Debido Proceso: obstáculo o garantía?

06/07/2016 | LEGAL CLOUD MRCI
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“Como nada es más hermoso que conocer la verdad,
nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad”
― Cicerón

El debido proceso legal no es un obstáculo ni un pretexto; es una garantía para todos y cada uno de los habitantes de este país, afirmó el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), durante la inauguración del XXII Encuentro anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, el pasado 16 de junio de 2016.

La manera en cómo las Procuradurías de Justicia investigan en México basadas principalmente en pruebas confesionales, provocan miles de historias de delincuentes fabricados en el país.

Tal pareciera ser el caso de Nino Colman Hoyos Henao, detenido el 11 de agosto de 2009, en la Ciudad de México al salir de su trabajo cuando fue interceptado por dos agentes de la Policía de Investigación del entoncees Distrito Federal. Sin identificarse lo subieron a un auto sin logo ni registro institucional. Fue amenazado de muerte y torturado con el fin de declararse culpable de secuestro agravado, y por el cual fue sentenciado a 60 años de prisión.

Durante el proceso de investigación, la CDHDF recabó las evidencias suficientes para acreditar que efectivamente Nino Colman fue víctima de tortura, con base en diversos exámenes médicos y psicológicos practicados por médicos de dicha institución, por lo que en el año 2013 se emitió la Recomendación 2/2013, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), misma que puede ser consultada en el siguiente enlace:

http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/reco_1302.pdf

Actualmente su caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, pendiente de resolverse. Se trata del recurso de revisión 112/2015 y del cual el pasado 5 de junio de 2016, la SCJN anunció que resolverá el caso.

El tema central por el cual se dió luz verde a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal y llegó a instancias superiores, es el mismo por el que se otorgó la libertad inmediata de la francesa Florence Cassez: la violación al debido proceso, el cual, en palabras de la jurista y académica chilena Cecilia Medina Quiroga es:

Una piedra angular del sistema de protección de los derechos humanos; es, por excelencia, la garantía de todos los derechos humanos y un requisito sine qua non para la existencia de un Estado de derecho.

La doctrina mexicana ha precisado el concepto del debido proceso legal en los siguientes términos:

Es el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados.

El jurista Héctor Fix Zamudio señala que el debido proceso legal se extiende a varios sectores:

a) La exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
b) Prohibición de tribunales especiales y de leyes privativas;
c) Restricción de la jurisdicción militar;
d) Derecho o garantía de audiencia;
e) Fundamentación y motivación de las resoluciones dictadas por autoridad competente;
f) Aspectos sustanciales del debido proceso legal que aluden ya a la evaluación de lo decidido por los tribunales y su compatibilidad con los principios lógicos y jurídicos del sistema.

Ahora bien, nuestro sistema legal proporciona los elementos necesarios para cumplir con ese imperativo, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) contempla en sus artículos 14 y 16, el principio del debido proceso legal, conforme al cual las autoridades deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento, a efecto de que toda persona sea oída en defensa, previo al acto de autoridad que pueda afectar su esfera jurídica. Esa sería la connotación del principio para todo procedimiento en general.

Dada la improtancia del bien jurídico involucrado en el proceso penal, la CPEUM prevé en sus artículos 19 y 20, en específico, todo un catálogo de garantías mínimas que deben respetarse a favor del indiciado y de la víctima o el ofendido; catálogo que se encuentra ampliado con las garantías mínimas que prevén los artículos 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de diciembre de 1966, y 8 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, de 1969, los cuales fueron incorporadas a nuestro derecho interno.

Es tal la importancia del buen uso del debido proceso, que tiene que tratar y lograr la armonía de los dos grandes intereses en juego: el interés social, conmovido, perjudicado, dañado, atemorizado por la comisión de un delito, y el interés individual, puesto en peligro por su sometimiento a un proceso. Por tanto tenemos que buscar la conjugación armoniosa de los intereses sociales con el interés individual, y de aquí surge lo que nosotros llamamos "El debido proceso penal"; sin embargo, como lo mencioné en párrafos anteriores, este principio aplica para todo procedimiento en general.

La Comisión Internacional de Juristas considera que "el derecho al debido proceso (the right to a fair trial) ante un tribunal independiente e imparcial no sólo se halla reconocido en tratados, sino también forma parte del Derecho Internacional consuetudinario. Por ellos los países que no han acogido o ratificado esos tratados se encuentran obligados, en todo caso, a respetar ese derecho y ajustar a él sus sistemas judiciales".

En casos donde se aduce la existencia de crímenes gravísimos, el Estado ha reaccionado de forma desbordante, de lo cual, la Corte ha sostenido que: el Estado debe combatir el delito y proteger a la sociedad, pero, debe hacerlo con estricta observancia de los principios y las normas del Estado de Derecho y con respeto a los derechos humanos, pues no se encuentra en tela de juicio que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad, como tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico, pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral.

Podemos concluir diciendo que el debido proceso, constituye un límite a la actividad estatal, pues se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Requiere, en consecuencia, que "un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables".


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