Consideraciones sobre el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua (DADSA)

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A raíz de la publicación de diversos Decretos por los que se suprimen las vedas en cuencas hidrológicas de fecha 6 de junio de 2018i, surgió el debate respecto a la “privatización” o no del agua. La controversia jurídica se suscita en diversos aspectos, sin embargo, para el presente artículo solamente se estudiará si el agua constituye o no un derecho humano.

Indiscutiblemente el agua es de suma importancia para el ser humano, por lo que se considera un elemento básico, que permite la vida de todo ser vivo. Pero, además, también participa en la conservación de la salud de los individuos, es por ello que en la normatividad e instrumentos internacionales reconocen la valía del líquido como un derecho humano. Esto se refleja, por citar algunos instrumentos, en la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OG15)ii y la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (R 64/292)iii. Además, internamente, su ámbito de protección se encuentra demarcado en el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al texto se puede leer:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”iv.

Dicha calidad ha propiciado que se incrementen los esfuerzos para llevar el preciado líquido a todo individuo. Empero, dichas pretensiones han resultado insuficientes, si consideramos que todavía hoy existen localidades en las cuales el agua llega en calidad precaria o no alcanza su distribución. Es por estos últimos dos puntos, que debe considerarse al agua, no como un derecho, sino más bien, como un elemento vital.

 La distinción de considerar al agua de dicha manera y no como derecho humano obedece a los siguientes razonamientos:

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