Tesis y jurisprudencias relevantes del 17 de febrero de 2017


Este viernes 17 de febrero de 2017, se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación, un total de 39 tesis, integradas por 13 jurisprudenciales y 26 aisladas, las cuales hemos analizado y a continuación les presentamos la selección de las más relevantes.

REGISTRO. - 2013681
JURISPRUDENCIA
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).
Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo con motivo de la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado referido, cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de la aplicación del mencionado artículo, así como de las normas generales que lo desarrollan), porque no se satisface el requisito previsto en el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría al contribuyente el uso del certificado de sello digital, pese a que incurrió en alguna irregularidad que la ley sanciona con dejarlo sin efectos, es decir, se impediría la implementación de la medida de control orientada a evitar la evasión y elusión fiscal, en tanto que la sociedad está interesada en que se instrumenten los mecanismos para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas.

REGISTRO. – 2013680
JURISPRUDENCIA
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. EL ARTÍCULO 39 C DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL QUE LA PREVÉ NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA.
El artículo citado, al facultar al Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar presuntivamente y fijar en cantidad líquida las cuotas obrero patronales conforme a los datos con que cuente, en caso de que el patrón no cubra oportunamente su importe o lo haga en forma incorrecta, no viola el derecho fundamental de audiencia, reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser las cuotas obrero patronales un tipo de contribución y formar parte de la materia impositiva, la audiencia para controvertir su monto, no necesariamente debe ser previa al momento de su liquidación, sino que basta con que la ley otorgue a los causantes el derecho a impugnarlo posteriormente, cuando ya se haya fijado.

REGISTRO: 2013703   
TESIS AISLADA
INTERÉS JURÍDICO. PARA IMPUGNAR UNA DISPOSICIÓN FISCAL CON EL CARÁCTER DE NORMA HETEROAPLICATIVA, CON MOTIVO DE UNA AUTODETERMINACIÓN, SE ACREDITA SI EL QUEJOSO ESTÁ REGISTRADO ANTE LA AUTORIDAD HACENDARIA CON LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE EN EL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE ESA DISPOSICIÓN TRIBUTARIA.
A fin de justificar el interés jurídico para impugnar la constitucionalidad de una disposición fiscal con el carácter de heteroaplicativa a causa de una autodeterminación, es innecesario demostrar que el quejoso efectúa, de hecho o materialmente, la actividad comercial objeto del precepto controvertido, pues si se acredita con la constancia de situación fiscal que está dado de alta ante la autoridad hacendaria como contribuyente dedicado al régimen de aplicación de la norma reclamada, lo cual se corrobora con sus declaraciones, de las que se advierte que tributa y se autoaplica la disposición impugnada, dirigida a quienes ejercen la actividad comercial mencionada; sin duda que con esos elementos objetivos, el peticionario acredita tener interés jurídico en el amparo, con independencia de si ofreció o no pruebas que demuestren que participa materialmente en esa actividad, pues lo jurídicamente preponderante es que los elementos de prueba sean suficientes para sustentar razonablemente que así es. Además, si se atiende al modo habitual u ordinario de las cosas, es innegable que lo extraordinario o no creíble sería que, pese a esos elementos objetivos que llevan a colegir que el particular se dedica efectivamente a la actividad comercial de que se trate, resultara que, en realidad o de hecho, no es así, pues no puede considerarse que una persona, guiada por la razón, se dé de alta ante la autoridad hacendaria como contribuyente que desarrolla una actividad específica, presente declaraciones tributarias con ese mismo carácter, se autoaplique y base su esquema fiscal con arreglo a una disposición destinada para quienes realizan esa misma actividad y, no obstante ello, se crea que no la efectúa materialmente.

