El amicus curiae en México.

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Para poder abordar el tema propuesto es necesario acudir a la definición de “Amicus Curiae” (del plural en latín amici curiae), es una expresión que significa, “amigo de la corte”- blacks law dictionary, 1991, 82-, el significado ha evolucionado en virtud del uso de esta figura jurídica, para el profesor krislov1 ha pasado de ser amigo a abogado de una de las partes.

Ahora bien, debe considerarse que la figura del “Amicus Curiae” -amigos de la Corte- constituye una institución jurídica utilizada, principalmente, en el ámbito del derecho internacional, a través de la cual se abre la posibilidad a terceros, que no tienen legitimación procesal en un litigio, a promover de manera voluntaria una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes al juzgador o juzgadora, al momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia social.

Al respecto, es de señalar que no obstante que en México no existe legislación expresa que reconozca su existencia como un medio efectivo de audiencia para los interesados de la sociedad, debe considerarse que su análisis y consideración por parte de los órganos jurisdiccionales, se justifica en términos de lo dispuesto en los artículos 1 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el contenido del artículo 23.1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que se reproducen a continuación:

 

Art. 1 - CPEUM. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así́́ como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá́́ restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá́́ prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

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CONSTITUCIONAL




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