Ilegalidades no invalidantes del acto administrativo reconocidas por el poder judicial de la federación, ¿Un estímulo a la impunidad?


Como sabemos, doctrinariamente, uno de los fines del Estado como organización es el garantizar y brindar seguridad a los gobernados, fin que nuestro Estado acoge en la Carta Magna mediante su Art. 16 - CPEUM que tutela el derecho humano a la seguridad jurídica el cual consiste en que el gobernado tenga certeza sobre su situación ante las leyes, obligando a la autoridad a sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la misma Constitución y en las leyes que en el caso particular apliquen, para asegurar que ante una afectación de la autoridad en la esfera jurídica del gobernado, éste sepa a qué atenerse y cómo defenderse, pero en la realidad esto no siempre es así, ya que suele suceder que las autoridades exceden lo que a sus facultades corresponden, llegando a actuar de manera lesiva e ilegal, violentando los derechos del gobernado, obligándolo a buscar el amparo de la ley, a través de los Tribunales previamente establecidos para tal efecto.

No obstante lo anterior, en fechas recientes nuestro Poder Judicial, que irónicamente es el encargado de administrar justicia, se ha pronunciado nuevamente respecto a las ilegalidades no invalidantes en los actos de autoridad mediante la Tesis Aislada de rubro “VIOLACIONES FORMALES HECHAS VALER EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO SON INVALIDANTES DE LOS ACTOS IMPUGNADOS CUANDO NO IRROGUEN PERJUICIO JURÍDICO ALGUNO AL PARTICULAR, POR HABERSE SUBSANADO O CONVALIDADO”, criterio que solo viene a abundar a un tema completamente contrario a derecho, perjudicando de una manera inconcebible a nosotros los gobernados y contraviniendo directamente con lo dispuesto por nuestra Carta Magna al ponderar la validez de un acto tildado de ilegalidad sobre el derecho humano de seguridad jurídica del que goza todo gobernado

Ello es así en virtud de que estos criterios que ha adoptado el Poder Judicial solo otorgan una mayor fuerza a la teoría doctrinaria que en el derecho administrativo se conoce como ilegalidades no invalidantes, que en esencia reza: si la ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en un perjuicio que afecte al particular, resulta irrelevante tal vicio” y por ende, no procede declarar su nulidad, sino confirmar la validez del acto administrativo, tal como lo plasmó el mismo Poder Judicial en la Jurisprudencia de rubro: ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE AFECTAN CON MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO INVALIDANTES" QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN INDEFENSIÓN O AGRAVIO AL PARTICULAR, publicada en 2007, sin embargo, esta teoría raya en lo absurdo al considerar que un acto ilegal puede tener validez, pues es tanto como decir que con tal de que el Estado recaude más, los magistrados que conozcan de un litigio en materia fiscal deben ponderar la validez del ilegal acto impugnado sobre los derechos del gobernado, cuando estas ilegalidades “sean pequeñas”, debiendo declarar la validez de este acto ilegal bajo el razonamiento que estas ilegalidades son no invalidantes del acto al no desembocar en un “perjuicio grave” en la esfera jurídica del gobernado, pasando por alto el derecho humano de seguridad jurídica del gobernado, plasmado en el Art. 16 - CPEUM de nuestra Carta Magna.

En ese orden de ideas, estos criterios con los que el Poder Judicial de la  ha reforzado a la teoría de las ilegalidades no invalidantes solo se traducen en un perjuicio para el gobernado, estimulando la impunidad de la autoridad administrativa a un punto en que le permite emitir actos lesivos para los gobernados, carentes de los requisitos para su legalidad, sin  que estos sean invalidados y menos aún, que esta autoridad sea sancionada, sino que por el contrario se le da la seguridad de que aún de resultar ilegal su acto, este puede tener validez para poder causar un agravio al gobernado, ponderando de esta manera el fin recaudativo del Estado sobre el fin de garantizar y brindar seguridad a sus gobernados y dejando la puerta abierta a las autoridades fiscales para actuar de manera discrecional, sin ajustarse al arbitrio legal, otorgándole el beneficio de la impunidad ante la Ley, en el sentido de que un actuar ilegal de la autoridad quede sin castigo y, más aún, pueda surtir sus efectos en la vida jurídica en perjuicio del gobernado.

Son amplios los vértices respecto a este tema pues, por otro lado, dichos criterios vienen a robustecer el inquietante principio de preeminencia del fondo sobre la forma, en un sentido perjudicial para el gobernado pues con ello se pretende pasar por alto las ilegalidades en cuanto a los requisitos formales en los actos de autoridad, solapando con estos criterios los actos ilegales para que puedan conseguir su fin (la voluntad de la autoridad), perjudicando de manera descarada al gobernado y dejándolo en un estado de indefensión.

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