Inconstitucional disposición que vulneraba el "Secreto Bancario"

23/11/2017 | LEGAL CLOUD MRCI
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En sesión de 22 de noviembre de 2017, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo en revisión 502/2017.

En este asunto la Sala declaró que:

Considera que el artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, vulnera el derecho a la privacidad para fines de investigación penal, pues al permitir la interferencia de la actividad ministerial en el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad, resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal, que regula los presupuestos bajo los cuales el Estado, en legítimo ejercicio de su potestad investigadora puede realizar intervenciones en los derechos fundamentales, previa solicitud a autoridad judicial; de ahí que lo declara inconstitucional.

En este caso, el quejoso planteó que el artículo 117, fracción II de la Ley de Instituciones de Crédito, abrogado pero vigente en la época de los hechos delictivos, transgrede su seguridad jurídica, en relación al secreto financiero o bancario como parte del derecho a la privacidad protegido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que otorga facultades a la representación social local de solicitar información que es considerada privada, sin existir autorización judicial.

Este artículo en su primera parte contiene lo que se ha denominado "secreto bancario o financiero", que en términos generales, es posible entender como el deber que tienen las instituciones de crédito de no dar noticias o proporcionar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, salvo cuando así lo disponga la ley o cuando lo faculte el mismo cliente.

Artículo  117. La  información  y  documentación  relativa  a  las  operaciones  y servicios  a  que  se  refiere  el  artículo  46  de  la  presente  Ley,  tendrá  carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo   los   previstos   en   la   fracción   XV   del   citado   artículo   46,   sino   al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán  obligadas  a  dar  las  noticias  o  información  a  que  se  refiere  dicho  párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el   que   el   titular   o,   en   su   caso,   el   fideicomitente,   fideicomisario,   fiduciario, comitente,  comisionista,  mandante  o  mandatario  sea  parte  o  acusado.  Para  los efectos  del  presente  párrafo,  la  autoridad  judicial  podrá  formular  su  solicitud directamente  a  la  institución  de  crédito,  o  a  través  de  la  Comisión  Nacional Bancaria y deValores.

...

Así el secreto bancario guarda relación con la vida privada de los gobernados en su condición de clientes o deudores de las entidades bancarias, en cuanto a que el acceso a la información no es de libre acceso, sino que se refiere a información privada o confidencial. Al respecto, es  aplicable  la  tesis  2a.  LXIV/2008,  emitida  por  la  Segunda  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, mayo de 2008, página 234, que dice:

SECRETO  FINANCIERO O  BANCARIO.  ES  PARTE  DEL  DERECHO  A  LA  VIDA  PRIVADA DEL  CLIENTE  O  DEUDOR  Y,  POR  TANTO,  ESTÁ  PROTEGIDO  POR  LA  GARANTÍA  DE SEGURIDAD   JURÍDICA   EN   SU   VERTIENTE   DE   DERECHO   A   LA   PRIVACIDAD   O INTIMIDAD.

De los artículos 2o., 5o. y 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia,  en  relación  con  el 117  de  la  Ley  de  Instituciones  de  Crédito,  se  advierte  que  el secreto  financiero  o  bancario  guarda  relación  con  la  vida privada  de  los  gobernados,  en  su condición  de  clientes  o  deudores  de  las  entidades  bancarias,  por  lo  que  si  bien  no  está consagrado   como   tal   explícitamente   en   la   Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos Mexicanos,  al  estar  referido  a  la  historia  crediticia  de  aquéllos,  puede  considerarse  como  una extensión del derecho fundamental a la vida privada de la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de los gobernados, protegido por el artículo 16, primer párrafo, constitucional.

Ahora bien, dicho precepto legal en su fracción II, establece excepciones para que las Instituciones bancarias den noticias o información contenida bajo su resguardo entre otras autoridades al Procurador  General  de  la  República  o  el  servidor  público  en quien delegue facultades; los procuradores generales de justicia de  los  Estados  y  del  Distrito  Federal  (hoy  Ciudad  de  México)  o subprocuradores y el Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación de hechos delictivos y la probable responsabilidad penal de los imputados o inculpados.

Por lo que, la Primera Sala sostuvo que esta fracción, vulnera el derecho a la privacidad para fines de investigación penal, pues permitir a la autoridad ministerial interferir en el derecho fundamental a la privacidad o intimidad, resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal que regula los presupuestos bajo los cuales el Estado, en legítimo ejercicio de su potestad investigadora puede realizar intervenciones en los derechos fundamentales, previa solicitud a autoridad judicial.

Atento a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la vida privada, la Primera Sala consideró que la permisión que otorga el precepto impugnado a la autoridad ministerial local, "viola ese derecho", toda vez que la información bancaria no se encuentra otorgada como parte de la facultad de investigación de delitos contenida en el artículo 21 constitucional, menos aún forma parte de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada expresamente protegidas en el artículo 16 de la Constitución Federal. De ahí que la información bancaria que se solicite por parte de la autoridad ministerial debe estar precedida de autorización judicial.

Así, las medidas que adopte el Ministerio Público en el desarrollo de investigación de los delitos y que impliquen afectación a derechos fundamentales, como el de la privacidad sin control judicial, dicha norma aplicable al recurrente debe considerarse trasgresora de derechos fundamentales y, por tanto, inconsitucional.

Por lo anterior, se revocó la sentencia impugnada y se devolvieron los autos al Tribunal Colegiado del conocimiento.

Si desea consultar la publicación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo puede hacer a través de este enlace: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4631


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