Formato de demanda de amparo VS cancelación de cuentas

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QUEJOSA: _________________

ASUNTO: SE INTERPONE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

 

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO ___________________

P R E S E N T E:

C. _______________________, con el carácter de representante legal de ____________________ personalidad que acredito en términos de los instrumentos notariales que adjunto a la presente demanda; con domicilio fiscal ubicado en ________________; señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en ________________________________; autorizando en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, al Licenciado en Derecho PEDRO LOZANO JIMENEZ, con Número de Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 87757, y Numero de Validación 1022415893350958088413143598452, PAULINA MARIELA RAMÍREZ RAMÍREZ, con número de cedula Profesional 6114741, con número de Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 100121, y Código de Validación 10225238698701131095611355356910; WENDY JENYFFER VENEGAS ROJAS, con número de cédula profesional 6822369, con número de Registro Único de profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 134344 y código de validación 109513434424714857111; CARLOS GÓMEZ LUNA con número de cedula Profesional 7714507, con número de Registro Único de profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 125746; MAGDIEL VLADIMIR HERNANDEZ ROBLES, con número de cedula Profesional 10046990, con número de Registro Único de profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 171472, MARCOS PÉREZ ÁNGELES con número de cedula Profesional 9047815, con número de Registro Único de profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 152964, y Código de Validación 10229152174647156171155  y únicamente para imponerse de los autos, así como para oír, recibir acuerdos, notificaciones y demás documentos en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a los CC. GUADALUPE VIVAR ÁLVAREZ Y/O LUIS ALBERTO CRUZ ESPINOSA Y/O OSCAR CABALLERO CERVANTES Y/O LUIS MANUEL LOZANO ANAYA Y/O MIGUEL ROMERO RAMÍREZ Y/O DAYANNA ESTEFANIA HERNANDEZ ESPONDA Y/O AGUSTIN HERNÁNDEZ VARGUEZ Y/O MARITZA RAMÍREZ MEXICANO Y/O PERPETUA CLAMAHUITZOLI AMBROSIO ORTIZ Y/O IVETT BERENICE TEJA RIOS Y/O GABRIELA SOLEDAD PÉREZ ÁNGELES Y/O ALEXIS RAMIREZ ALAVEZ indistintamente, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Con fundamento en el artículo 103, fracción I y 107 de la Carta Magna, en correlación con lo previsto por el artículo 107, fracción II y demás aplicables de la Ley de Amparo, en tiempo y forma legal promuevo JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, en contra de la autoridad y acto que señalaré más adelante, por lo que a efecto de cumplir lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de la materia, menciono lo siguiente:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO O DE QUIEN PROMUEVE A SU NOMBRE: Estos datos se omiten, en virtud de que fueron precisados en el proemio del presente escrito.

 

II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que por la naturaleza del acto impugnado considero que no existe.

III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como tales en términos del artículo 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo a:

  1. El Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio conocido en la ciudad de México.
  2. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con domicilio conocido en la ciudad de México.
  3. El Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con domicilio conocido en la Ciudad de México.
  4. El C. Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con domicilio oficial en la Avenida Insurgentes Sur número mil novecientos setenta y uno en la Colonia Guadalupe Inn de la Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
  5. El Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades “D” de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en la Avenida Insurgentes Sur número mil novecientos setenta y uno en la Colonia Guadalupe Inn de la Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
  6. El Representante legal de BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México.
  7. Gerente de la Sucursal____________ correspondiente a la institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con domicilio en ____________________

IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: Los actos reclamados son los siguientes:

  1. Del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público se reclama:

La orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias de mi representada, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, en especial la cuenta ________________ aperturada en la citada institución bancaria, lo que provoca que la quejosa no pueda dar cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas, entre otros, en el artículo 20 séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación que obliga a realizar el pago de contribuciones mediante los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito, y 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que establece que las erogaciones deberán realizarse a través del sistema financiero.

  1. Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se reclama:
  1. La orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias de mi representada, en especial la cuenta __________________aperturada en la institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Así como la orden verbal o escrita para impedir que mi representada aperture o realice cualquier gestión de sus cuentas bancarias.

 

  1. La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en contra de mí representada, del cual derivó la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar sus cuentas bancarias así como para poder aperturar o realizar cualquier movimiento dentro de las mismas.
  1. Del C. Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades “D” de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se reclama:

 

  1. La orden verbal o escrita dirigida  para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias de mi representada, en especial la cuenta __________________aperturada en la institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Así como la orden verbal o escrita para impedir que mi representada aperture, o realice cualquier gestión de sus cuentas bancarias.

 

  1. La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en contra de mí representada, del cual derivo la orden de bloquear, cancelar, suspender o revocar sus cuentas bancarias, así como para poder aperturar o realizar cualquier movimiento dentro de las mismas.
  2. Toda orden verbal o escrita dirigida a la Institución bancaria BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, para que bloque, cancele, suspenda o revoque la totalidad de las cuentas bancarias de mi representada, e impida disponer de los recursos que existen en dichas cuentas en especial la cuenta ____________aperturada en la citada institución bancaria.
  1. Al representante legal de BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y Gerente de la Sucursal________________, se reclama:

El bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias de mi representada así como el impedimento de disponer de los recursos que existe en dicha cuenta, en especial la cuenta ________________ aperturada en la citada institución bancaria, lo que provoca que la quejosa no pueda dar cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas entre otros en el artículo 20 séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación que obliga realizar el pago de contribuciones mediante los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito y 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que establece que las erogaciones deberán realizarse a través del sistema financiero.

V.- DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS VIOLADOS: Se viola en perjuicio de mi representada los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso contenido, libertado de trabajo, contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 25, 31, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI.- HECHOS.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los siguientes:

  1. Ahora bien, tomando en cuenta que el sistema financiero constituye una infraestructura básica de la economía de un país y que actualmente, ninguna persona moral puede realizar actos de comercio y cumplir con sus obligaciones fiscales sin por lo menos uno de estos servicios, con fecha ______________ en la ciudad de ______________, mi representada celebró un contrato de Productos y Servicios Múltiples con la institución bancaria “BBVA BANCOMER” S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, en donde se le asignó el número de cuenta bancaria ________________.
  2. Sin embargo, resulta ser que el día de hoy uno de mis clientes al pretenderme realizar un deposito a la cuenta bancaria _________me informó que dicha cuenta se encuentra bloqueada tal como se aprecia en la siguiente imagen:

INSERTAR IMAGEN

Por lo anterior, de manera inmediata me traslade a la institución financiera referida, a pretender realizar algún movimiento respecto de la cuenta bancaría de mi representada, informándoseme de manera verbal que no era posible acceder a mí solicitud en virtud de que las cuentas bancarias de mi representada fueron bloqueadas por presunción de lavado de dinero (sic) y que por lo tanto, la institución se encuentra imposibilitada a continuar ejecutando cualquier acto, operación, o servicio con la quejosa o cualquier tercero que actué en nombre y representación lo que impide realizar movimiento bancario alguno, incluyendo el de realizar retiros bancarios.

Ahora bien, se manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se me hada dado conocer ni notificado, mandamiento escrito de autoridad competente emitido por cualquiera de las autoridades señaladas como responsables en el que se informe, el motivo, causa, o razón particular por la cual fueron bloqueadas, canceladas, suspendidas, o revocadas las cuentas bancarias de la quejosa, dejándola pues en completo estado de indefensión, violando con ello los derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrado en los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII.- CAPÍTULO DE PROCEDENCIA

El juicio de amparo que se promueve en contra de las autoridades señaladas como responsable sí es procedente al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 1 y 5 fracción II de la Ley de Amparo.

El artículo 1 y 5 fracción II de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:

Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: …

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."

El citado precepto establece que tendrá el carácter de autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, inclusive los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Ahora bien, las porciones normativas enunciadas retomó los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir a las autoridades responsables, pero agregó un aspecto diverso que lo es el particular como autoridad responsable.

En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 1º de la Ley de Amparo dispone en su párrafo último que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; en tanto el diverso artículo 5°, fracción II, de la propia Ley de Amparo, señala que autoridad responsable es la que –con independencia de su naturaleza formal– dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos –u omisiones– equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

De donde se advierte que el concepto de autoridad responsable, queda desvinculado de la naturaleza formal de autoridad y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas; y la interpretación psicológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo –que le dio origen– el alcance de esta nueva disposición, al tenor de las consideraciones siguientes:

DICTAMEN CÁMARA DE SENADORES

"[...]

Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5, fracción II del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el "enemigo a vencer" por el gran  poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la "garantía individual" de supra-subordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad, y por lo mismo la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que bien dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones.

El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales.

La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados de tal suerte en que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos.

La tutela, respeto y protección de este tipo de derechos debe verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales.

La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino que también provienen de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar.

Y finalmente la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada.

En muchos casos de la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también a los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano.

En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea por su disposición normativa lo contempla expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en legislación secundaria y en interpretación jurisprudencial.

En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos.

Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. En casos paradigmáticos sobre el tema en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a las del Estado.

En otros casos donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva.

A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión.

DICTAMEN CÁMARA DE DIPUTADOS (...) Entre otras innovaciones, se define el acto de autoridad independientemente de la naturaleza formal de la persona que lo emitió, cuya potestad derive de una norma general y abstracta, que sea unilateral e imperativa sobre el quejoso, que sea asimilable por ley a una función pública y que no tenga un medio adecuado o vía ordinaria para remediarlo que lo deje en estado de indefensión, ampliando el concepto de autoridad responsable.

Como se advierte, en el proceso legislativo de la nueva Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial la interpretación de esas hipótesis atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado.

Por tanto, es de resaltar que autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo es:

a. La autoridad, con independencia de su naturaleza formal que:

  • Dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.
  • Omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

b. El particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que cumplan con lo siguiente:

  • Afecten derechos.
  • Las funciones deben estar determinadas por una norma general.

Por tanto, para determinar si el actuar u omisión de un particular encuadra dentro de la categoría de autoridad responsable, debe no sólo analizarse el acto en sí, sino además que afecten derechos y que deriven de las facultades u obligaciones establecidas en una norma.

Para ello es de desarrollar esas dos figuras.

Afectación de derechos. Ésta se debe entender aquel daño o perjuicio que se ocasiona en la esfera jurídica del gobernado ya en su interés jurídico, legítimo o colectivo, 26 de aquellos derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales del que el Estado mexicano sea parte, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las funciones deben estar determinadas por una norma general. Una norma general es aquella que goza de las características de generalidad y abstracción; esto es, no basta que la norma no provenga del Poder Legislativo para que pierda la característica de general, pues existen actos formalmente administrativos –del Poder Ejecutivo– que tiene la naturaleza de acto administrativo y no de una ley, precisamente por el órgano del que emana, pero lo cierto es que materialmente puede gozar de las características de una norma general, tales como generalidad, abstracción y obligatoriedad.

Ahora bien, conforme a dicho precepto legal, previamente transcrito entre las clasificaciones de qué tipo de particulares son los que se puedan considerar con éstas características, se encuentran las siguientes:

1. El carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, queda desvinculado de su naturaleza formal, por tanto, el ente particular tendrá el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando emite actos en forma unilateral, coercitiva y obligatoria.

2. El acto que emite, ejecuta o trata de ejecutar dicho particular, crea, modifica o extingue la situación jurídica preexistente de otro particular.

3. El particular emite actos – sea que lo haga en forma apegada o contraria a derecho- en base a funciones o atribuciones determinadas por una norma general, sin que para ejecutarlos requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado, lo que guarda relación con el hecho de que la potestad para ejecutarlos emana de facultades previstas en la norma.

4. El particular realiza “actos equivalentes de autoridad”, alejado de su ámbito privado o particular convencional, entendiéndose que los particulares no se ubican en el ámbito privado, cuando su ejecución implica un actuar que se asemeja a un actuar autoritario proveniente del Estado.

Como ejemplo decirse que esto se puede presentar, cuando un particular ejecuta actos en detrimento de los derechos fundamentales de otro particular, al amparo de una concesión que le fuera otorgada para administrar un bien del dominio público de la Federación, con la finalidad de que este preste un servicio público que originalmente corresponde al Estado prestarlo, caso en el cual se verifica o se ubica dicho proceder en una situación de supra a subordinación.

Lo anterior encuentra fundamento, en las consideraciones contenidas en las ejecutorias por medio de los cuales diversos Tribunales Federales resolvieron los medios de impugnación de las que posteriormente emanaran los siguientes criterios:

AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma.[1]

 

ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. El acto que se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado.[2]

 

ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: “AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.”, el concepto jurídico de “autoridad responsable” lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable.[3]

 

AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad.[4]

 

ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: “II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.”. Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su “equivalencia” debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo.[5]

 

Bajo esa orden de ideas, BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO si tiene la calidad de autoridad responsable por las siguientes razones:

  1. El servicio de banca múltiple solo lo pueden prestar las entidades que forman parte del sistema financiero siendo que dicho servicio es público, por lo que, su cancelación, revocación, suspensión o bloqueo constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del amparo ante el grado de afectación que produce.

A fin de sustentar dicha afirmación es conveniente señalar la Ley de Instituciones de Crédito, en los preceptos que nos interesan establecen lo siguiente:

“ARTICULO 1o.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.”

