CNDH hace un llamado a la protección de la "Libertad de Expresión".

10/03/2016 | LEGAL CLOUD MRCI
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado enérgico a la federación y a las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.

Por ello el día de hoy 10 de marzo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) la RECOMENDACIÓN general No. 24, Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, del cual analizaremos para conocer a grandes rasgos su contenido.

Antes de comenzar con este breve análisis, cabe hacer énfasis en que los órganos del Estado, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por ley, están obligadas a:

 

  • Las autoridades: en el ámbito de sus competencias, están obligadas a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
  • El Estado: están obligados a “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”

 

Por tanto deberán implementar programas tendientes a prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados, pues así lo establece el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

 

Art. 1.- …
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.



El incremento significativo en el número de agresiones a periodistas y medios de comunicación evidencian el riesgo prevalen en que se encuentra el gremio periodístico en nuestro país.

En México el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión se ha visto vulnerado por la falta de políticas encaminadas a garantizar un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación.

Mucho se habla sobre estas agresiones; sin embargo, bueno es que entendamos cual es el concepto de “periodista”:

 

El concepto incluye a aquellas personas que recaban, generan, procesan, editan, comentan, opinan, difunden, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente.

 

El anterior concepto incluye a los comunicadores, a los medios de comunicación y sus instalaciones, así como a sus trabajadores, en tanto que ejercen o contribuyen a ejercer la libertad de expresión, concepto que debemos tener presente.

Cabe recordar que con la publicación de la reforma constitucional de 11 de junio de 2011, todas las normas relativas a derechos humanos requieren adoptar una interpretación pro persona, la cual permitirá elegir la norma que más proteja al titular de un derecho humano, con independencia de su fuente de origen. Además se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, el artículo 6 constitucional, primer párrafo, reconoce como derecho humano la libre expresión de las ideas; el artículo 7 primer párrafo, prevé la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna ley o autoridad pueden establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta.

En materia internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos hace énfasis en el tema de libertad de expresión; el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

También nuestra carta magna establece en su artículo 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, que en caso de que resulten vulnerados estos derechos humanos, es facultad del MP investigar los delitos y, por tanto, es deber ineludible del Estado realizar las funciones de procuración de justicia de una manera pronta y expedita.

Pese a que este derecho reconocido y protegido a través de ordenamientos no solo de nivel nacional, sino internacional, en México el ejercicio de esta libertad enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años.

Los homicidios, las amenazas y hostigamientos, se han convertido en característica regular del ejercicio del periodismo, principalmente del periodismo local que cubre temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública, entre otros.

Lo anterior de acuerdo a las cifras, las cuales muestran que lejos de disminuir, los ataques a periodistas y a medios de comunicación han aumentado. Del 1 de enero de 2000 al 31 de enero de 2016, la CNDH registró un total de 109 homicidios en contra de periodistas, siendo Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca las entidades federativas con mayor porcentaje de agravios a este gremio.

Los hechos no concluyen aquí, pues este gremio ha sido víctima de censura, de 2005 a 2015 se registraron 20 periodistas desaparecidos y 48 atentados en contra de medios de comunicación de 2006 a 2015.

A esto se suma que muchas de las agresiones contra periodistas locales no se denuncian formalmente por falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades, por lo que desde el año 2000 México es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.

En la actualidad, las conductas que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión no solamente se comenten mediante agresiones físicas en contra de periodistas o medios de comunicación, sino que también pueden cometerse a través de medios tecnológicos afectando servidores, redes sociales o páginas electrónicas de revistas, o periódicos con el objeto de obstruir la información.

Al respecto, los Relatores de la ONU y la OEA han señalado conjuntamente que el derecho a la libertad de expresión se ve favorecido cuando los Estados protegen la privacidad de las comunicaciones digitales (ciberseguridad), así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos.

En nuestro país, la prohibición de la censura previa se encuentra en el segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece claramente que “ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más limites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución.  

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 13 señala que el ejercicio de la libre expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las cuales deben fijarse expresamente en la ley.

En el mismo sentido, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prohibición de la censura implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad; máxime que la regla general según la cual el ejercicio de la libre expresión y de la libertad de imprenta sólo puede someterse a responsabilidades ulteriores y no a controles a priori, se ha convertido, de hecho, en uno de los criterios indicativos del grado de democracia de los sistemas de gobierno.

Así las cosas, por ello la CNDH emite recomendaciones a los diversos órganos de gobierno, de los cuales a continuación se transcribe únicamente las relacionadas a la Procuraduría General de la República y a los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de las Entidades Federativas:

 

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que en cada una de las indagatorias que se encuentren en integración respecto de hechos relacionados con agravios a periodistas.
SEGUNDA.- Lleven a cabo una revisión exhaustiva de las averiguaciones previas hasta la fecha iniciadas con motivo de agravios a periodistas, comunicadores y/o medios de comunicación y se lleven a cabo las actuaciones necesarias para resolverlas a la brevedad posible, debiendo en todo momento considerar la labor periodística como un elemento de análisis dentro de las líneas de investigación.
TERCERA.- Promuevan al interior de las instituciones que dirigen la creación de fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos cometidos en contra de la labor periodística y la libertad de expresión, especialmente en aquellas entidades en las que se advierte una alta incidencia respecto de ataques a periodistas y medios de comunicación.
CUARTA.- Ejercer, en el caso de la Procuraduría General de la República, la facultad de atracción que le fue conferida para conocer y perseguir los casos de delitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación con base en criterios normativos existentes que faciliten al representante social de la Federación la atracción de delitos del fuero común en beneficio de las víctimas.

 

Para consultar la Recomendación completa visita la siguiente liga:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429312&fecha=10/03/2016


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