El Santo Oficio de la Recaudación.

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Al establecerse el Tribunal del Santo Oficio toda denuncia era válida, aún el señalamiento anónimo. En un hipotético caso, el procedimiento era más o menos el siguiente: una vez que se recibía la denuncia, se iniciaba una investigación, secreta por supuesto, que revelara algún indicio, por minúsculo que fuera, que relacionara a la persona denunciada con el delito. Como explica Adelina Sarrión en su obra Sexualidad y confesión: “La solicitación ante el Tribunal del Santo Oficio (siglos XVI-XIX), una vez recabada la información, si los hechos eran considerados heréticos o implicaban sospecha de herejía se realizaba la petición de encarcelamiento” (2010: 76).  Al mismo tiempo de la detención, se procedía al aseguramiento de sus bienes. Posteriormente, el culpable, pues ya tenía esta calidad, rendía declaración, la cual contenía indagaciones respecto a su familia, lugar de origen, pero en especial, sobre el conocimiento y práctica de la religión y, sobre si tenía información respecto al motivo de su detención. 

En ésa época, por supuesto, no existía el indicio razonable, ni tampoco la presunción de inocencia. La más débil prueba era suficiente para probar plenamente la culpabilidad del individuo. Por fortuna, la etapa del Tribunal del Santo Oficio pasó a la historia. Por desgracia, el resabio de sus malas prácticas quedó grabado en la memoria de los que ejercen el poder.

Para muchos en México la recaudación puede significar un avance democrático, acompañado de su encarnación institucional: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, hay suficientes argumentos para aseverar que esas instituciones no representan un avance democrático, sino una regresión autoritaria. Resulta evidente que el Estado, cualquier estado, necesita de los impuestos para sobrevivir, son su principal fuente de ingreso; sin embargo, de lo que hablamos no es de la recaudación per se, cuestión innegable para la existencia del Estado, sino de la forma en que la autoridad recaudadora pretende obtener ingresos, infundiendo miedo.

Hoy, quienes ejercen el Santo Oficio de la Recaudación, revisan tus operaciones, en una investigación secreta, por supuesto, y con base en una presunción de culpabilidad, te comunican, a través del buzón tributario, del Diario Oficial de la Federación y de las “Listas Negras”, que probablemente eres culpable. La cuestión es que no sólo se comunica al supuesto contribuyente, sino que se hace al público en general. Sólo con una presunción, de culpabilidad.

Así, la tiranía tributaria es incompatible con la sociedad libre. No es justo que, en el afán recaudatorio, ofusquen los derechos humanos. Por supuesto, es menos loable que el poder que nació para impartir justicia, como es el Poder Judicial de la Federación no produzca justicia, sino más bien imparta arbitrio, pues sus decisiones van encaminadas a favor del fisco mexicano. Máxime si se toma en consideración el reciente escándalo por venta de exámenes para acceder a una plaza de juez federal, la cual, según fuentes, llega a venderse en más de 450 mil pesos (Mosso, 2018). Implicaciones que, como señala Ricardo Homs:

No es lo mismo la venta de exámenes a estudiantes, que la venta de exámenes por una parte y la compra por otra, de la oportunidad de convertirse en impartidor de justicia en delitos graves de delincuencia organizada, como son los que resuelven los jueces federales a lo largo del territorio nacional (2018).

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