Tesis y jurisprudencias relevantes de la Revista del TFJA de Octubre 2017



A continuación les presentamos la selección de las tesis y jurisprudencias más relevantes publicadas en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del mes de Octubre 2017.

JURISPRUDENCIA NÚM. VIII-J-1aS-30
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

FORMALIDADES EN MATERIA DE NOTIFICACIÓN. NO SON EXIGIBLES LAS COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 44 Y 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DE ACTAS PARCIALES DE VISITA DOMICILIARIA.-
De la interpretación conjunta a los artículos 44 y 46 del Código Fiscal de la Federación se desprende que, únicamente tratándose de la orden de visita domiciliaria y del acta final de visita, éstas deberán entenderse, tratándose de una persona moral, con el representante legal de la contribuyente y en el supuesto de no encontrarse, se deberá dejar citatorio en el cual se señale la hora y fecha para la realización de la diligencia de notificación, a fin de que se encuentre presente, ya que solamente en el caso de que éste no espere en la fecha y hora indicada en el citatorio, la diligencia podrá entenderse válidamente con la persona que se encuentre en el lugar visitado. Ahora bien, del texto de los numerales en intelección, se desprende que dichas formalidades no son exigibles para las actas parciales de visita, pues éstas únicamente constituyen el reflejo de los actos de ejecución de la orden de visita, motivo por el cual podrán válidamente entenderse con cualquier persona en el domicilio buscado, en el entendido de que previamente se ha hecho del conocimiento de la moral contribuyente que se efectuarían diversas intromisiones en su domicilio, sin que esto implique que se exima a la autoridad fiscalizadora de cumplir en tales actas con las formalidades que legalmente correspondan.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-17/2017)

Tesis
Registro: VIII-P-SS-131

ARTÍCULO 151 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO SE ADVIERTE QUE INCURRA EN VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA NI DE LEGALIDAD.-
De la intención del legislador al redactar la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer como requisito para la deducibilidad de los pagos por concepto de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, que se realizarán a través del sistema financiero, con el objetivo de facilitar el ejercicio de las facultades de fiscalización de la autoridad hacendaria, evitar actos de evasión y elusión fiscales, y mejorar el esquema de control y fiscalización de las deducciones, no se advierte violación a los derechos humanos de seguridad jurídica ni de legalidad, conforme al principio de razonabilidad que se desprende de los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales;de manera que la norma que se analiza no es manifiestamente desproporcionada con la finalidad de evitar la evasión y elusión, así como facilitar la fiscalización a las autoridades hacendarias, al no impedir de manera absoluta que el contribuyente pueda acceder a la deducción en cuestión, pues solo condiciona la procedencia a que elija alguna de las modalidades establecidas en el precepto legal para efectuar el pago. Además de que también prevé para el caso de que el contribuyente estuviese impedido de acceder a los servicios prestados por las instituciones que forman parte del sistema financiero, se le libere de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos por esa disposición legal, evitando así la limitación de forma absoluta el derecho a la deducción.

Tesis
Registro: VIII-P-SS-132

MÉTODO UNILATERAL DE IMPUTACIÓN O  CRÉDITO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL, TRATÁNDOSE DE LOS INGRESOS DE RESIDENTES EN MÉXICO PERCIBIDOS POR DIVIDENDOS  DISTRIBUIDOS POR UN RESIDENTE EXTRANJERO.-
Conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de la distribución de dividendos de un no residente a un residente en México, se identifica como Estado de la Fuente o de Origen al Estado en el que se genera el dividendo, esto es, el país donde reside la sociedad que distribuye y paga los dividendos, -como lo sería Estados Unidos de América-. Por lo que, cuando el dividendo se reparte, el país donde radica la sociedad distribuidora tendrá derecho a exigir el impuesto en la fuente, con independencia de que el Estado del Residente que percibe el dividendo, -como lo sería el Estado Mexicano-, grave a su residente por la percepción de dichos dividendos y se identifica como Estado de Residencia al Estado donde reside el perceptor del dividendo que tendrá el derecho de exigir el impuesto respectivo al accionista que percibió los dividendos; lo cual implica la generación de la doble tributación internacional respecto del perceptor de los dividendos que tanto en el Estado de la Fuente, como en el Estado de la Residencia, se encuentra sujeto al pago de la renta percibida. En esa razón se establecen mecanismos a nivel bilateral, multilateral o unilateral que permiten atenuar o eliminar la doble imposición tributaria internacional. Ahora bien, de los mecanismos unilaterales, estos a su vez se integran por diversos métodos como lo son el de deducción, impositivo especial, el de exención y el de imputación o crédito. En el caso de México el método unilateral de imputación o de crédito para evitar la doble imposición internacional se prevé por el Legislador Federal en el artículo 6o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2001 a favor de los residentes en México.

Tesis
Registro: VIII-P-1aS-202

QUEJA.- SU IMPROCEDENCIA POR PLANTEARSE CUESTIONES AJENAS A LA SENTENCIA DEFINITIVA, DA LUGAR A QUE EL PROMOVENTE LA PRESENTE COMO DEMANDA.-
De conformidad con el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando la Sala Regional, la Sección o el Pleno de la Sala Superior consideren que la queja es improcedente, prevendrá al promovente para que dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del auto respectivo, la presente como demanda cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 14 y 15 de la ley citada, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que deberá ser turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. Cuando el particular en el escrito de queja haya planteado cuestiones que no tienen relación directa con el contenido sustancial de la  sentencia  definitiva que se cumplimenta, pretendiendo que se otorguen mayores alcances que los determinados en la misma, en estos casos, resulta improcedente la queja en tanto que, no es la vía idónea para analizarlas, sino que deben ser resueltas a través de un nuevo juicio, por lo que, se deberá prevenir al promovente para que la presente como demanda en términos del artículo 58 referido.

