Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos


Antecedentes: El 28 de abril de 2014 la República de Panamá presentó una solicitud de Opinión Consultiva sobre la interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1.a y b del Protocolo de San Salvador.

Solicitaron pronunciamiento respecto:

  1. En relación con el artículo 1.2 de la Convención Americana sobre el alcance y protección de las personas físicas por medio de las personas jurídicas o ‘entidades no gubernamentales legalmente reconocidas’, tanto para agotar los procedimientos de la jurisdicción interna como para plantear denuncias de violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, y el alcance y la protección de los derechos de las personas jurídicas o ‘entidades no gubernamentales legalmente reconocidas’, como tales, en cuanto instrumentos de las personas físicas para lograr sus cometidos legítimos.

También presentaron a la Corte las siguientes consultas específicas:

1. ¿El artículo 1, párrafo segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, restringe la protección interamericana de los derechos humanos a las personas físicas y excluye del ámbito de protección de la Convención a las personas jurídicas?

2. ¿El artículo 1.2 de la Convención, puede proteger también los derechos de personas jurídicas como cooperativas, sindicatos, asociaciones, sociedades, en cuanto compuestos por personas físicas asociadas a esas entidades?

3. ¿Pueden las personas jurídicas acudir a los procedimientos de la jurisdicción interna y agotar los recursos de la jurisdicción interna en defensa de los derechos de las personas físicas titulares de esas personas jurídicas?

4. ¿Qué derechos humanos pueden serle reconocidos a las personas jurídicas o colectivas (no gubernamentales) en el marco de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de sus Protocolos o instrumentos internacionales complementarios?

5. En el marco de la Convención Americana, además de las personas físicas, ¿tienen las personas jurídicas compuestas por seres humanos derechos a la libertad de asociación del Artículo 16, a la intimidad y vida privada del Artículo 11, a la libertad de expresión del artículo 13, a la propiedad privada del artículo 21, a las garantías judiciales, al debido proceso y a la protección de sus derechos de los artículos 8 y 25, a la igualdad y no discriminación de los artículos 1 y 24, todos de la Convención Americana?

6. ¿Puede una empresa o sociedad privada, cooperativa, sociedad civil o sociedad comercial, un sindicato (persona jurídica), un medio de comunicación (persona jurídica), una organización indígena (persona jurídica), en defensa de sus derechos y/o de sus miembros, agotar los recursos de la jurisdicción interna y acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de sus miembros (personas físicas asociadas o dueñas de la empresa o sociedad), o debe hacerlo cada miembro o socio en su condición de persona física?

7. ¿Si una persona jurídica en defensa de sus derechos y de los derechos de sus miembros (personas físicas asociados o socios de la misma), acude a la jurisdicción interna y agota sus procedimientos jurisdiccionales, pueden sus miembros o asociados acudir directamente ante la jurisdicción internacional de la Comisión Interamericana en la defensa de sus derechos como personas físicas afectadas?

8. En el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿las personas físicas deben agotar ellas mismas los recursos de la jurisdicción interna para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa de sus derechos humanos, o pueden hacerlo las personas jurídicas en las que participan?

 

La Corte Interamericana emitió resolución el pasado 17 de junio. Para efectos de la opinión consultiva, la Corte utilizó los siguientes términos:

a) Persona jurídica. Para definir persona jurídica, la Corte acude a lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado1, a saber: “toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución”.

Asimismo, la Corte corrobora que la definición a nivel doméstico en varios países de la región no difiere sustancialmente de la adoptada por la Convención Interamericana. En efecto, al estudiar diferentes códigos civiles de la región puede concluirse, en términos generales, que por personas jurídicas se entiende aquellos entes, distintos de sus miembros, con capacidad de contraer obligaciones y ejercer derechos, y cuya capacidad está restringida al objeto social para el que fueron creados2.

Adicionalmente, a lo largo del texto se utilizará el término “persona jurídica” para efectos de generar uniformidad. Sin embargo, ello no obsta para que se entiendan también comprendidos otros términos que aludan al mismo concepto como lo serían, por ejemplo: personas morales, personas colectivas, personas de existencia ideal o personas ficticias3.

  1. Legitimación activa. Por legitimación activa la Corte entiende la aptitud para ser parte en un proceso, de conformidad con lo previsto en la Ley. A nivel del sistema interamericano la legitimación activa se refiere, en virtud de lo establecido por el artículo 44 de la Convención Americana, a la facultad de cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización de presentar peticiones ante la Comisión Interamericana que contengan denuncias o quejas referentes a la presunta violación por un Estado Parte de alguno de los derechos humanos reconocidos a nivel interamericano4. Por otra parte, el artículo 61.1 de la Convención dispone que “solo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte5. Asimismo, el artículo 50 del Reglamento de la Comisión indica que los Estados Parte en la Convención Americana gozan de legitimación activa para acceder al Sistema únicamente cuando hayan reconocido la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la Convención.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos concluyó específicamente en relación a la CONSULTA SOBRE LA TITULARIDAD DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO lo siguiente:

“…Habiendo empleado en forma simultánea y conjunta los distintos criterios hermenéuticos establecidos en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, la Corte concluye que de una interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana, de buena fe, acorde con el sentido natural de los términos empleados en la Convención (supra párrs. 37 a 39) y teniendo en cuenta el contexto (supra párrs. 44 a 67) y el objeto y fin de la misma (supra párrs. 40 a 43), se desprende con claridad que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales, por lo que no pueden ser consideradas como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema interamericano…”

El contenido completo de la consulta lo pueden descargar en el archivo que se anexa al presente o en el siguiente enlace:
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_19_16.pdf

 

1. Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, fecha de adopción: 05/24/84, fecha de entrada en vigor: 08/09/92.
2. Cfr. Artículos 141 y 143 del Código Civil de Argentina; artículo 54 del Código Civil de Bolivia; artículos 545 y 2053 del Código Civil de Chile; artículo 633 del Código Civil de Colombia y artículo 98 del Código de Comercio de Colombia; artículo 564 del Código Civil de Ecuador; artículo 52 del Código Civil de El Salvador; artículo 16 del Código Civil de Guatemala; artículo 1795 del Código Civil de Honduras; artículos 26 y 27 del Código Civil Federal de México; artículos 1 y 77 del Código Civil de Nicaragua; artículos 38 y 71 del Código Civil de Panamá; artículos 94 y 96 del Código Civil de Paraguay; artículo 78 del Código Civil del Perú; artículo 21 del Código Civil de Uruguay, y artículo 19 del Código Civil de Venezuela.
3. La Corte resalta que la referencia que se haga en este texto al término “persona jurídica” no debe confundirse con el “Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica” consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho artículo establece: Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
4. Cfr. Artículos 44 de la Convención Americana y 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana.
5. Cfr. Artículo 61 de la Convención Americana.





CORPORATIVO


Legal Cloud

Este contenido solo está disponible para usuarios con suscripción, lo invitamos a adquirir alguno de nuestros paquetes


Ver paquetes

Legal Cloud MRCI



  Estimado Usuario

Su sesión ha expirado, si desea continuar en esta página inicie sesión nuevamente, de lo contrario cierre la ventana de su navegador.