“ARTICULO 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:

I. Instituciones de banca múltiple, y

II. Instituciones de banca de desarrollo.

Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

                […]”

TITULO SEGUNDO

De las Instituciones de Crédito

 

CAPITULO I

De las Instituciones de Banca Múltiple

 

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones Generales

 

“ARTICULO 8o.- Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable del Banco de México. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.

 

                […]”

 

 

TITULO TERCERO

De las Operaciones

 

CAPITULO I

De las Reglas Generales

 

“ARTICULO 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

 

I. Recibir depósitos bancarios de dinero:

 

                […]

 

XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

Las instituciones de banca múltiple únicamente podrán realizar aquellas operaciones previstas en las fracciones anteriores que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, previa aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por los artículos 9o. y 46 Bis de la presente Ley.

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, dentro de la regulación que deban emitir en el ámbito de su competencia, deberán considerar las operaciones que las instituciones de banca múltiple estén autorizadas a realizar conforme a lo previsto en los artículos 8o., 10 y 46 Bis de esta Ley, y diferenciar, cuando lo estimen procedente, dicha regulación en aspectos tales como la infraestructura con que deberán contar y la información que deberán proporcionar, entre otros. Asimismo, se podrán considerar los modelos de negocios o características de sus operaciones.”

 

CAPITULO IV

De los Servicios

 

“ARTICULO 77.- Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos en el artículo 46 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada atención a los usuarios de tales servicios.”

 

Conforme dichos dispositivos legales el servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:

 

 

En ese sentido es claro que el servicio de banca y crédito son prestados exclusivamente por instituciones de banca múltiple o bien instituciones de banca de desarrollo.

Por lo anterior, tenemos que se cumple con la característica consistente en que la actuación de un articular esté supeditada por una norma general, como lo es en el presente caso la Ley de Instituciones de Crédito, pues esta, prevé que los servicios de banca múltiple y de desarrollo, serán prestados exclusivamente por Instituciones de Crédito, además, los servicios que estas podrán prestar, están contempladas y reguladas por la misma Ley, específicamente en su artículo 46, pudiendo autorizarse análogas o conexas previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al respecto, ese H. Juzgador, no puede soslayar que la norma general en comento resulta ser de orden público y observancia general en términos de su artículo 1°, cuyo objeto consiste en:

  • Regular el servicio de banca y crédito.
  • La organización y funcionamiento de las instituciones de crédito.
  • Las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo.
  • La protección de los intereses del público.
  • Los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.

De tal manera, que toda Institución de Banca Múltiple como en el presente caso lo es ____________, actúa y funciona en observancia a una norma general -Ley de Instituciones de Crédito-, la cual, en primera instancia, tiene como finalidad regular todos los servicios bancarios que son prestados dentro del Sistema Bancario Mexicano, y de forma particular, faculta al Gobierno Federal (art. 8) para otorgar las autorizaciones a la iniciativa privada para poder operar dentro de dicho sistema como una institución de banca múltiple o de desarrollo, estableciendo los requisitos y procedimientos para tal efecto.

Así como también, la misma Ley prevé las actividades y operaciones que pueden ser realizadas por estas instituciones, con la finalidad de salvaguardar el interés público. Siendo entonces evidente, que el acto reclamado no puede ser considerado dentro de un plano de coordinación o de igualdad entre particulares, debido a que sus efectos y alcances, en todo momento son regulados por la Ley de Instituciones de Crédito y en teoría, por el Estado, quien tiene a cargo la rectoría del Sistema Bancario Mexicano.

Considerar lo contrario, sería tanto como hacer nugatoria la eficacia de la Ley de Instituciones de Crédito, pues si bien, gran parte de la banca en nuestro sistema mexicano se encuentra privatizada, por alguna razón, el legislador ordinario consideró necesario reconocer que los servicios prestados por estos “particulares” tienen una trascendencia para el orden público, tan esa así, que solo pueden ser prestados a través de figuras jurídica exclusivas (instituciones de banca múltiple y de desarrollo), que cumplan con ciertos requisitos, y que además, sus actuaciones se ven circunscritas a la actividades y operaciones que la misma ley establece.

Ahora bien, por lo que respecta a la característica de unilateralidad que debe cumplir el acto reclamado a la “autoridad responsable”, tenemos que la primera de ellas se encuentra perfectamente demostrada, ya que como se verá más adelante, la decisión de restringir, bloquear y/o cancelar las cuentas bancarias de mi representada, no fue puesta a consideración de mi representada, sino únicamente constituye una manifestación unilateral de la voluntad de la responsable.

Sustento de lo anterior, resulta aplicable la tesis siguiente:

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.[6]

Por otra parte, las características de imperio y coercitividad del acto reclamado, se actualizan desde el momento en que la Institución Bancaria, es quien tiene a su alcance las herramientas para ordenar la restricción, bloqueo y/o cancelación de las cuentas bancarias de mi representada, así como para hacer efectiva tal decisión, sin oportunidad de que mi representada pueda hacer valer en su contra algún recurso o medio de defensa para modificar esa decisión.

Para demostrar lo anterior, basta traer a colación la definición de “imperio” que nos proporciona el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española:

IMPERIO.

1. Hist.  Potestad de decidir sin contestación.

2. Hist. Potestad que residía en el soberano y, por delegación, en ciertos señores o magistrados, para decidir las causas civiles y penales e imponer las penas correspondientes.

De la definición anterior, podemos advertir que el acto reclamado cumple cabalmente con la característica de ser una resolución emitida con imperio, toda vez, que en el presente caso la quejosa no tiene reconocido derecho alguno para controvertir la decisión de la autoridad.

Además, como es propiamente la responsable quien tiene el uso y control de los medios para proporcionar los servicios bancarios, tiene toda la facultad para hacer coercitiva su decisión, ya que tanto material como formalmente, la quejosa no se encuentra en aptitud de oponerse, rechazar, modificar o suspender los efectos y alcances del acto reclamado, mismo que resultan ser de imposible reparación.

Es así, pues la utilización de servicios de banca y crédito resulta obligatoria para el contribuyente o gobernado dado que diversas disposiciones establecen la obligación de utilizar dichos servicios para realizar sus operaciones como las establecidas en el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Procedencia Ilícita mismas que se desarrollaran más adelante.

Por lo tanto, la actividad financiera es un servicio público prestado exclusivamente por ciertas entidades pues sin este, cualquier gobernado o contribuyente no podrán cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. Lo anterior es así dado que:

1) Es una actividad fundamentalmente privada que no está reservada al Estado.

2) No obstante ser de índole privada, reviste un interés general muy arraigado.

3) Es una actividad dirigida al público.

4) Se desarrolla en régimen de autorización y no de concesión, configurándose un régimen jurídico especial reglamentario, es decir, sus actos se rigen por una Ley formal y material así como las disposiciones reglamentarias.

En este orden de ideas, tratándose de un servicio de interés general, de gran impacto en la vida económica del país y relevancia para sus usuarios, no es permisible que una institución financiera prive en forma arbitraria a un usuario de dicho servicio público y básico, pues de lo contrario no le permitiría cumplir con sus obligaciones constitucionales, legales o solamente ejercer sus derechos, dado que la utilización de una cuenta bancaria por ejemplo no es una concesión graciosa del particular sino la imposición de una obligación mediante leyes previamente establecidas de tal forma que no es opción del contribuyente decidir si cuenta con una cuenta bancaria.

 

 

 

Así entonces, la institución financiera adquiere la naturaleza de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando, bloquee, revoque, cancele o suspenda una cuenta bancaria o cualquier servicio financiero dada la afectación de imposible reparación que produce dicha actuación.

Lo anterior, aunado a que, el bloqueo de la cuenta bancaria o la restricción de acceso al sistema financiero, debe de estar suficientemente motivada, y además basada en razones que válidamente puedan justificar su cierre o bloqueo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. De lo contrario, se podría permitir a las instituciones bancarias públicas o privadas, negarse a ofrecer los servicios de cuenta corriente a un usuario sin que medien motivos objetivos y legítimos para ello, siendo que, no existe procedimiento o mecanismo alguno que permita al contribuyente inconformarse ante una actuación caprichosa o arbitraria, lo que redunda aún más en el estado de indefensión en a que puede estar ubicado frente a la actuación de una institución financiera.

Por lo tanto, el bloqueo, revocación, cancelación o restricción de una cuenta bancaria o de un servicio financiero bajo actuaciones que carecen de lo más esencial de motivación o justificación legitima para ello, hacen procedente el juicio de amparo, dado que dicho acto afecta en grado predominante los derechos fundamentales de libertad de comercio, legalidad, debido proceso, seguridad económica, previsto en el artículo 5, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado que también, impide el cumplimiento de las obligaciones de los gobernados, como lo es, contribuir al gasto publico previsto en el artículo 31 fracción IV de nuestra carta Magna, por lo que se constituyen de aquellos actos que el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, prevé como actos de autoridad.

Lo anterior, dado que al exponer el bloqueo, cancelación, suspensión o restricción de las cuentas bancarias de la quejosa a las consideraciones vertidas por el Poder Judicial de la Federación, es posible determinar que dicho acto si se constituye como de autoridad.

  1. El acto que se le atribuye, lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación.

En efecto, la cancelación o cierre de la cuenta bancaria es un acto unilateral, ejecutado sin la intervención del particular o quejoso. Modificando, o en su caso, extinguiendo situaciones jurídicas, en el caso el particular, está impedido de realizar operaciones afines a su actividad así como de cumplimiento de diversas obligaciones.

Lo anterior es así, dado que la quejosa no tiene el deseo de dejar de recibir el servicio financiero en comento, por ser una necesidad para su subsistencia como persona moral; y con ello, la decisión de la institución financiera se torna obligatoria, pues se está bloqueando la cuenta bancaria, sin dar la oportunidad de que dicha decisión sea reconsiderada, modificada, combatida, etc., así como tampoco se otorgó la oportunidad a mi mandante para conocer los motivos de dicho bloqueo.

  1. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y

Los actos emanados de una institución bancaria como lo es BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, se encuentran determinados por la Ley de Instituciones de Crédito, la cual resulta ser una norma de orden público y observancia general, que tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito.

La cual, además, precisa que dichos servicios solo pueden ser prestados por personas con características especiales, como lo es el caso de una institución de banca múltiple, cuya constitución solo puede ser realizada con aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con la opinión favorable del Banco de México; las cuales pueden prestar solo aquellos servicios permitidos por la ley, como podría ser el de “contratos de productos y servicios múltiples”

Por lo tanto, el acto reclamado en el presente caso, se encuentra determinado y regulado por la Ley de Instituciones de Crédito, acto que se hizo insistir en la cancelación, bloqueo, suspensión, cierre o revocación de la cuenta bancaria y servicios múltiples a nombre de mi mandante.

  1. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado.

En el caso no lo hay, dando que no existe precepto legal alguno que permita al contribuyente poder defenderse en contra del bloqueo de su cuenta bancaria y al haber violaciones a derechos protegidos por la constitución, es viable la promoción del Amparo.

Resulta aplicable la siguiente tesis:

INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA CANCELACIÓN DE UNA CUENTA BANCARIA EMBARGADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que las instituciones de crédito son personas morales de derecho privado y, por regla general, contra sus actos es improcedente el juicio de amparo, también lo es que cuando actúan en auxilio de una autoridad judicial, en virtud del trámite de un juicio en el que se embargaron cuentas bancarias, su intervención se equipara a la de una autoridad ejecutora, ya que son las que materialmente bloquean las cuentas e impiden que el usuario o beneficiario realice cualquier operación financiera respecto de éstas. Por tanto, si una institución de las indicadas inobservó la orden judicial dada en los términos descritos y canceló las cuentas, con la consecuente devolución del numerario correspondiente a la persona que se designó como beneficiario, también dicho acto debe considerarse como de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, ya que no se realizó en un plano de coordinación, sino de supra a subordinación, máxime que las instituciones de crédito actúan conforme lo estatuye una norma general y, ante la duda de si el acto reclamado proviene de una autoridad que tiene la calidad de responsable para los efectos del amparo, debe otorgarse la posibilidad al particular de acudir a un recurso judicial efectivo que, en el caso, es el juicio para la protección de los derechos fundamentales, previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a que si el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo otorga la calidad de autoridad a los particulares -con ciertos requisitos-, con mayor razón cuando una institución de crédito es autoridad ejecutora, en el desempeño de funciones bancarias, debe ser garante de los derechos humanos, por ser parte de un ente público, con obligaciones generales, principalmente las previstas en el artículo 1o. constitucional; entonces, la autoridad señalada como responsable, al cancelar las cuentas incurrió no sólo en un desacato a una orden judicial, como fue el embargo a aquéllas, sino que además, violó posibles derechos humanos relativos al patrimonio de otras personas, es decir, con el acto de autoridad no sólo se actualizó una violación a la seguridad jurídica como derecho humano y al principio de legalidad, sino que hubo un quebranto al orden jurídico nacional por un particular, lo que evidentemente no puede permitirse por el juzgador, en cumplimiento a lo que dispone el artículo indicado en último término.[7]

INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, dispone que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, si bien las instituciones bancarias son personas morales de derecho privado y, por regla general, contra sus actos es improcedente el juicio de amparo, cuando actúan en auxilio del Ministerio Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el aseguramiento de cuentas bancarias decretado en averiguación previa, su intervención se equipara al de una autoridad ejecutora, ya que son las que materialmente "bloquean" las cuentas objeto del aseguramiento ministerial e impiden, en algunos casos, que el usuario realice cualquier otra operación financiera ante ellas; actuar que es susceptible de afectar derechos fundamentales del cuentahabiente, entre otros aspectos, porque le impiden la libre disposición de su numerario, aunado a que dicho proceder se encuentra regulado por la Ley de Instituciones de Crédito, que es una norma de carácter general; lo anterior permite afirmar que en la hipótesis apuntada, los bancos, como auxiliares de la representación social en la fase de ejecución del aseguramiento de cuentas bancarias decretado en la averiguación previa, intervienen como autoridad en cumplimiento de una disposición legal y no como particulares con motivo de la relación contractual que tienen con el titular de aquéllas.[8]

 

Entonces, adminiculando las consideraciones anteriores, podemos concluir que en el presente caso la cancelación injustificada del contrato de apertura de cuenta bancaria de mi representada, constituye un acto de autoridad en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, pues independientemente de la naturaleza formal del ente que emitió el acto reclamado, este fue emitido de forma unilateral, obligatoria, modificando una situación jurídica en perjuicio de mi representada, y creando un plano de supra subordinación.