Tesis
VIII-P-1aS-204

INCOMPETENCIA DE ORIGEN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA EL ESTUDIO DE LA INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO QUE HAYA DICTADO, ORDENADO O TRAMITADO EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.-

De la interpretación realizada a la porción normativa referida, se desprende que una de las causales para declarar la ilegalidad de una resolución administrativa, será cuando se demuestre la incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución, esto es, la facultad que el legislador otorga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es el estudio de la competencia relativa a las facultades que la ley le otorga al servidor para ejercer sus atribuciones, de conformidad con el artículo 16 constitucional, que a diferencia de la legitimidad, esta se refiere a la persona, al individuo nombrado para desempeñar determinado cargo público. En tal virtud, cuando se controvierta la legitimidad del nombramiento del servidor (incompetencia de origen), como lo es, el hecho de que el funcionario no tuviera un nombramiento emitido por una autoridad competente, dicha cuestión no podrá ser materia de análisis para declarar la ilegalidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues la incompetencia de origen es una figura distinta a la incompetencia legal prevista en el artículo en comento.

Criterio Aislado
Registro: VII-CASR-NCI-23

DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. ES IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RELATIVA SUSTENTADA EN EL PAGO VOLUNTARIO DE UN CRÉDITO PRESCRITO.-

De una interpretación sistemática de los artículos 1135 y 1159 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la materia fiscal conforme al artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la prescripción negativa es la forma de librarse de una obligación por el transcurso de determinado tiempo desde que esta pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento; sin embargo, dicha figura de prescripción no elimina en sí el derecho al pago o cumplimiento de la obligación que tiene a su favor un acreedor, sino que únicamente extingue el derecho de este para accionar y exigir el cumplimiento por parte del deudor de forma coercitiva, es decir, la figura de prescripción castiga el abandono al derecho de accionar durante determinado plazo. Por tanto, mientras no prescriba la acción, la obligación es legalmente exigible; en cambio, cuando la acción ya prescribió, la obligación legal se transforma en natural, esto es, que solo conlleva la existencia de una deuda sin responsabilidad patrimonial, dado que no existe orden jurídico que obligue a su cumplimiento. Asimismo, existe la renuncia a la prescripción ganada o consumada, que según los artículos 1141 y 1142 del Código Civil Federal, puede ser de manera expresa o tácita, siendo un ejemplo de esta última, cuando existen actos realizados por el obligado, que admitan como única interpretación de su voluntad, de modo evidente e indiscutible, renunciar a su derecho de oponer dicha figura a su favor, como sería el cumplimiento voluntario de la obligación prescrita ya sea parcial o total. Entonces, si el contribuyente ha pagado de manera voluntaria para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, no tiene derecho de repetir según lo establece el artículo 1894 del Código Civil Federal, lo que quiere decir que no puede aducir que su acreedor se enriqueció indebidamente o que hay un pago de lo indebido, en razón de que la obligación no deja de existir y, por lo tanto, tampoco implica que el acreedor deja de tener derecho de obtener el cumplimiento de la misma, por lo que el pago respecto de un crédito prescrito, realizado de ma- nera voluntaria por el contribuyente obligado, no puede ser considerado como pago de lo indebido y, en consecuencia, resulta improcedente la devolución solicitada por ese con- cepto, derivada de dicho pago.

Tesis
Registro: VIII-P-2aS-167

CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN INOPERANTE. ES AQUEL QUE SE HACE VALER EN CONTRA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA DETERMINACIÓN SE FUNDA EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.-

Es inoperante el concepto de impugnación encaminado a controvertir la aplicación retroactiva del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en perjuicio del demandante, para determinar la inexistencia o simulación de operaciones contenida en la resolución impugnada, si del análisis que se haga del acto controvertido se desprende que dicha inexistencia no fue sustentada en el precepto en mención sino en los diversos artículos 2180, 2181, 2182, 2183 y 2184 del Código Civil Fe- deral, aplicados de manera supletoria a la materia fiscal, que regulan la figura de la simulación de actos; máxime si en la propia resolución se indica que la inexistencia de esos actos jurídicos es exclusivamente para efectos fiscales y no para efectos generales (como se regula en el citado cardinal 69-B); es decir, únicamente se niega su valor en el ámbito tributario para restar eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, contratos y demás documentos relacionados, a efecto de la determinación, devolución o acreditamiento de contribuciones.

Tesis
Registro: VIII-P-2aS-165

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.- ES INFUNDADA LA SOLICITUD DE LA AUTORIDAD PARA QUE SE DESAPLIQUE UNA NORMA CON EL FIN DE QUE SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.-

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que el principio in dubio pro actione debe entenderse en el sentido de que, en caso de duda, debe favorecerse la interpretación que mejor asegure el acceso a la justicia, buscando de esa manera, que la persona pueda acceder a los mecanismos de tutela de sus derechos. De ahí que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben interpretarse y aplicarse estrictamente, lo cual implica que deben estar probadas plenamente y no inferirse a base de presunción, razón por la cual, en caso de duda, dichas causales deben declararse infundadas para privilegiar la procedencia del juicio. De ahí que, ante la solicitud de la autoridad en una causal de sobreseimiento, no es válido desaplicar una norma con el objeto de que el juicio se sobresea, ya que el control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad tiene como objeto tutelar el orden constitucional para la protección de los derechos humanos de los particulares y no para hacerlos nugatorios. Es decir, estimar lo aducido por la autoridad traería como consecuencia violentar el derecho de acceso a la justicia de los particulares en contravención del artículo 17 constitucional y al principio pro actione.

Estas tesis y jurisprudencias serán analizadas en el próximo programa de Sacrilegios Jurisprudenciales.

 


JURISPRUDENCIAS


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