Ceper-Pirelli y durante una entrevista para la revista “La Razón” realizó declaraciones en las que denunció supuestas irregularidades del directorio de la empresa durante las elecciones. Por este motivo, se le sancionó con una falta laboral y el día 1 de julio de 1989 se procedió a su despido. El trabajador interpuso una demanda ante un juzgado del trabajo, el cual reconoció el carácter improcedente e injustificado del despido; sin embargo, un juzgado de segunda instancia revocó esta decisión declarando el despido legal y justificado; de igual forma todos los posteriores recursos planteados fueron denegados o declarados improcedentes.

Al resolver, la Corte IDH asumió su competencia de conformidad con la  Convención Americana y con base en el principio iura novit curia, para estudiar la petición inicial sobre la afectación de sus derechos laborales, por tanto, analizó el derecho a la estabilidad laboral de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana, el cual dispone:

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
(Pacto de San José)
CAPITULO III
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 26.
  Desarrollo Progresivo
 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

 

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