Resulta ilustrativo el criterio siguiente:

UNIVERSIDADES PRIVADAS. LA OBLIGACIÓN IMPUESTA A SUS ALUMNOS DE USAR UNA PULSERA, BRAZALETE U OTRO DISTINTIVO ANÁLOGO, PARA DIFERENCIAR A QUIENES HAN PAGADO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE PRESTAN, ES UN ACTO DE PARTICULAR EQUIVALENTE A LOS DE AUTORIDAD, IMPUGNABLE EN EL AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 12/2002 estableció, conforme a la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública e integran la entidad política a la que pertenecen (Federación o Estado); están dotadas legalmente de autonomía en términos del artículo 3o., fracción VIII (actualmente fracción VII), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, al regirse por normas de carácter general expedidas por el respectivo Congreso, o por tener la facultad de expedirlas a través de una cláusula legal habilitante, pueden ser autoridad para efectos del juicio de amparo, respecto de actos realizados con sus alumnos. Ahora bien, en términos de los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, las universidades privadas, prestadoras del servicio de educación superior que corresponde originariamente al Estado, son particulares que pueden realizan actos equivalentes a los de autoridad, al desarrollar funciones similares a las universidades públicas autónomas, siempre que: a) dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido, b) afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, c) sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Es así, pues al igual que las universidades públicas, cuentan con la autorización que les confiere el citado precepto constitucional, sus funciones están reguladas en los artículos 54 a 58 de la Ley General de Educación y tienen facultad de establecer la forma en que prestan sus servicios educativos, siempre y cuando se encuentren apegados a los planes educativos aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Por tanto, la obligación que impone una universidad privada a sus alumnos, de usar una pulsera, brazalete u otro distintivo análogo, para diferenciar a quienes han pagado los servicios educativos que presta, es un acto de particular equivalente a los de autoridad, impugnable en el amparo indirecto, porque dicha medida se emitió acorde con una norma general que le confiere autonomía para crear situaciones jurídicas que habrán de regir para sus alumnos y, con ello, es susceptible de afectar el derecho humano a la educación.[9]

Aunado a lo anterior, el juicio de amparo es procedente porque el acto reclamado carece de fundamentación y motivación lo que es una violación directa a la Constitución, no procede medio de defensa legal alguno. En todo caso, la determinación de la calidad de la autoridad responsable no es un tema de auto inicial sino una cuestión de fondo que debe resolverse solo en audiencia constitucional. Resulta aplicable la siguiente tesis:

AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si cualquier acto reclamado, relacionado con la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad, en ejercicio de su facultad constitucional, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, al no existir actualmente jurisprudencia de carácter obligatorio que defina en ese supuesto, si la Comisión Federal de Electricidad tiene o no dicho carácter, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo, tomando en cuenta la reforma constitucional y legal en materia energética, para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual, debe admitirla, sin perjuicio de que al dictar sentencia lleve a efecto el análisis referido.[10]

 

  1. Procedencia del juicio de amparo dado que la utilización del sistema financiero es una obligación prevista en una Ley formal y material.

Además, para estudiar la PROCEDENCIA del Juicio de Amparo no podemos perder de vista que existen diversos servicios financieros que brindan las Instituciones Bancarias, y que depende en la prestación de cuál de ellos se está cometiendo el ACTO RECLAMADO, que a manera de ejemplo se citan los servicios siguientes:

  1. Cuentas de ahorro.
  2. Cuentas de inversión.
  3. CUENTAS EMPRESARIALES.

Dicha distinción es necesaria para analizar la PROCEDENCIA del juicio de Amparo pues, no en la prestación de todos los servicios el Banco cuenta con el carácter de AUTORIDAD, ello puesto que en tratándose de las cuentas de ahorro y de inversión pudiera generalizarse que se trata de un acto entre particulares regido por la legislación mercantil. Empero, dicha premisa no puede prevalecer en tratándose de CUENTAS EMPRESARIALES, ello ya que no debemos soslayar el motivo o causa por el cual una “EMPRESA” –como la ahora quejosa- abrió una cuenta bancaria, para en primer término derivó de una decisión voluntaria o un verdadero imperio de ley.

El origen o motivo del porqué una empresa o persona con fines lucrativos abre una cuenta bancaria más que a un acto de voluntad obedece a un cumplimiento ya sea de obligaciones legales o para el cumplimiento de condicionantes para hacer efectivos derechos en materia fiscal. ´Por ejemplo en el caso en concreto mi representada tiene como actividad preponderante la de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS XXXXXX, la cual conforme a los artículos 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 27 del Código Fiscal de la Federación tiene la obligación de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, para efectos de cumplir al Gasto Público por la causación de ese impuesto.

Sin embargo, también por disposición Constitucional es imperativo que dicha contribución se realice de manera PROPORCIONAL y equitativa, y para efectos del Impuesto Sobre la Renta, esa proporcionalidad solamente se refleja DISMINUYENDO DE LA BASE DEL IMPUESTO LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS, y para que una persona moral como ésta quejosa los requisitos que deben de cumplir sus deducciones, entre otros, son:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

 

III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

Como vemos, para que una contribuyente como ésta quejosa pueda dar efectos fiscales válidamente a una erogación (con la finalidad de contribuir sobre una base que efectivamente refleje su verdadera capacidad) si ésta excede del monto de $2,000.00, NECESARIAMENTE TIENE QUE REALIZARSE A TRAVÉS DEL SISTEMA FINANCIERO, y es por ello que existe el producto denominado CUENTA EMPRESARIAL.

Entonces, de un análisis sistémico de las disposiciones legales que rigen a una persona moral con fines lucrativos, vemos que, NO ES POR VOLUNTAD SINO POR CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES LEGALES, que tiene que abrir una cuenta bancaria empresarial en el sistema financiero, pues se insiste, el marco legal en el que se desenvuelve así lo exige para determinado cumplimiento de formalidades esenciales a que está sujeta.

Por ello, en el caso particular de cancelación o negativa de apertura de CUENTAS EMPRESARIALES, se debe estudiar la participación de la Institución Bancaria bajo una óptica totalmente distinta a los demás productos financieros, pues se insiste, mientras en el caso de las cuentas de ahorro y de inversión se tratan de servicios opcionales, en el caso de las CUENTAS EMPRESARIALES el marco normativo que justifican su existencia IMPONEN A SUS TITULARES SU USO OBLIGATORIO, so pena de incumplir con formalidades legales que afectan directamente su patrimonio; entonces LA PARTICIPACIÓN DEL BANCO RESPONSABLE entorno a ese servicio corresponde al de una verdadera AUTORIDAD.

En otras palabras, el marco legal actual, impone la obligación a los contribuyentes de que PREVIO A LA REALIZACIÓN de sus operaciones de comercio, DEBEN OBTENER UNA CUENTA BANCARIA EMPRESARIAL, para que dichas operaciones sean válidas en determinados ámbitos, como lo son el fiscal, incluso, en determinadas actividades como lo son la de Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, existe expresamente la prohibición de realizar sus operaciones a través del USO DE EFECTIVO, exigiendo que éstas se realicen a través del SISTEMA FINANCIERO tal y como se lee del artículo 32, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante LFPIORPI), que para un mejor proveer se transcribe:

LFPIORPI

Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes:

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

En el caso de ejemplo, la realización de las operaciones comerciales no son únicamente para hacer efectivos derechos (deducciones), sino que constituyen una OBLIGACIÓN LEGAL EXPRESA; por lo que para poder concluir que efectivamente el uso de CUENTAS BANCARIAS EMPRESARIALES no se trata de un servicio adquirido voluntariamente, sino del cumplimiento de una obligación, debemos reconocer que la existencia de dicho producto puede conceptualizarse de la manera siguiente:

 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que para estudiar la procedencia del presente Juicio de Amparo, ese Juez de Distrito no debe perder de vista que la cancelación o no apertura de las cuentas bancarias EMPRESARIALES, no se trata de uno los servicios bancarios a los que un particular puede voluntariamente acceder, sino que se trata de un servicio que POR IMPERATIVO DE LEY los contribuyentes deben adquirir para a través de éste cumplir tanto obligaciones (LFPIORPI) como condicionantes de efectividad de derechos (deducciones), y que por esa razón en particular la posición de la Institución Bancaria en el caso reclamado sí es realmente el de una AUTORIDAD al ser su producto el que por disposición legal debe utilizar mi representada para los fines antes expuestos.

  1. Procedencia del juicio de amparo dado que el bloqueo, cancelación, inmovilización, o suspensión de la cuenta bancaria o del sistema financiero es un acto de imposible reparación material que afecta derechos fundamentales.

Al respecto, el tema relativo al bloqueo, cancelación de una cuenta bancaria o impedimento legal para realizar operaciones a través del sistema financiero, constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo.

Más aún, el tema relativo al aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias ha sido considerado tradicionalmente como un acto inconstitucional, que hace que el amparo sea procedente.

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia:

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 145-A, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, al establecer el mecanismo de aseguramiento precautorio de bienes en el supuesto de que los contribuyentes se nieguen a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que están obligados, es violatorio de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no existe una relación congruente con el fin planteado por la norma y la medida precautoria, pues la oposición del gobernado a proporcionar su contabilidad no tiene un significado patrimonial que justifique el aseguramiento de bienes, cuando se controvierte una norma legal restrictiva de la libertad o que tiene un contenido de afectación patrimonial, pues en tal caso es pertinente establecer si la medida adoptada por el legislador puede considerarse racional o adecuada en tanto exista una relación entre la medida y el fin constitucionalmente autorizado, por lo que el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, toda vez que la persecución del contribuyente no debe hacerse a través de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.[11]

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER DICHA MEDIDA CUANDO LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS SE OPONGAN, IMPIDAN U OBSTACULICEN FÍSICAMENTE EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO GUARDAR RACIONALIDAD NI PROPORCIONALIDAD CON SU FINALIDAD. Si bien es cierto que el aseguramiento de bienes es una medida apta para conseguir que las resoluciones y determinaciones fiscales se cumplan cuando los particulares quieran faltar a sus obligaciones tributarias, en tanto puede impedirles continuar con el desarrollo normal de sus actividades, como sucede cuando se aseguran sus cuentas bancarias o su negociación, pues ello naturalmente propiciará una respuesta inmediata ante tal situación, también lo es que al controvertirse una disposición restrictiva de la libertad o que tiene un contenido de afectación patrimonial, es pertinente establecer si la decisión del legislador puede considerarse racional o adecuada, en tanto exista una relación de instrumentalidad entre ésta y el fin pretendido, porque no puede tratar de alcanzarse objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos protegidos por la Norma Suprema. Por tanto, el artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, al establecer el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente cuando éste, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, transgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no guardar dicha medida racionalidad ni proporcionalidad con su finalidad, pues la oposición del gobernado a que las autoridades desarrollen sus atribuciones de fiscalización no implica la preexistencia de una obligación patrimonial que justifique una acción cuyo alcance es de esa naturaleza. Además, si bien es cierto que la Constitución Federal autoriza al legislador a dotar al fisco de mecanismos que le permitan actuar eficazmente cuando los contribuyentes intenten incumplir con sus obligaciones (objetivo constitucionalmente legítimo), también lo es que ello no puede lograrse a través de una restricción patrimonial desmedida, como ocurre con el mencionado aseguramiento.[12]

 

  1. Procedencia del juicio de amparo porque la cancelación revocación de cuentas bancarias o restricción al sistema financiero es un acto que debe ser fundado y no de ser abusivo, capricho o arbitrario de acuerdo derecho comparado.

