SCJN Se pronuncia sobre la diferencia entre Juicio Oral y Procedimiento Especial Abreviado

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El Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Por su parte el apartado A de los principios generales en su fracción VII establece:

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

Precisamente respecto de las diferencias entre el jucio oral y procedimiento especial abreviado, en sesión de 16 de marzo de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, el amparo directo en revisión 1619/2015.

Al hacerlo confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo a una persona penalmente responsable de la comisión del delito de violación agravada. Delito por el cual fue sentenciado a quince años nueve meses de prisión.

La importancia del asunto radica en que, la Primera Sala al estudiar la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, efectuada por el tribunal colegiado, estimó que éste lo hizo en forma incorrecta, en el sentido de que el reconocimiento voluntario del imputado de su participación en el delito, constituye propiamente una confesión, la cual debe ser valorada como tal por parte del juzgador para la resolución del procedimiento especial abreviado.

Así, contrario a lo que estableció el tribunal colegiado, el reconocimiento voluntario y con conocimiento de las consecuencias del inculpado, respecto a su participación en el delito atribuido para efectos de dar inicio a un procedimiento especial abreviado, no constituye propiamente una confesión, que debe ser apreciada como prueba y, por tanto, no debe ser considerada como tal por el juez de la causa en ninguna de las fases del procedimiento.

Por otra parte, la Sala subrayó que no es posible estudiar, en la vía de amparo directo, la acreditación de los elementos del delito y la plena responsabilidad penal del sentenciado, cuando la sentencia definitiva reclamada deriva de un procedimiento especial abreviado.

Entre otras cosas, porque existe una marcada diferencia entre el juicio oral y el procedimiento especial abreviado. Mientras que en el procedimiento ordinario tiene lugar la etapa intermedia en la que se depuran las pruebas y los hechos que serán materia de desahogo y cuestionamiento en el juicio oral, en un escenario de contradicción probatoria.

En el procedimiento especial abreviado no existen las etapas de ofrecimiento y producción de prueba, la razón es porque se parte de un acuerdo previo entre las partes que da por probada la acusación a partir de los datos que son antecedentes de la investigación.

De esta manera, el hecho de que el artículo constitucional antes referido establezca la posibilidad de decretar la terminación anticipada del proceso penal, si el imputado reconoce su participación en el delito y si “existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación”, no puede confundirse con que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte del juzgador para tener por demostrada la acusación de ministerio público.

Ello es así, pues la labor del juez de control se constriñe a determinar si la acusación del imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que hayan suficientes medios de convicción que la sustente, es decir, que la aceptación del acusado de su participación en el delito no sea el único dato de prueba, sino que éste se encuentra adminiculado con otros datos que le den congruencia a las razones de la acusación, es decir, solamente debe analizar la congruencia, idoneidad y suficiencia de los datos invocados por el ministerio público.

De no considerarse así, no tendría sentido contar con un procedimiento especial abreviado, pues éste se estaría convirtiendo en un juicio oral un tanto más simplificado, otorgándole la misma carga al juzgador de valorar los datos de prueba para comprobar la acusación, y premiando al imputado con el beneficio de penas disminuidas.

Por todo lo expuesto, a pesar, como ya se dijo, de que el tribunal colegiado incurre en una incorrecta interpretación constitucional, ello no fue suficiente para revocar la sentencia recurrida en la presente ejecutoria, pues la conclusión a la que se arriba no tiene un impacto real que pueda variar el sentido de la ejecutoria de amparo.


PENAL


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