REGISTRO 2013704
TESIS AISLADA
JUICIO ORAL MERCANTIL. LA REGLA GENERAL CONTENIDA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, RELATIVA A LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA VÍA CORRECTA ES INAPLICABLE CUANDO SE DECLARE LA IMPROCEDENCIA DE ÉSTA, YA QUE SE INFRINGIRÍAN LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD, INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN, ASÍ COMO EL DE SEGURIDAD JURÍDICA.
El artículo 1390 Bis 8 del Código de Comercio establece que en las cuestiones no previstas dentro del procedimiento especial del juicio oral mercantil, regirán las reglas generales del código citado, en cuanto no se opongan a las disposiciones del título que lo rige. Por su parte, el diverso numeral 1127, contenido en el libro quinto intitulado "De los juicios mercantiles", título primero denominado "Disposiciones generales", prevé la regla que debe atenderse cuando se declare fundada la excepción de improcedencia de la vía, la cual consiste en continuar el procedimiento en la vía que se considere correcta, declarando válido lo actuado, con la obligación del Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía declarada procedente. Sin embargo, del contraste que se realice entre las disposiciones que rigen el juicio oral mercantil y, las contenidas en el mencionado apartado de disposiciones generales, se concluye que la regla general contenida en el párrafo segundo del referido artículo 1127 es inaplicable al juicio oral mercantil porque, de ser así, se opondría a lo previsto por el artículo mencionado 1390 Bis 8, al infringirse los principios de oralidad, inmediación y concentración, así como el de seguridad jurídica, pues si bien debe atenderse al principio de justicia expedita, éste no puede prevalecer sobre aquél.

REGISTRO 2013711
TESIS AISLADA
PRINCIPIO ONTOLÓGICO DE LA PRUEBA. ALCANCE DE SU OPERATIVIDAD PARA ACREDITAR LA PROCEDENCIA O LOS ELEMENTOS PARA EJERCER LA ACCIÓN DE AMPARO O CUALQUIER CONTIENDA JURISDICCIONAL.
En las contiendas jurisdiccionales pueden suscitarse situaciones de cuya certeza o veracidad dependa la procedencia de la acción planteada o alguno de los elementos necesarios para ejercerla, sea la de amparo o alguna otra. De ser así, puede ocurrir que, en torno a la demostración de esa certeza, concurran dos hipótesis de credibilidad más o menos posibles acerca de la misma situación, pero de las cuales no se tenga prueba directa de una u otra. En estos casos, el juzgador puede apoyarse en la operatividad del principio ontológico de la prueba y optar por dar credibilidad a la hipótesis más próxima a lo ordinario. En estas condiciones, conforme a dicho principio, cuando se está ante algún hecho desconocido y sobre éste se tienen dos hipótesis de afirmación distintas, debe atenderse a la más creíble, según la manera ordinaria de ser u ocurrir de las cosas. Dicho de otro modo, lo ordinario se presume frente a lo extraordinario, entendido esto último como lo poco o muy poco creíble, según el modo habitual o común de las cosas. Por tanto, el juzgador puede sustentar su labor decisiva en una regla de razonamiento, a fin de justificar sus resoluciones a partir de la distinción objetiva entre lo ordinario y lo extraordinario, es decir, sobreponiendo la razonabilidad de lo que comúnmente es, por encima de lo que rara vez acontece o es poco creíble o improbable, salvo prueba en contrario. Un ejemplo de lo anterior ocurre cuando, a efecto de justificar el interés jurídico para impugnar la constitucionalidad de una disposición fiscal con el carácter de heteroaplicativa con motivo de una autodeterminación, sea innecesario demostrar que el quejoso efectúa, de hecho o materialmente, la actividad comercial objeto del precepto referido, pues si se acredita con la constancia de situación fiscal que está dado de alta ante la autoridad hacendaria como contribuyente dedicado al régimen de aplicación de la norma reclamada, lo cual se corrobora con sus declaraciones, de las que se advierte que tributa y se autoaplica la disposición impugnada, dirigida a quienes ejercen esa actividad comercial; sin duda que con esos elementos objetivos, el peticionario logra acreditar el interés jurídico en el amparo, con independencia de si ofreció o no pruebas que demuestren que participa materialmente en esa actividad, pues lo jurídicamente preponderante es que los elementos de prueba sean suficientes para sustentar razonablemente que así es.

Las tesis y jurisprudencias anteriormente mencionadas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Séptimo del Acuerdo General número 19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, se consideran obligatorias a partir del lunes 20 de febrero de 2016.


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