En el caso de la Corte Constitucional de la Republica de Colombia, determinó la procedencia del medio de defensa interpuesto vía constitucional en contra de la cancelación de cuentas bancarias realizada (de forma unilateral) por una institución bancaria; en dicha resolución el Pleno basó su análisis en dos puntos:

  1. La autonomía privada.
  2. Libertad contractual de las entidades financieras.

 

Partiendo de dichos aspectos, la Corte Constitucional de la Republica de Colombia determinó que, las entidades financieras como personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria, independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en ejercicio de una autorización del Estado para cumplir uno de sus fines, que es el de la prestación de los servicios públicos, por lo cual gozan de algunas prerrogativas, pero igualmente se obligan a cumplir condiciones mínimas de derechos de los usuarios.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, en la sentencia en comento se analizó la procedencia de la acción de tutela contra actos de entidades financieras particulares (página 22 de la sentencia que se adjuntó en el correo de antecedentes), en donde se destacó lo siguiente:

  1. No existe norma expresa que prevea la procedencia de esa acción contra entidades financieras particulares.
  2. Diferencia entre una actividad dirigida a prestar un servicio público y una prestación de servicio público.
  3. Un particular al asumir la prestación de la actividad bancaria adquiere una posición de supremacía material frente al usuario.
  4. Las personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en ejercicio de una autorización del estado para cumplir uno de sus fines que es el de la prestación de un servicio público.

Por otra parte, dentro de la sentencia en comentario (hoja 2, 3 y 4) se puede destacar los derechos siguientes:

DERECHO DE ACCESO A LA ACTIVIDAD FINANCIERA/DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Garantía a la aptitud negocial

Se encuentra prohibida la sanción que elimine indefinidamente la posibilidad de acceder a las actividades económicas lícitas, dentro de ellas, el ingreso a la actividad bancaria. Por lo tanto, la constitucionalización de la personalidad jurídica implica una especial garantía a la aptitud negocial, pues la transgresión del núcleo esencial de este derecho fundamental apareja la protección inmediata de la acción de tutela.

DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO EN IGUALDAD DE CONDICIONES

(…)

Si bien las libertades económicas no son derechos fundamentales per se y que, además, pueden ser limitados ampliamente por el Legislador, no es posible restringirlos arbitrariamente ni es factible impedir el ejercicio, en igualdad de condiciones, de todas las personas que se encuentren en condiciones fácticamente similares. Es viable predicar la ius fundamentalidad de estos derechos cuando se encuentren en conexidad con un derecho fundamental[i]

Lo anterior deja de manifiesto la procedencia del amparo en contra de la cancelación de cuentas bancarias de forma unilateral por las instituciones financieras, toda vez que con independencia a su naturaleza como particulares, llevan a cabo actos que califican como realizados por autoridades, situación que violenta la esfera jurídica de la quejosa.

Por ultimo y a efecto de demostrar que resulta procedente la admisión del presente juicio de amparo, no omito señalar que ha sido criterio reiterado por los Tribunales de ese H. Poder Judicial de la Federación, el admitir a trámite dicho juicio de amparo en virtud de las consideraciones vertidas por el DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, al resolver la Queja 57/2017, que dio origen a la Tesis de rubro: I.13o.C.14 K (10a.), al tenor siguiente:

Ahora bien, este tribunal considera que, en el caso, el auto inicial del juicio de amparo, no es la etapa procesal adecuada para que la Juez de Distrito esté en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado referido, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta.

Ciertamente, la quejosa le atribuye a la institución bancaria que señala como autoridad responsable, un acto unilateral de terminación arbitraria de la relación jurídica consistente en la prestación de servicios bancarios que tenía contratados con aquélla, alegando que con ello extingue una situación jurídica existente entre las partes, por lo que le atribuye la calidad equiparable al acto de autoridad. 

Por lo cual, es necesario tener a la vista las manifestaciones de la persona moral señalada como responsable y LAS PRUEBAS QUE APORTEN LAS PARTES PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA ACTUÓ O NO CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA AUTORIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5O., FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.

Por tanto, la Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, puesto que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, materia común, página 829 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos."

Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número III.5o.A. J/6 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, octubre de 2016, Tomo IV, materia común, página 2505 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:28 horas», en la que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró:

"AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. El auto indicado no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, pues, por regla general, en esa etapa del procedimiento el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, no debe desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes."

Consecuentemente, es evidente que con los elementos que contaba la Juez de Distrito al momento de emitir el auto inicial de la demanda de amparo, no puede considerarse que se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que invocó.

Incluso, de conformidad a los principios de generalidad, abstracción e impersonalidad, resulta aplicable por analogía el siguiente criterio:

AUTO INICIAL DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL ADECUADA PARA CALIFICAR SI LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE ACTÚAN EN AUXILIO DE AUTORIDADES PENALES, MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, TIENEN LA CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Cuando las instituciones bancarias actúan en auxilio de las autoridades penales, mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el aseguramiento de cuentas bancarias, su intervención se equipara a la de una autoridad ejecutora, ya que son las que materialmente "bloquean" las cuentas objeto del aseguramiento e impiden, en algunos casos, que el usuario realice cualquier otra operación financiera ante ellas, lo cual constituye una afectación a derechos fundamentales, al impedir al particular disponer de su patrimonio. Lo relevante es que el proceder de las instituciones bancarias, se encuentra regulado en sentido amplio, en los artículos 115 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y 4, fracciones XVIII, XIX y XIX bis, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, dichos preceptos no regulan en específico el caso de que se ordene un bloqueo de cuentas bancarias por la posible comisión de un delito, o derivado de asuntos penales, lo que podría generar discrecionalidad en el proceder de la institución bancaria y elimina su carácter de mero auxiliar obligado de esas autoridades y otorga imperio, en un plano de supra a subordinación, sobre el gobernado, de ejecutar o decidir respecto a la cancelación o congelamiento de cuentas. Por ese motivo, la sola circunstancia de ser particulares no basta para sostener que no son equiparables a una autoridad, pues debe valorarse y resolverse si los particulares a los cuales el quejoso atribuyó el carácter de responsable, actúan conforme a la ley cuando inmovilizan y/o congelan una cuenta bancaria; por lo que es menester contar con más elementos a efecto de dilucidar válidamente esa cuestión. De ahí que, el auto inicial del juicio de amparo, no es la actuación procesal adecuada para que el Juez de Distrito esté en posibilidad jurídica y material de precisar si el acto reclamado referido, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que, en esa etapa del procedimiento, únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez Federal no puede desechar la demanda, bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis sobre si la institución bancaria en cuestión realiza algún acto de ejecución.[13]

Máxime aún que el acto cuya constitucionalidad se cuestiona, no se reclama únicamente a los funcionarios de la Institución Financiera señalados, sino también, a diversas autoridades administrativas que se encuentran obligadas a rendir informes justificados y que forman parte ya de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público toda vez que la quejosa desconoce si fueron las responsables quienes ordenaron la cancelación de las cuentas bancarias por conducto de la institución financiera.

Lo anterior dio origen la Criterio siguiente:

 

Época: Décima Época

Registro: 2014781

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 44, Julio de 2017, Tomo II

Materia(s): Común

Tesis: I.13o.C.14 K (10a.)

Página: 1033

 

INSTITUCIÓN BANCARIA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ETAPA PROCESAL ADECUADA PARA DETERMINAR SI LE ASISTE O NO LA CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN UNILATERAL DE AQUÉLLA DE DAR POR CONCLUIDA LA RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS CON UNO DE SUS CLIENTES. De acuerdo con el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es procedente contra actos de particulares a quienes les asista la calidad de autoridades responsables; sin embargo, cuando se promueve el juicio constitucional contra actos de alguna institución bancaria, a la que se le reclama la determinación unilateral por virtud de la cual da por concluida la relación de prestación de servicios bancarios con uno de sus clientes, el auto inicial de trámite no es la etapa adecuada para determinar si a dicha institución le asiste o no la calidad de autoridad responsable, en tanto que, el juzgador de amparo únicamente cuenta con lo expresado por la quejosa en su demanda y, en su caso, con los anexos de ésta. Consecuentemente, en dicha etapa no puede advertirse de manera manifiesta e indudable si a la institución bancaria le asiste o no la calidad de autoridad responsable, pues para determinar si actuó o no con las características de autoridad es necesario realizar un estudio profundo con base en sus manifestaciones y las pruebas aportadas por las partes, lo que es propio de la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional, por lo que no procede desechar de plano la demanda de amparo.

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Queja 57/2017. 26 de abril de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Arturo Ramírez Sánchez. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretario: Jorge Bautista Soria.

 

Esta tesis se publicó el viernes 14 de julio de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

En consecuencia, resulta materia de estudio del fondo del asunto el determinar o bien, se den a conocer a la quejosa los motivos y fundamentos que llevaron a las autoridades responsables a ordenar la cancelación de sus cuentas bancarias.

Entonces, una vez demostrada la procedencia del presente juicio de amparo indirecto, me permito hacer valer en contra del acto reclamado, los siguientes:

 

VIII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

 

PRIMERO. EL ACTO RECLAMADO ES INCONSTITUCIONAL Y VIOLA EN PERJUICIO DE MI REPRESENTADA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO NUMERAL 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONCRETAMENTE EN SU PÁRRAFO NOVENO, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 37, 38, 39, 40 Y 41 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LO ANTERIOR PORQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE BLOQUEA, CANCELA, SUSPENDE O REVOCA LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA QUEJOSA, IMPIDIENDO O RESTRINGIENDO CON ELLO, SU ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO, LO ANTERIOR BASANDOSE EN UNA ARBITRARIA PRESUNCIÓN DEL LAVADO DE DINERO, SIN QUE ELLO HAYA SIDO DETERMINADO POR AUTORIDAD COMPETENTE O DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL.

 

En efecto, para comprender el planteamiento acabado de realizar, es menester puntualizar el hecho de que los artículos 14 y 16 constitucionales, custodian en su contenido las garantías de legalidad, de certeza jurídica y consecuentemente el derecho a un debido proceso, en ese sentido, lo que esta parte quejosa expondrá en el presente concepto de violación es la manera en la que la autoridad responsable, consistente en el representante legal de la institución de crédito denominada __________________________ violó en perjuicio de mi representada el principio de legalidad y de seguridad jurídica al bloquear, cancelar, suspender o revocar sus cuentas bancarias, sin sujetarse al procedimiento que se encuentra previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, concretamente en su artículo 115, en relación con las reglas 37, 38, 39, 40 y 41 de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En ese orden de ideas, es pertinente señalar que los preceptos constitucionales acabados de mencionar, señalan lo siguiente:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

De los numerales acabados de insertar se desprende, en lo que importa al caso en particular, lo siguiente:

  • Que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio, mismo que deberá seguirse ante los tribunales previamente establecidos, en el cual deberá cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que se desprenderán de las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate.
  • Así mismo se desprende que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente en la que se funde y motive la causa legal del procedimiento en cuestión.

Ahora bien, como ya se dijo, de los preceptos constitucionales citados, se puede apreciar la existencia de los principios de legalidad, de certeza jurídica y de debido proceso, todos ellos como antecedente o requisito necesario para afectar válidamente la esfera jurídica de los particulares. Esto es, ni el Estado a través de su administración centralizada, desconcentrada o descentralizada, ni mucho menos una institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano, actuando en funciones de autoridad, tienen la potestad de ordenar o ejecutar actos que violenten la esfera de derechos de algún particular, como en el caso lo es mi representada.

En ese sentido, desde este momento me permito reiterar que la violación constitucional que se denuncia a través del presente concepto de violación consiste en que la institución de crédito denominada __________________________ ha impedido que mi representada acceda al sistema financiero mexicano a través del bloqueo o inmovilización de sus cuentas bancarias, haciendo descansar su determinación en la presunción de que la aquí quejosa participa en operaciones relacionadas con la actividad denominada “Lavado de dinero” o “Blanqueo de capitales”, lo cual, no necesariamente implica una violación constitucional, lo que si la constituye, es el hecho de que la referida institución de crédito arribe a dicha determinación sin que la misma haya sido definida o declarada por una autoridad constitucional o administrativa facultada para ello.

En el caso, como se precisó anteriormente el acto reclamado tiene las siguientes características concretas:

 

Sin embargo, no debe pasarse por alto el hecho de que, en el caso concreto la autoridad está limitando el derecho de la quejosa a disponer de sus bienes o bien, de su patrimonio, sin hacer circular dicha decisión por un filtro mínimo de legalidad y de constitucionalidad, lo que genera que se den las violaciones de las que se viene hablando y que se ilustran en el esquema que se inserta en líneas anteriores. Mismas que, como ya se ha dicho, constituyen una violación a la que le reviste el carácter de arbitrariedad, dado que a través de la decisión unilateral, imperativa y coercitiva del representante legal de la institución de crédito denominada ________________________ se está limitando a mi representada para que disponga de sus recursos propios, o bien, para que disponga de ellos en relación con terceros, y lo que es más, se le está colocando en una clasificación de personas que presuntamente realizan, o han realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita, y/o relacionadas con actos de “Lavado de dinero” o “Blanqueamiento de capitales”, sin que ello haya derivado de la sustanciación de un procedimiento judicial, administrativo o ministerial.

Lo cierto es que, se insiste, la autoridad responsable en el presente juico de amparo, se condujo de manera arbitraria en relación con la aquí quejosa, pues si bien es cierto que el párrafo noveno del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con las reglas 37, 38, 39, 40 y 41 de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establecen un procedimiento para incluir a algún usuario de los servicios de las instituciones de crédito que integran el sistema financiero mexicano en una lista de usuarios bloqueados, lo cierto es que en el caso, dicho procedimiento no fue colmado por la responsable.

