¿Implicaciones fiscales en la enajenación de activos virtuales?


El presente tiene por objetivo abordar diversos cuestionamientos en cuanto a las implicaciones que derivan de llevar a cabo operaciones con los denominados “activos virtuales”, específicamente en materia fiscal, pues hasta este momento dichas operaciones no están reguladas en las leyes fiscales, aún y cuando están siendo consideradas una de las mejores opciones de inversión en el mundo de la tecnología.

¿Qué son los activos virtuales?

En el marco jurídico mexicano, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), mejor conocida como Ley Fintech, misma que entró en vigor a partir del 10 de marzo del presente año y cuyo objeto es regular los servicios financieros que prestan las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) es la única legislación que da una definición de lo que se entiende por “activo virtual”, mismo que se establece en su artículo 30, en el tenor siguiente:

CAPÍTULO III
De las Operaciones con Activos Virtuales

Artículo 30.- Para efectos de la presente Ley, se considera activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas.

Énfasis añadido.


Del precepto legal transcrito, se puede observar que en la legislación mexicana, los activos virtuales son considerados una representación de valor, utilizada como medio de pago y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos.

Cabe mencionar que la Ley referida señala que los activos virtuales no son moneda de curso legal y no están respaldados por el Gobierno Federal, ni por el Banco de México.

Lo anterior en el caso de México, sin embargo, en otros países han tomado diversos criterios en cuanto a la clasificación de los activos virtuales, como lo es el caso de Suecia, en tal sentido, que el Tribunal de Justicia  de la Unión Europea en 2015, decidió equiparar a las criptomonedas como divisas tradicionales1, o como en el caso del Servicio de Impuestos Interno de Estados Unidos que considera a las criptomonedas como una propiedad en lugar de una moneda de curso legal2; diferencias que implican en que las operaciones sean o no sujetas de impuestos.

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