Atención médica obstétrica de urgencia, obligatoria para embarazadas

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Hoy la Secretaría de Salud (SSA) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos decretos mediante el cual:

 

  • Se adiciona un artículo 64 Bis 1 a la Ley General de Salud
     
  • Se adiciona una fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social
     
  • Se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

 

Dichas adiciones establecen la obligación para Los Servicios de Salud de prestar atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

 

Obligación para el IMSS

Al respecto  la fracción V del Artículo 89 de la Ley del Seguro Social, estableció que para el IMSS, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

 

Obligación para el ISSSTE

Así tambien la adición del Artículo 31 BIS a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece en los mismos términos que para el ISSSTE, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

 

Esta obligación entrá en vigor a partir de mañana, sin embargo  las autoridades cuentan con un plazo máximo de 120 días para emitir y efectuar las adecuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar cumplimiento a dicha obligación.


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