Senado aprueba reforma constitucional en materia de Justicia Laboral

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Este jueves 13 de octubre de 2016, el Senado de la República aprobó con 98 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, sobre justicia cotidiana en materia laboral, dentro de la cual resaltan los siguientes puntos:

  • La iniciativa transfiere la impartición de justicia laboral, es decir, que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
  • Se crea un organismo federal descentralizado de conciliación, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
  • El organismo encargado de los procesos en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.


Para la designación del titular de este organismo descentralizado, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores y el Senado, previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente.

  • El dictamen aprobado establece que a nivel local, los organismos constituidos contarán con funciones conciliatorias, y será requisito que pase por estas instancias cualquier acción con el órgano jurisdiccional.
  • Se garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.


Asimismo se presentaron modificaciones al dictamen, entre las que destaca una al artículo 123, apartado A, fracción XVIII, la cual devuelve la redacción a lo planteado originalmente en la iniciativa enviada por el Presidente de la República, cambios que fueron avalados por los legisladores para quedar como sigue:

“XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los juzgados o tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.”

Por otro lado, respecto a las acciones inherentes a la solicitud de la celebración de un contrato colectivo, se propone adicionar que “cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la acreditación de los trabajadores”.

Por lo tanto, con dicha reforma plantea los elementos básicos de la transformación del derecho de acceso a la justicia del trabajo, ya que se afirma la distinción entre la función conciliatoria en los conflictos laborales y la función de impartición de justicia ante el surgimiento de posibles conflictos; impulsando así una nueva etapa en el derecho de acceso a la justicia en materia laboral, atendiendo a los trabajadores y la seguridad jurídica del gobierno, capital y trabajo.

Con ello las actuales juntas locales y federal de Conciliación y Arbitraje se transforman en un tribunal laboral o juzgados laborales, emitirán sentencias en lugar de laudos y éstos deberán ser con legalidad, imparcialidad, legalidad, transparencia, autonomía e independencia.

Por lo tanto, las modificaciones al sistema laboral, van de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para transitar a un sistema judicial de resolución de conflictos laborales.

Asimismo con dicha reforma se intentó alterar el derecho de huelga, sin embargo éste se dejó intacto. Se introducen las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos, además de la creación de un organismo público federal, encargado de los registros de sindicatos y contratos colectivos de trabajo.

Es por tanto, que los Senadores de la República calificaron la reforma como histórica para el país, toda vez que el modelo de justicia laboral de 1917 respondió en su momento a un anhelo de justicia social, pero los cambios van a contribuir a consolidar una mejor justicia laboral, a generar equilibrios y a incentivar el crecimiento económico.

Con la aprobación de esta reforma el Senado de la República da respuesta al llamado que hizo la Organización Internacional del Trabajo a México (OIT) a México, en su reunión de septiembre, para dar mayores garantías a sus trabajadores.Para atender la magnitud de la reforma, será necesario hacer una planeación precisa y destinar los recursos suficientes para hacer un cambio de estructura y de profesionalización judicial, a fin de garantizar la calidad y transparencia de las sentencia y, con ello, las garantías de los trabajadores.


LABORAL




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