De lo anterior se desprende que, de no conducirse con la arbitrariedad con la que lo hace, el representante legal de la institución de crédito señalada como autoridad responsable, debió haber agotado el procedimiento administrativo a que se refiere el párrafo noveno del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, de conformidad, desde luego, con las disposiciones de carácter general que en relación con el mismo ha establecido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para entender cuál es el procedimiento del que se viene hablando, es pertinente transcribir las porciones normativas que lo detallan, misas que al efecto establecen lo que sigue:

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Artículo 115.- En los casos previstos en los artículos 111 a 114 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico.

En los casos previstos en los artículos 114 Bis 1, 114 Bis 2, 114 Bis 3 y 114 Bis 4 de esta Ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de quien tenga interés jurídico. Dicha Secretaría requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos.

Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre:

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y

b. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y bancarias que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información. Los reportes deberán referirse cuando menos a operaciones que se definan por las disposiciones de carácter general como relevantes, internas preocupantes e inusuales, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas disposiciones de carácter general emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las instituciones de crédito deberán observar respecto de:

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;

b. La información y documentación que dichas instituciones deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;

c. La forma en que las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo;

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento;

e. El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y procedimientos que se establezcan en las propias disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, y

f. El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de cumplimiento en la materia, al interior de cada institución de crédito.

Las instituciones de crédito deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las instituciones de crédito, quienes estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.

Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas.

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley.

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las instituciones de crédito, así como por los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en el artículo 107 Bis, 109 Bis 5, segundo y tercer párrafos de la presente Ley, con multa equivalente del 10% al 100% del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refiere este artículo; con multa equivalente del 10% al 100% del monto de la operación inusual no reportada o, en su caso, de la serie de operaciones relacionadas entre sí del mismo cliente o usuario, que debieron haber sido reportadas como operaciones inusuales; tratándose de operaciones relevantes, internas preocupantes, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera, no reportadas, así como los incumplimientos a cualquiera de los incisos a., b., c., e. del quinto párrafo de este artículo, se sancionará con multa de 30,000 a 100,000 días de salario y en los demás casos de incumplimiento a este precepto y a las disposiciones que de él emanen multa de 5,000 a 50,000 días de salario.

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito, sus miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

De lo cual se desprende que las instituciones de crédito tienen la obligación de suspender de manera inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. Así mismo, señala que la lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.

En estricta relación con la obligación que el párrafo noveno de la porción normativa supra citada establece a cargo de las instituciones de crédito, el párrafo décimo del mismo numeral establece que dicha obligación dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elimine de dicha lista al cliente o usuario en cuestión.

Y lo que es más importante, el párrafo décimo primero del multi aludido numeral señala que la manera en la que se llevará a cabo la ejecución de las referidas facultades se encuentra contenida en las disposiciones de carácter general que al efecto establecerá la Secretaría de Hacienda, en las que se señalarán los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas. Por ello, es pertinente traer al cuerpo del de cuenta, el contenido de las referidas reglas que resultan aplicables, mismas que al efecto establecen lo que sigue:

CAPITULO VI

REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES

37ª.- Por cada Operación Inusual que detecte una Entidad, esta deberá remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, el reporte correspondiente, dentro de un periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir de que se genere la alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el empleado de la Entidad, lo que ocurra primero. Al efecto, las Entidades deberán remitir los reportes a que se refiere esta Disposición, a través de medios electrónicos y en el formato oficial que para tal fin expida la Secretaría, conforme a los términos y especificaciones señalados por esta última. En el evento de que la Entidad de que se trate detecte una serie de Operaciones realizadas por el mismo Cliente o Usuario que guarden relación entre ellas como Operaciones Inusuales, o que estén relacionadas con alguna o algunas Operaciones Inusuales, o que complementen a cualquiera de ellas, la Entidad describirá lo relativo a todas ellas en un solo reporte.

38ª.- Para efectos de determinar aquellas Operaciones que sean Inusuales, las Entidades deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en forma aislada o conjunta:

I. Las condiciones específicas de cada uno de sus Clientes, como son, entre otras, sus antecedentes, el grado de Riesgo en que lo haya clasificado la Entidad de que se trate, así como su ocupación, profesión, actividad, giro del negocio u objeto social correspondiente;

II. Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realicen sus Clientes o, en su caso, sus Usuarios que tengan registrados y, tratándose de Clientes, la relación que guarden con los antecedentes y la actividad económica conocida de ellos;

III. Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las Operaciones que realicen los Clientes o, en su caso, los Usuarios que tengan registrados;

IV. Las Operaciones realizadas en una misma cuenta, así como aquellas llevadas a cabo por un mismo Usuario con moneda extranjera, cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al perfil transaccional del Cliente o que, respecto de aquellas realizadas por Usuarios, se pueda inferir de su estructuración una posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por las Entidades para efectos de estas Disposiciones;

V. Los usos y prácticas crediticias, fiduciarias, mercantiles y bancarias que priven en la plaza en que operen;

VI. Cuando los Clientes o Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o documentos de identificación correspondientes, señalados en los supuestos previstos al efecto en las presentes Disposiciones, o cuando se detecte que presentan información que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos;

VII. Cuando los Clientes o Usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de las Entidades, con el propósito de lograr su cooperación para realizar actividades u Operaciones Inusuales o se contravengan las presentes Disposiciones, otras normas legales o las políticas, criterios, medidas y procedimientos de la Entidad en la materia;

VIII. Cuando los Clientes o Usuarios pretendan evadir los parámetros con que cuentan las Entidades para reportar las Operaciones a que se refieren las presentes Disposiciones;

IX. Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios respecto de los cuales la Entidad de que se trate no cuente con una explicación, que den lugar a cualquier tipo de suspicacia sobre el origen, manejo o destino de los recursos utilizados en las Operaciones respectivas, o cuando existan sospechas de que dichos indicios o hechos pudieran estar relacionados con actos, omisiones u Operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400Bis del mismo ordenamiento legal;

X. Cuando las Operaciones que los Clientes o Usuarios pretendan realizar involucren países o jurisdicciones: a) Que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes, o b) Que, a juicio de las autoridades mexicanas, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo de los que México sea miembro, no cuenten con medidas para prevenir, detectar y combatir dichas operaciones, o bien, cuando la aplicación de dichas medidas sea deficiente. Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Secretaría pondrá a disposición de las Entidades a través de medios de consulta en la red mundial denominada Internet, la lista de los países y jurisdicciones que se ubiquen en los supuestos señalados en dicho párrafo;

XI. Cuando una transferencia electrónica de fondos sea recibida sin la totalidad de la información que la debe acompañar, de acuerdo con lo previsto en la 16ª de las presentes Disposiciones;

XII. Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente o Usuario opera en beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, sin que lo haya declarado a la Entidad de que se trate, de acuerdo con lo señalado en las presentes Disposiciones o bien, la Entidad no se convenza de lo contrario, a pesar de la información que le proporcione el Cliente o Usuario a que se refiere el segundo párrafo de la 31ª de estas Disposiciones, y

XIII. Las condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que hayan señalado dedicarse a la misma actividad, profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto social. Cada Entidad deberá prever en el documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos a que se refiere la 64ª de las presentes Disposiciones, o bien, en algún otro documento o Manual elaborado por la propia Entidad, los mecanismos con base en los cuales deban examinarse los antecedentes y propósitos de aquellas Operaciones que, conforme a las presentes Disposiciones, deban ser presentadas al Comité para efectos de su dictaminación como Operaciones Inusuales. En todo caso, los resultados de dicho examen deberán constar por escrito y quedarán a disposición de la Secretaría y la Comisión, por lo menos durante diez años contados a partir de la celebración de la reunión del Comité en que se hayan presentado tales resultados. Para facilitar el proceso de identificación de Operaciones Inusuales, la Secretaría deberá asesorar regularmente a las Entidades y proporcionar guías, información y tipologías que permitan detectar Operaciones que deban reportarse conforme a las presentes Disposiciones. Asimismo, en el proceso de determinación de las Operaciones Inusuales a que se refiere la presente Disposición, las Entidades deberán apoyarse en sus documentos de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos a que se refiere la 64ª de las presentes Disposiciones y, además de esto, considerarán las guías elaboradas al efecto por la Secretaría y por organismos internacionales y agrupaciones intergubernamentales en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, de los que México sea miembro, que dicha Secretaría les proporcione.

39ª.- En el supuesto de que una Operación Relevante sea considerada por la Entidad de que se trate como Operación Inusual, esta deberá formular, por separado, un reporte por cada uno de esos tipos de Operación.

40ª.- Para la elaboración de reportes de Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes, las Entidades tomarán en cuenta las propuestas de buenas prácticas que, en su caso, dé a conocer la Secretaría. Asimismo, para efectos de lo señalado anteriormente, las Entidades podrán observar lo previsto en la55ª de las presentes Disposiciones. Con la finalidad de mejorar la calidad de los reportes antes mencionados, la Secretaría remitirá a las Entidades, con una periodicidad de al menos cada tres meses, de acuerdo con los lineamientos contenidos en las propuestas de buenas prácticas referidas en el párrafo anterior, informes sobre la calidad de los reportes de Operaciones Inusuales y Operaciones Internas Preocupantes que estas le presenten.

41ª.- En caso de que una Entidad cuente con información basada en indicios o hechos concretos de que, al pretenderse realizar una Operación, los recursos pudieren provenir de actividades ilícitas o pudieren estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal, esa misma Entidad, en el evento en que decida aceptar dicha Operación, deberá remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de las 24 horas contadas a partir de que conozca dicha información, un reporte de Operación Inusual, en el que, en la columna de descripción de la Operación, se deberá insertar la leyenda "Reporte de 24 horas". De igual forma, en aquellos casos en que el Cliente o Usuario respectivo no lleve a cabo la Operación a que se refiere este párrafo, la Entidad deberá presentar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, el reporte de Operación Inusual en los términos antes señalados y, respecto de dichos Usuarios, proporcionará, en su caso, toda la información que sobre ellos haya conocido.

Asimismo, cada Entidad deberá reportar como Operación Inusual, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, cualquier Operación que haya llevado a cabo con las personas a que hace referencia el último párrafo de la 68ª de las presentes Disposiciones.

Para efectos de lo previsto en esta Disposición, las Entidades deberán establecer en sus documentos de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos a que se refiere la 64ª de las presentes Disposiciones, aquellos conforme a los cuales su personal, una vez que conozca la información de que se trata, deba hacerla del conocimiento inmediato del Oficial de Cumplimiento de la Entidad, para que este cumpla con la obligación de enviar el reporte que corresponda.

Lo dispuesto en la presente Disposición será procedente sin perjuicio de las acciones tomadas por las Entidades de acuerdo con lo convenido con sus Clientes conforme de lo estipulado entre ambas partes.

Ahora bien, de las citadas reglas, se desprende la existencia de un procedimiento especial que las instituciones de crédito se encuentran obligadas a seguir en el caso de que detecten de cualquiera de sus usuarios una operación de las que las mismas instituciones de crédito han calificado como inusuales. En efecto, dicho procedimiento tiene lugar de la siguiente manera:

  • Si la institución de crédito a través de su comité de comunicación y control, detecta una operación inusual de las mencionadas en la regla 2ª de las disposiciones de carácter general relativas al artículo 115 de la Ley General de Instituciones de Crédito, debe remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un reporte, mismo que le hará llegar en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de que genere la alerta por medio de su sistema. Lo anterior revela que para que dicho informe pueda ser remitido a la Secretaría de Hacienda, deberá primero emitir una alerta en su propio sistema. Además, dicho reporte deberá ser remitido a través de medios electrónicos y también a través del formato que al efecto haya expedido la propia secretaría.
  • Ahora bien, la calificación de inusual en una operación, no puede recaer de manera arbitraria en algún movimiento bancario realizado por algún cliente, sino que deberán ceñirse a los parámetros establecidos en las disposiciones de carácter general de las que se viene hablando, mismos que, de manera resumida, son los siguientes:
  • Se deben considerar los antecedentes del cliente, así como su actividad económica o giro comercial, ocupación y grado de riesgo adquirido.
  • Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realice el cliente.
  • Los montos que se consideran inusuales, así como la complejidad y modalidad de las operaciones realizadas por los clientes.
  • Las operaciones realizadas con moneda extranjera.
  • Los usos y practicas crediticias que priven en la plaza en la que se opera.
  • Cuando un cliente se niegue a proporcionar información que le sea requerida, o bien, proporcione información falsa o apócrifa.
  • Cuando un cliente intente sobornar, persuadir o intimidar a algún funcionario bancario con la finalidad de que colabore en la realización de alguna operación inusual.
  • Cuando se presenten hechos extraordinarios en virtud de los cuales se genere alguna suspicacia en la institución de crédito, respecto al origen, manejo o destino de los recursos del cliente en cuestión.
  • Cuando los recursos de las cuentas de los clientes, se muevan a entidades o jurisdicciones en las que se tenga conocimiento de que se aplican regímenes fiscales preferentes.

