La reforma que viene y su inconstitucionalidad. Reforma al artículo 69-B y su violación al principio de progresividad.

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Una de las herramientas más exitosas que tuvo en este sexenio el Servicio de Administración Tributaria para combatir los actos tendentes a la reducción de la base imponible, fue el desconocimiento generalizado de efectos fiscales de operaciones, a través de la aplicación del Art. 69-B - CFF del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En efecto, el numeral en comento establece la facultad de las autoridades fiscales de presumir la inexistencia de determinadas operaciones, cuando detecte que un contribuyente ha emitido comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados”.

Posteriormente, conforme al segundo párrafo del precepto en boga, una vez que la autoridad fiscal le notifica con las formalidades de ley al contribuyente –del que presume operaciones inexistentes-, éste cuenta con un plazo de 15 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga; esto es, puede aportar pruebas y hacer alegaciones con la finalidad de que la autoridad fiscal que presume la inexistencia de las operaciones amparadas con los comprobantes.

Ahora, conforme al tercer párrafo, la autoridad fiscal se encuentra constreñida, durante los siguientes 5 días a 1) valorar las pruebas y defensas que el contribuyente haya hecho valer, 2) a notificar la resolución al contribuyente a través del buzón tributario y 3) a publicar un listado en la página del Servicio de Administración Tributaria.

No obstante lo anterior, las autoridades fiscales cometieron algunos errores en aplicación del procedimiento, toda vez que valoraban y notificaban al gobernado el resultado de su valoración fuera del plazo de 5 días que establece el tercer párrafo del Art. 69-B - CFF del código adjetivo fiscal, lo cual tornó en determinados casos, ilegal el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes.

Al respecto, la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PRODECON) documentó en el criterio jurisdiccional 12/2017, de rubro “OPERACIONES INEXISTENTES. RESULTA ILEGAL EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLAS, ESTABLECIDO EN EL  Art. 69-B - CFF DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA AUTORIDAD NOTIFICA FUERA DEL PLAZO DE CINCO DÍAS LA RESOLUCIÓN QUE CONTEMPLA EL TERCER PÁRRAFO DE DICHO NUMERAL”i, que el hecho de que la notifique fuera del plazo una sentencia de 5 días que previene el tercer párrafo del artículo 69-B la respuesta a la valoración de las pruebas y alegaciones del contribuyente, atenta contra la seguridad jurídica del contribuyente.

El criterio anteriormente expuesto, no fue tomado a la ligera por los operadores jurídicos. Ello es así, toda vez que cuando un asunto con similares características –el plazo para resolver la aclaración de la cancelación de Certificados de Sellos Digitales, conforme al último párrafo del Art. 17-H - CFF del CFFii- llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta consideró lo siguiente:

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