Justicia Laboral en México: Una realidad

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Hoy viernes 24 de febrero de 2017, se publica en la página del Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.

Las referidas reformas son las siguientes:

Entre estas disposiciones se encuentra que:

  • En materia laboral, las controversias que se susciten entre trabajadores y patrones, serán resueltas por los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal en sustitución de las todavía existentes Juntas de Conciliación y Arbitraje.
  • La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Sin embargo, antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente:
     

Para el caso de la designación del titular del organismo descentralizado, se realizará mediante terna que el Ejecutivo Federal pondrá a consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente.

  • La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
  • En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
  • El nombramiento:
    • Deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado;
    • que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la designación; y
    • que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso.

Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

  • Tanto los Centros de Conciliación, como el organismo descentralizado, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
     
  • Será competencia exclusiva de las autoridades federales en tratándose de la aplicación de leyes del trabajo:

1.- El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados;

2.     La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas;

3.     Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa;

4.     Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y

5.     Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley correspondiente.

En el referido decreto, se señala que en tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el mismo Decreto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

También establece que los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas en términos de lo previsto por la fracción V del artículo 107 de esta Constitución.

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado, serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio.

Por otro lado, señala que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para la designación del titular del organismo descentralizado.

Es de señalarse, que este decreto refiere que es deber de las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores.

Del mismo modo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo, al organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

En el Decreto expedido por el presidente de la república el día de ayer, se manifiesta que este entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación, por tanto se considera que este decreto se encuentra vigente a nivel nacional a partir del día 25 de febrero de 2017. Si desea consultar la versión oficial, puede hacerlo a través del siguiente enlace:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017

 

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