Considerando que en el caso concreto, se niega lisa y llanamente que mi representada haya incurrido en alguno de los supuestos de la regla 38ª de las Disposiciones Generales relativas al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se estima que el actuar del representante legal de la institución de crédito denominada ______________________ es inconstitucional, pues presume que mi representada se encuentra realizando o colaborando con la realización de actos vinculados al lavado de dinero o blanqueo de capitales, sin que para ello haya mediado el desarrollo de un procedimiento administrativo, judicial o ministerial, en el que con audiencia de partes, respetando el derecho de audiencia de cada una de ellas, y a través de parámetros objetivos, se haya determinado la situación jurídica o financiera de mi representada.

Igualmente se niega lisa y llanamente que, en el supuesto jamás concedido de que mi representada haya incurrido en alguna de las conductas señaladas en la regla 38ª de las Disposiciones Generales relativas al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, las autoridades señaladas como responsables hayan realizado, previo a la inmovilización de mis cuentas, el procedimiento señalada en el presenta concepto de violación.

Por las consideraciones anteriores, se estima que la responsable ha violado en perjuicio de mi representada, los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y al debido proceso  de mi representada, por lo que se considera pertinente conceder en su favor el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que se desbloqueen, des inmovilicen o se levante la suspensión que sobre ellas se ha depositado.

SEGUNDO. EL ACTO RECLAMADO VIOLA LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1, 5 Y 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUES EL BLOQUEO, CANCELACIÓN, REVOCACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA CUENTA BANCARIA Y ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS IMPIDE A LA QUEJOSA EJERCER LIBREMENTE SU ACTIVIDAD COMERCIAL, ES DECIR, VIOLENTA DE MANERA DIRECTA SU DERECHO AL TRABAJO.

Conforme a lo anterior, resulta necesario citar el contenido de los preceptos constitucionales antes mencionados, que rezan:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale

[…]

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

[…]

 

Acorde con lo anterior, nuestra Ley Suprema consagra a favor de cualquier persona el derecho a ejercer la profesión, industria, comercio o trabajo que a sus intereses convenga, estableciendo como única ocasión para esto que dicha profesión, industria o comercio se encuentre regulada dentro del marco legal.

Precisado lo anterior, resulta de suma importancia el derecho humano tutelado en tales artículos, pues el trabajo como derecho humano resulta necesario para alcanzar una vida digna, por lo que todas las personas, sin discriminación alguna, tienen derecho a su plena y efectiva realización.

Ahora bien, tratándose de las personas morales, el derecho humano al trabajo se traduce en el derecho que le asiste a estas para desarrollar la actividad comercial para la que fueron creadas, siendo que al mismo tiempo, el trabajo es una actividad útil de las personas que les permite producir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y en especial las de sus clientes. De esta manera, el trabajo es comprendido no sólo como un medio de supervivencia sino también como un medio de bienestar social y desarrollo económico de la Nación, dado que permite el desarrollo personal y la aceptación e integración social de quien realiza una labor o trabajo, en el caso de las personas morales representa una oportunidad de trabajo para personas físicas, dependiendo del caso, y además beneficia a la Nación, en virtud de que mientras más personas realicen una actividad comercial licita, mayor será el crecimiento económico de la Nación.

Por consiguiente, es de precisar que el derecho al trabajo no se circunscribe solamente al trabajo a sueldo o a lo que se conoce como empleo, pues abarca todas las actividades humanas que le permiten a las personas “ganarse” la vida, ya sea mediante el ejercicio de una profesión para las personas físicas o mediante el libre ejercicio de la actividad comercial para la persona moral.

En ese mismo orden de idas, los multi mencionados artículos en supra, tutelan otra garantía para el gobernado, pues no sólo le otorgan el derecho a dedicarse a lo que a sus intereses convenga y a desarrollar libremente su actividad comercial, sino que además, prevé la obligación del Estado de garantizar el libre ejercicio de dicho derecho para las personas, realizando las gestiones necesarias para tal efecto y adecuando la legislación de un modo que facilite su ejercicio, tal como lo ha establecido nuestro máximo tribunal en el siguiente criterio Jurisprudencial:

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste.[14]

 

Del anterior criterio adoptado por la Suprema Corte de la Nación se desprende la obligación del Estado y las Instituciones, en sus funciones de supra a subordinación con el gobernado, de respetar, promover y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas, entre los cuales se encuentra el derecho humano al trabajo, de tal manera que deberá tomar medidas necesarias para incentivar la actividad comercial y que esta no se vea impedida de ninguna manera por causas injustificadas o arbitrarias.

Atendiendo a lo anterior, es de precisar que para que una persona moral pueda realizar diariamente su actividad económica, es necesario que realice gastos con los cuales pueda cumplir con sus obligaciones y solventar sus necesidades y las de sus clientes, es decir, a diario debe realizar diversos movimientos en sus cuentas bancarias, que se traducen en gastos e ingresos erogados y percibidos, respectivamente, tal como se ilustra a continuación:

FLUJO EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL:

Del diagrama anterior, se puede apreciar la importancia para una persona moral de disponer de sus cuentas bancarias para el desarrollo de su actividad comercial, pues este flujo se ve materializado en los servicios que presta la quejosa a sus clientes y en su propia relación profesional con los mismos de la siguiente manera:

  • En el punto de vista particular, la quejosa se encuentra imposibilitada de cumplir con sus obligaciones fiscales en los términos que la Ley le establece, pues no puede disponer de su cuenta bancaria, lo cual constituye un requisito necesario para pagar sus contribuciones y por lo tanto no puede cumplir con su derecho humano al trabajo, puesto que esta supeditado a cumplir con sus obligaciones fiscales.
  • En cuanto al ejercicio de su actividad con sus clientes, si la quejosa no puede cumplir sus obligaciones fiscales para prestar sus servicios conforme a la Ley recibir ingresos por medios de transferencias bancarias y/o depósitos, en consecuencia sus clientes no pueden hacer deducible ese concepto, ocasionando que estos últimos se abstengan de seguir contratando sus servicios profesionales.

Lo anterior es así conforme a lo dispuesto por los artículos 20 del Código Fiscal de la Federación y 27 la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que establecen que estas actividades sólo podrán ser ejecutadas y remuneradas a través de transferencias electrónicas:

Código Fiscal de la Federación

Artículo 20.- Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate.

[…]

Se aceptará como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos, los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito, de conformidad con las reglas de carácter general que expida el Servicio de Administración Tributaria. Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $1,924,820.00, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a $329,970.00, efectuarán el pago de sus contribuciones en efectivo, transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, tarjetas de crédito y débito o cheques personales del mismo banco, siempre que en este último caso, se cumplan las condiciones que al efecto establezca el Reglamento de este Código. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las contribuciones que por instrucción de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica.

[…]

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

[…]

III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de $2,000.00. Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros. Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, deberán contener la clave en el registro federal de contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del beneficiario".

En el precepto legal antes citado se encuentra prevista la forma en la que la quejosa deberá ejercer su actividad económica, tocante a la ejecución, materialización y cobro de sus servicios, debiendo cumplir con su obligación de contribuir mediante transferencia electrónica o cheque nominativo, siendo que ambas formas deberán provenir de una cuenta bancaria a nombre de la contribuyente, ahora quejosa.

En ese entendido, el hecho de que esa autoridad responsable cancele o inmovilice las cuentas bancarias de la actora se traduce en una afectación de imposible reparación material, pues durante ese lapso la quejosa no podrá realizar sus actividades económicas conforme a la ley pues no puede cumplir con los requisitos y obligaciones que la Ley impone para tal efecto, causando un perjuicio en su patrimonio y poniendo en riesgo su misma existencia. Lo anterior toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 del Código Fiscal de la Federación y 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a contrario sensu, si la quejosa no puede disponer de una cuenta bancaria a su nombre, no podrá ejercer su actividad comercial al no poder cumplir con los requisitos y contribuciones que la Ley le ordena para tal efecto, siendo que contrario a garantizar el ejercicio de su actividad comercial, de subsistir el acto reclamado, se estaría imposibilitando el ejercicio de dicho derecho y desincentivando el mismo al resto de los gobernados.

Lo anterior sin que pase desapercibido que dentro del sistema financiero existen diversas entidades financieras con las cuales la quejosa puede contratar, sin embargo, aunado al hecho de que derivado de esta circunstancia, ninguna otra institución financiera ha aceptado contratar con la quejosa y, aun suponiendo que dichas instituciones aceptaran contratar con la quejosa, la misma es libre de decidir el servicio financiero que más convenga a sus intereses, siendo que el actuar de una autoridad no debe obligar al particular a realizar actos como contratar servicios financieros sin que estos convengan con sus intereses pues de ser así se le estaría coaccionando en el ejercicio de sus derechos.

Además, el acto reclamado resulta discriminatorio y contrario a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las autoridades responsables están cuartando el ejercicio del derecho al trabajo de la quejosa en un plano de desigualdad con los demás contribuyentes que se dedican a las mismas actividades.

En ese plano, es de precisar que las actividades preponderantes de la quejosa son las mismas que se aprecian en su Constancia de Situación Fiscal y que se insertan a continuación:

[----Insertar Captura de la CSF----]

Una vez dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, las autoridades responsables están cancelando las cuentas bancarias de la quejosa atendiendo al flujo de capital que existe derivado del ejercicio de sus actividades comerciales, clasificándolo como lavado de dinero sin siquiera haber seguido algún procedimiento previo, siendo que el objeto social que persigue y desarrolla la quejosa es el consistente en:

- - -

Sin embargo, existen diversos contribuyentes que realizan la misma actividad comercial sin que las entidades financieras les hayan cancelado sus cuentas bancarias, por lo que no cabe certeza de los motivos o fundamentos por los cuales las autoridades responsables hayan determinado este trato desigual para la quejosa con el resto de los contribuyentes que ejercen la misma actividad económica, es decir, sin haber expuesto los motivos y fundamentos legales por los cuales a pesar de ser la misma actividad comercial la ejercida por la quejosa, a su juicio, resulta lavado de dinero, mientras que la desarrollada por diversos contribuyentes no contraviene con ninguna disposición legal.

Al respecto, resulta aplicable la siguiente JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, de texto y rubro siguiente:

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.[15]

 

Conforme a lo anterior, el acto reclamado resulta un acto discriminatorio que violenta de manera directa en perjuicio de la quejosa su derecho al trabajo y al libre desarrollo de su actividad comercial, previsto en los artículos 1, 5 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al cancelar las cuentas bancarias de la misma, la autoridad responsable se encuentra imposibilitando a la quejosa para ejercer su actividad económica conforme a las disposiciones legales previamente establecidas para tal efecto, en específico con lo dispuesto por los artículos 20 del Código Fiscal de la Federación 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que obliga a la quejosa a realizar, ejecutar o cobrar por sus servicios y a cumplir con sus obligaciones fiscales para el ejercicio de su actividad comercial a través de transferencias electrónicas, que se realicen a través de cuentas bancarias a nombre del contribuyente, por lo que solicito que se conceda a la quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para que no se le impida el libre ejercicio de su actividad comercial, reactivando cualquier cuenta bancaria a su nombre y prohibiendo la cancelación arbitraria, sin causa justificada de las mismas.

TERCERO. EL ACTO RECLAMADO VIOLA LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUES EL BLOQUEO O RESTRICCIÓN A LOS SERVICIOS FINANCIEROS IMPIDE A LA QUEJOSA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN SUPREMA DE CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO.

En primer término, es menester resaltar que las obligaciones de todos los mexicanos las encontramos enlistadas en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que son las siguientes:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Dentro de las obligaciones Constitucionales antes enlistadas se debe destacar la prevista por la fracción IV, que en esencia prevé la obligación de CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO.

En esa tesitura, el sistema tributario tiene como objetivo recaudar los ingresos que el Estado requiere para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, haciéndolo de manera que aquél resulte justo -equitativo y proporcional, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, con el propósito de procurar el crecimiento económico y la más justa distribución de la riqueza, para el desarrollo óptimo de los derechos tutelados por la carta magna. Lo anterior, en virtud de que la obligación de contribuir -elevada a rango constitucional- tiene una trascendencia mayúscula, pues no se trata de una simple imposición soberana derivada de la potestad del Estado, sino que posee una vinculación social, una aspiración más alta, relacionada con los fines perseguidos por la propia Constitución, como los que se desprenden de la interpretación conjunta de los artículos 3o. y 25 del texto fundamental, consistentes en la promoción del desarrollo social -dando incluso una dimensión sustantiva al concepto de democracia, acorde a estos fines, encauzándola hacia el mejoramiento económico y social de la población- y en la consecución de un orden en el que el ingreso y la riqueza se distribuyan de una manera más justa, para lo cual participarán con responsabilidad social los sectores público, social y privado.

En este contexto, debe destacarse que, entre otros aspectos inherentes a la responsabilidad social a que se refiere el artículo 25 constitucional, se encuentra la obligación de contribuir prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional, tomando en cuenta que la exacción fiscal, por su propia naturaleza, significa una reducción del patrimonio de las personas y de su libertad general de acción. De manera que la propiedad tiene una función social que conlleva responsabilidades, entre las cuales destaca el deber social de contribuir al gasto público, a fin de que se satisfagan las necesidades colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad pública o a un interés social, por lo que la obligación de contribuir es un deber de solidaridad con los menos favorecidos.

Ahora bien, expuesta la trascendencia de la obligación de los mexicanos para contribuir con el GASTO PÚBLICO, resulta pertinente cuestionarnos:

¿Cómo DEBEN cumplir los gobernados con tal obligación?

El objetivo de tal interrogante, es traer a colación los métodos y mecanismos que el gobernado tiene a su alcance o ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR para poder cumplir con esa obligación social elevada a rango constitucional y sin la cual, no solo correría peligra la existencia del Estado como ente jurídico, sino de sus propios gobernados.

Lo anterior es así, porque resulta de vital importancia para el presente caso, demostrar, que la restricción y eliminación fáctica o legal de esos métodos y mecanismos incrustados en nuestro sistema jurídico tributario para lograr el exacto cumplimiento de una obligación sustantiva como lo es el pago de las contribuciones, DIFICULTA o VUELVE IMPOSIBLE su cumplimiento.

Entonces, si bien hablamos de la importancia de una obligación sustantiva como lo es el pago de contribuciones, no debemos pasar por alto, que SÓLO las disposiciones secundarias (derechos y obligaciones formales), permiten su exacto cumplimiento.

Podemos demostrar la relevancia de lo anterior, a través de los ejemplos siguientes:

  • El artículo 28, fracción V del Código Fiscal de la Federación, establece una obligación formal (método) consistente en que los contribuyentes deberán llevar “controles volumétricos” en caso de que su actividad económica sea la venta de combustibles fósiles.

De la cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que se trata de una obligación formal que permite al Estado vigilar y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como se desprende de la jurisprudencia siguiente:

CONTROLES VOLUMÉTRICOS. A LA OBLIGACIÓN DE LLEVARLOS COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO LE ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2004).

El citado artículo establece que quienes enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación como parte de su contabilidad. Al respecto, debe precisarse que la obligación en cuestión es de carácter formal, pues su objetivo es que la autoridad hacendaria lleve una adecuada vigilancia y compruebe el cumplimiento de requisitos conforme a los cuales los gobernados deben contribuir al gasto público. En consecuencia, a la obligación prevista en el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1o. de enero de 2004, no le es aplicable el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que dicho principio está dirigido a las contribuciones en sí mismas consideradas, a sus elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa o tarifa, y a los elementos que trascienden a la obligación esencial de pago, sin que sea factible hacerlo extensivo a las obligaciones formales a cargo de los contribuyentes que constituyan simples medios de control en la recaudación a cargo de la autoridad administrativa, como acontece en la especie.[16]

De tal criterio judicial, debemos resaltar la importancia para aquellos contribuyentes que enajenen combustibles fósiles, respecto a la posibilidad para adquirir esos dispositivos de “CONTROL VOLUMÉTRICO”, sin los cuales, su obligación para contribuir al gasto público se dificultaría, así como también, se impediría a las autoridades fiscales vigilar y comprobar su cumplimiento.

  • Otro ejemplo, lo podemos encontrar en la obligación prevista por el artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, consistente en el envió de la contabilidad de los contribuyente a través de medios electrónicos.

De la cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio jurisprudencial siguiente:

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, ES PROPORCIONAL CON EL FIN PERSEGUIDO POR EL LEGISLADOR.

De los trabajos legislativos que antecedieron a las reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 9 de diciembre de 2013, se advierte que la obligación aludida, bajo el contexto del aprovechamiento de los avances de la tecnología, tuvo como finalidad integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, aspectos que se encuentran dentro del ámbito del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la obligación legal (en la forma y términos previstos en las disposiciones administrativas), tiene una finalidad constitucionalmente válida, como lo es comprobar el correcto cumplimiento del deber de contribuir al gasto público. Por su parte, la obligación de ingresar la información en los términos que establecen las disposiciones generales, constituye el medio adecuado dirigido a cumplir con la finalidad perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, tiende a evitar las cargas que anteriormente generaban los "formulismos" para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; además de que en la medida en que el contribuyente va incorporando su información contable, a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, permite a la autoridad no solamente tener acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que en un momento dado pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fiscalización. Finalmente, no se ocasiona un daño innecesario o desproporcional al contribuyente por el simple hecho de que tenga que llevar su contabilidad a través de medios electrónicos y de ingresarla a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en los términos previstos en la disposiciones referidas, ya que si aquél cumple con las nuevas obligaciones fiscales impuestas por el legislador, aprovechando los beneficios de los avances tecnológicos, se simplifican y se mejoran los procedimientos administrativos a través de los cuales anteriormente cumplía con sus obligaciones y ejercía sus derechos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y trámites bajo el contexto del sistema tradicional.[17]

 

De la jurisprudencia trascrita, podemos advertir que se determinó la constitucionalidad de la obligación para enviar la contabilidad a través de medios electrónicos, pues si bien el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna establece una obligación suprema –contribuir al GASTO PÚBLICO-, las disposiciones secundarias no pueden ser soslayadas al momento de pretender hacer efectiva esa obligación, pues sea con motivo de los avances tecnológicos o no, estas siempre tendrán como objetivo primordial FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DICHA OBLIGACIÓN SUSTANTIVA, además, de permitir al Estado un mayor control respecto a la vigilancia y comprobación de la misma.

Ahora, en el presente caso, el acto reclamado se hace consistir en una restricción, bloqueo y/o cancelación de una cuenta bancaria de mi representada, a través de la cual goza de un servicio financiero. Y a través de la cual, la quejosa y terceros con los cuales haya realizado operaciones comerciales, cumplen con sus obligaciones sustantivas y formales en materia tributaria.

Pero entonces, ¿cómo es que tal acción imposibilita a mi representada para cumplir con su obligación de contribuir con el gasto público en términos del artículo 31, fracción IV de la Carta Magna?

Para responder lo anterior, siempre debemos tener presente lo que hasta el momento se ha venido desarrollando: la importancia de los métodos y mecanismos que prevén las disposiciones secundarias como una opción u obligación para los contribuyentes, radica en que solo bajo su observancia, es posible cumplir materialmente con tal obligación constitucional.

Subsecuentemente, resulta oportuno remitirnos al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que en su parte de interés dispone lo siguiente:

Artículo 20.- Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate.

(…)

Se aceptará como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos, los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito, de conformidad con las reglas de carácter general que expida el Servicio de Administración Tributaria. Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $1,924,820.00, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a $329,970.00, efectuarán el pago de sus contribuciones en efectivo, transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, tarjetas de crédito y débito o cheques personales del mismo banco, siempre que en este último caso, se cumplan las condiciones que al efecto establezca el Reglamento de este Código. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las contribuciones que por instrucción de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica.

De la parte antes transcrita del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación podemos obtener lo siguiente:

  1. Que las contribuciones se causan Y PAGAN en moneda nacional.

 

  1. Que los ÚNICOS medios de pago permitidos SON:

 

  1. Cheque
  2. Transferencia Bancaria.
  3. Tarjeta de crédito o débito.

 

  1. Como excepción, se permitirá el pago de contribuciones en efectivo cuando:personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $1,924,820.00, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a $329,970.00”.

 

Entonces, la disposición trascrita, en esencia prevé los métodos de pago que tienen permitido emplear los contribuyentes para efecto de cubrir las contribuciones que tengan a su cargo, de los cuales, ese H. Juzgador podrá advertir que la mayoría de ellos, solo pueden efectuarse a través del SISTEMA FINANCIERO, a través de los servicios de Banca y Crédito que ofrecen las Instituciones de Crédito (cheque, transferencia bancaria o tarjeta de crédito o débito), ya que los pagos en efectivo solo podrán efectuarse excepcionalmente (cuando sean equivalentes al monto legalmente establecido), lo que quiere decir que no constituye una opción general para los gobernados.

Por lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito:

“Artículo 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:

I. Instituciones de banca múltiple, y

II. Instituciones de banca de desarrollo.

Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.”

 

Del precepto transcrito podemos concluir que los servicios de banca múltiple, son prestados exclusivamente por instituciones de banca múltiple; y en este caso, los servicios de crédito que la misma legislación prevé, los encontramos en el artículo 46[18]:

Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

     […]

VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente;

     […]

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos o valores y en general de documentos mercantiles;

[…]

XXVIII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por lo anterior, se puede concluir que los servicios de cheques, cuentas bancarias, y créditos, solo pueden ser prestados por las instituciones de banca múltiple dentro de las cuales se encuentran las instituciones de crédito, siendo así, el único medio con el que cuentan los contribuyentes para efecto de poder cumplir íntegramente con su obligación de contribuir al gasto público.

De tal manera, que en el presente caso, el acto reclamado resulta inconstitucional pues impide a la quejosa cumplir a cabalidad con su obligación prevista por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, es decir, le impide cumplir con esa obligación suprema para contribuir con el gasto público, ya que tal y como se expuso, la cuenta bancaria que fue restringida, congelada y/o cancelada a mi representada, constituía el único medio con el que contaba para efecto de poder realizar el pago de las contribuciones que tiene a su cargo.

Pues si bien es cierto que la quejosa cumple con sus obligaciones formales consistentes en la presentación de las declaraciones mensuales, anuales, provisionales y definitivas que exigen las disposiciones fiscales, en las cuales manifiesta el cálculo del tributo que debe enterar a favor del Estado, dicha obligación solo se puede tener por efectivamente cumplida hasta el momento en que la amparista realice el pago del tributo en cuestión, pero los pagos únicamente pueden realizarse a través de cheques, transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito, mecanismos que únicamente pueden ser prestados a mi representada por las instituciones de banca múltiple como en el presente caso lo es la responsable.

Con la finalidad de mostrar la trascendencia del argumento anterior, a continuación inserto algunas de las declaraciones de impuesto de mi representada, junto con sus respectivos comprobantes de pago, los cuales fueron realizados a través de transferencias bancarias:

[………………………..]

Es así, como se evidencia la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que con el mismo se impide a mi representada a cumplir con el pago de sus obligaciones fiscales y, disfrutar de los beneficios establecidos en las disposiciones de la materia, entre otras, deducciones autorizadas.

No obsta a lo anterior, el hecho de que existan diversas instituciones de banca múltiple, porque el pago de sus contribuciones a cargo, no puede estar supeditado a la voluntad de una institución bancaria en su calidad de autoridad para efectos de la Ley de Amparo, máxime si el acto reclamado que se le atribuye carece de toda fundamentación y motivación.

Sin que pase desapercibido que, aún cuando dentro del sistema financiero mexicano, existan diversas instituciones autorizadas para prestar este servicio, no menos cierto es que, de permitirse a una prestadora del servicio de banca múltiple abstenerse de seguir brindando sus servicios a los particulares, lo coloca en un estado de desigualdad frente a otros particulares que se encuentran en la misma situación de hecho.

Pues no se le permitiría libremente decidir con base en los indicadores comerciales de cada institución de banca múltiple (tasas de interés, comisiones por apertura, anualidad etc.) ¿con cuál de ellas debo cumplir mis obligaciones de gasto público?. Lo cual, no es una potestad de la autoridad responsable en el caso en estudio.

Además, en términos del artículo 6, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se pagan en los plazos previstos por las disposiciones fiscales:

Artículo 6o.-…

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica:

Entonces, si en el presente caso se bloqueó, congeló y/o canceló la cuenta bancaria de mi representada, se le impide pagar oportunamente sus contribuciones, muestra de ello lo es su Constancia de Situación Fiscal, de donde se desprenden sus obligaciones fiscales (tanto sustantivas y formales):

            [………………..]

De donde se puede desprender que se encuentra obligada a realizar los pagos mensuales definitivos del Impuesto al Valor Agregado, así como los pagos mensuales provisionales del Impuesto Sobre la Renta, tal y como lo señalan los siguientes preceptos legales:

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Artículo 5o.-D. El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en los artículos 5o.-E, 5o.-F y 33 de esta Ley.

Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan:

De lo cual, se tiene que cada mes, en el día 17, mi mandante se encuentra obligada a efectuar el pago de sus contribuciones, mismo que solo puede hacer efectivo a través de la cuenta bancaria, cuyo servicio fue bloqueado, congelado y/o cancelado.

En consecuencia, al encontrarse bloqueadas, congeladas y/o canceladas las cuentas bancarias de la moral quejosa, resulta evidente que se encuentra impedida materialmente para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales previstas en los artículos supracitados.

Por lo tanto, resulta procedente que se conceda a mi representada la protección y amparo de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable, restituya a mi representada, en su pleno goce del servicio financiero que le es negado.

CUARTO. EL ACTO RECLAMADO RESULTA INCONSTITUCIONAL EN VIRTUD DE QUE LA CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CONTRAVIENE EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 27 FRACCIÓN III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUES DE NO EXISTIR UNA OBLIGACIÓN FORMAL POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE MANTENER ABIERTA Y ACTIVA CUENTAS A NOMBRE DE LA QUEJOSA, LA SUSCRITA NO ESTARÍA OBLIGADA A CONTAR CON UNA CUENTA BANCARIA EN EL SISTEMA FINANCIERO, BAJO ESA LÍNEA DE PENSAMIENTO, SERÁ PROCEDENTE CONFORME A DERECHO, QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 27 FRCCIÓN III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ES DECIR, SE LE DESINCORPORE DEL SISTEMA FINANCIERO AL EXISTIR IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA Y MATERIAL DE ACCEDER AL MISMO.

En efecto, de considerar ese H. Juzgador que la Institución Bancaria cuenta con la potestad de cancelar de mutuo propio, es decir, de forma unilateral la cuenta o cuentas bancarias abiertas a nombre de la quejosa, en atención a que se encuentra en un plano de igualdad o coordinación con mi autorizante, en consecuencia, de sostener dicho razonamiento, se estará reconociendo que mi representada, al encontrarse imposibilitada materialmente para acceder al sistema financiero por voluntad de un particular (Institución Bancaria), no está obligada a cumplir, entre otros, con los requisitos legales previstos en el artículo 27 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Lo anterior, en virtud de que tal y como se ha expuesto anteriormente, el no poder disponer, acceder o mantener a disposición el saldo de las cuentas bancarias de la quejosa dentro del servicio financiero, como lo es, pagar contribuciones federales, pagar proveedores, recibir pagos de clientes, mismas que por disposición legal la quejosa se encuentra obligada a realizarlas vía transferencia electrónica, por lo cual, la quejosa, ahora se encuentra imposibilitada materialmente para ejercer todo acto de comercio a través del sistema financiero o bancarizado, por lo cual, ese H. Juzgado no puede considerarlo como no lesivo de derechos fundamentales.

En efecto, no debemos soslayar que existen disposiciones legales como las FISCALES, que exigen la materialización, ejecución y pago de los actos de comercio, mediante transferencias bancarias, lo cual solo es posible si se cuenta con un servicio financiero como el que le acaba de ser cancelado a la quejosa, tal como lo dispone el artículo 27 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se transcribe para un mejor proveer:

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de $2,000.00. Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros. Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, deberán contener la clave en el registro federal de contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del beneficiario".

Es decir, de conformidad con el numeral supra transcrito, para que la quejosa pueda realizar sus operaciones comerciales con sus clientes y proveedores, necesita operar forzosamente dentro del sistema financiero, puesto que la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta determina que dichas operaciones que superen los $2,000.00 deberán de efectuarse a través de:

  1. Transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero.
  2. Cheque nominativo de la cuenta del contribuyente.
  3. Tarjeta de crédito.
  4. Tarjeta de débito.
  5. Tarjeta de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

Siendo que la única salvedad para proceder de dicha forma, es decir, para prescindir de la utilización del sistema financiero en las operaciones con clientes y proveedores que rebasen los $2,000.00, es que dichas operaciones se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros, situación en la que definitivamente no se encuentra la quejosa.

De ahí que, si esa H. Juzgadora llegase a considerar que el actuar de la Institución Bancaria no resulta violatoria de derechos fundamentales, al tratarse de un acto entre particulares, en consecuencia, eso significaría que la quejosa no se encuentra obligada a operar dentro del sistema financiero, ni tampoco a realizar sus operaciones a través de transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, puesto que el cumplimiento y observancia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se encontraría supeditada a la voluntad de los particulares, es decir, el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la quejosa se encontraría sujeta a la voluntad de la Institución Bancaria, quien decide, determina e impone su voluntad no solo sobre y en perjuicio de la quejosa, sino incluso sobre la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, toda vez que impide a mi autorizante cumplir con sus obligaciones fiscales en los términos de Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Es decir, de llegar a concluir que la institución financiera puede decidir de forma libre, arbitraria, y sin regulación alguna, a que contribuyentes permite acceder y mantener dentro del sistema financiero, en consecuencia, a dicha institución se le estaría otorgando la potestad de decidir que contribuyentes pueden cumplir y cuales no, con las cargas fiscales contenidas en el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.

Máxime si tomamos en consideración que el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación en su séptimo párrafo, para el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes señala:

Código Fiscal de la Federación

 

Artículo 20…

(…)

Se aceptará como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos, los cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito, de conformidad con las reglas de carácter general que expida el Servicio de Administración Tributaria. Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $1,924,820.00, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a $329,970.00, efectuarán el pago de sus contribuciones en efectivo, transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, tarjetas de crédito y débito o cheques personales del mismo banco, siempre que en este último caso, se cumplan las condiciones que al efecto establezca el Reglamento de este Código. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las contribuciones que por instrucción de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica.

Lo anterior, constituye solo un ejemplo de las múltiples repercusiones legales que trae consigo el acto arbitrario y unilateral efectuado por la Institución Bancaria, el cual, no puede ser estudiado de forma aislada únicamente a la luz de un acto entre particulares, toda vez que la apertura de cuentas bancarias va más allá de la simple voluntad de la quejosa, sino que opera en cumplimiento a un mandato legal, e incluso constitucional contenido en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna de contribuir al gasto público de la manera equitativa y proporcional que dispongan las leyes, el cual, estará imposibilitada a realizar la quejosa, al no poder acceder al sistema financiero, mismo argumento que fue desarrollado previamente.

Por lo tanto, al negarle a la quejosa la posibilidad de acceder y utilizar sus cuentas bancarias, tal y como se ha venido manifestando, se le está impidiendo dar cumplimiento a sus obligaciones con:

  1. Clientes
  2. Proveedores.
  3. Trabajadores.
  4. Pago de impuestos.

Al respecto, resulta aplicable en lo conducente el criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente:

RENTA. LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PARA REALIZAR DEDUCCIONES DE PAGOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO DEL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYEN UN VERDADERO IMPERATIVO LEGAL, CUYO INCUMPLIMIENTO GENERA LA IMPROCEDENCIA DE AQUÉLLAS. El artículo 24, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece: "Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: ... III. Que se comprueben con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien los expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio, y que en el caso de contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a ... efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, los pagos en efectivo cuyo monto exceda de ..."; de donde se sigue que para la procedencia de las deducciones se prevén dos presupuestos: a) que la documentación que las ampare reúna los requisitos fiscales relativos a la identidad y domicilio de quien los expida, así como de quien adquirió el bien o recibió el servicio de que se trate; y, b) que los sujetos que se ubiquen en el supuesto acrediten haber efectuado el pago con cheque nominativo del propio contribuyente, y la finalidad de ambos estriba en poder identificar la relación jurídica que se estableció entre el comprador y vendedor, y el objeto del acto que es el que tendrá efecto fiscal en la deducción que se efectúe de la contraprestación a que dé lugar. Por tanto, si se exige como presupuesto que el bien adquirido o el servicio de que se trate se pague mediante cheque nominativo emitido a nombre de la persona que realizó la venta o prestó el servicio, ello constituye un verdadero imperativo legal en tanto que contiene una obligación, expresa, clara y precisa, no sujeta a interpretación alguna, cuya omisión no sólo da lugar a una infracción sino al rechazo de la deducción, en virtud de que se trata de un requisito previsto en la norma cuyo incumplimiento genera la improcedencia de esa prerrogativa.[19]

En el precepto legal y de la tesis aislada antes transcritas, encontramos la obligación para las personas morales que quieran deducir determinada erogación para efectos del Impuesto Sobre la Renta, de efectuarla a través del SISTEMA FINANCIERO, pues de lo contrario perderán el derecho de disminuirla de su base gravable, lo cual sería económicamente inviable y por tanto ocasionaría su extinción.

Entonces, para el caso de que ese Juez de Amparo considere que la cancelación de cuentas bancarias que determine unilateralmente una Institución Financiera no vulnera Derechos Fundamentales, por no ser OBLIGATORIO para el banco brindar los servicios financieros a ésta quejosa, pero a su vez manifieste que subsisten los requisitos fiscales para mi autorizante de efectuar sus erogaciones a través del Sistema Financiero (a través de cheque nominativo para abono en cuenta o transferencia bancaria).

En consecuencia, resultaría incompatible manifestar que al mismo tiempo que no existe la obligación para las Instituciones Bancarias de prestar a todos por igual sus servicios financieros como los de tener una cuenta bancaria empresarial, y al mismo tiempo, imponer a todos los contribuyentes la exigencia de realizar sus operaciones comerciales a través del mismo sistema financiero, respecto del cual se le negó el acceso, so pena de que las erogaciones que realice no sean tomadas en cuenta para efectos fiscales y por consiguiente, la base de determinación de sus impuestos no reflejen su efectiva capacidad contributiva.

De tal suerte que, si en el caso que nos ocupa, ese H. Juez de Amparo decide determinar que una Institución Bancaria está en aptitud de rescindir un contrato de cuenta bancaria o decide cancelar una cuenta bancaria, y que por tanto, éstas no están obligadas a brindar los servicios financieros a todos los contribuyentes que lo soliciten, entonces, no es proporcional que prevalezca la exigencia para dicho contribuyente de efectuar sus erogaciones y diversas operaciones a través del Sistema Financiero por los medios indicados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (transferencias bancarias), en la inteligencia que no existe en esa misma proporción, la obligación para la Institución Bancaria de brindar el servicio financiero.

En otras palabras, si ese H. Juez de Distrito, determina que la Institución Financiera está facultada para cancelar las cuentas bancarias de la quejosa de forma unilateral, en consecuencia, dicha cancelación no puede ser vista o analizada de forma aislada como si no reportara un perjuicio o menoscabo en la actividad económica de la quejosa, sino que en todo caso, la cancelación unilateral de la cuenta bancaria debe dar lugar, a otorgar el amparo para el efecto de desincorporar a la quejosa, de la obligación de efectuar sus operaciones a través, o por medio del sistema financiero, permitiendo realizar sus operaciones a través de otra forma de pago distinta.

Por lo antes expuesto, y de llegar a considerar que la cancelación de cuentas bancarias, efectuada arbitrariamente por la Institución Bancaria, constituye un mero acto entre particulares, en consecuencia, es procedente que ese H. Juez de Amparo releve a mi representada de la obligación legal de utilizar el sistema financiero, ya que no resulta obligatorio para el Banco ni para la quejosa mantener abierta y activa una cuenta bancaria, y por tanto, se debe ordenar desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa cualquier consecuencia que le pueda perjudicar en todos los ámbitos y principalmente el fiscal por el hecho de no realizar sus operaciones comerciales a través del mismo, al no ser obligatorio, sino depender de un tercero, como lo es, una institución bancaria.

QUINTO LA DETERMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE BLOQUEAR, CANCELAR, SUSPENDER O REVOCAR LAS CUENTAS BANCARIAS DE MI REPRESENTADA, ES INCONSTITUCIONAL EN VIRTUD DE QUE DICHO ACTO FUE EMITIDO EN TOTAL CONTRAVENCIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, POR LO QUE CONCULCA EN PERJUICIO DE MI REPRESENTADA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1, 14, 16, 17 Y 22 CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1, 8, 21 Y 29 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

En efecto, el acto reclamado resulta violatorio del derecho fundamental de audiencia previa y debido proceso contenido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que canceló, revocó, bloqueo, o restringió las cuentas bancarias de la quejosa sin que se haya dado a mi representada la oportunidad de conocer el motivo que da lugar a dicha actuación y manifestar lo que a su derecho conviniera previo al acto privativo razón por la cual resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa.

Las disposiciones legales invocadas ordenan lo siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

…”

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

...”

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”

Artículo 1

Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,  idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

…”

Artículo 8

Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

…”

Artículo 21

Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

…”

Artículo 29

Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”

Como se ve los anteriores preceptos legales establecen una serie principios que deben de ser cumplidos, así como determinados derechos que tienen que ser respetados, antes de privar o molestar a cualquier persona en sus propiedades, posesiones o derechos.

Así pues, cualquier autoridad, para poder privar o causar molestia a los particulares en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, -como en el caso que se expone- deben de expedir un mandamiento que debe reunir a pulcritud y cabalidad determinadas exigencias constitucionales y legales como son: constar por escrito, tener competencia para expedirlo y estar fundado y motivado; entendiéndose por esto último la cita de los preceptos legales previstos en un cuerpo normativo constitucional y vigente que regulan tanto el hecho como las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, las razones o consideraciones por la cuales estima procedente que los hechos en que basa su actuar se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar y efectuar una correlación entre ambos que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate.

Sirve de apoyo el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se transcriben:                                          

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”[20]

 

En ese orden de ideas, los actos de molestia o privativos no resultan irrestricta, sino que necesariamente deben de cumplir con los parámetros mínimos que la constitución impone, con la finalidad de respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica contemplados por el artículo 16 de la Constitución Federal.

Por otro lado, de entre los diversos derechos fundamentales contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige.

Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas, etapas que se ilustran gráficamente como sigue:

 

DEBIDO PROCESO

 

 

 

Sin embargo, en el caso concreto los preceptos constitucionales fueron vulnerados por las autoridades responsables toda vez que en el caso en estudio resulta ser que el día de hoy uno de mis clientes al pretenderme realizar un depósito a la cuenta bancaria _________me informó que dicha cuenta se encuentra bloqueada tal como se aprecia en la siguiente imagen:

Por lo anterior, de manera inmediata me traslade a la institución financiera referida a pretender realizar algún movimiento respecto de la cuenta bancaría de mi representada, informándoseme de manera verbal que no era posible acceder a mí solicitud en virtud de que las cuentas bancarias de mi representada fueron bloqueadas por presunción de lavado de dinero (sic) y que por lo tanto, la institución se encuentra imposibilitada a continuar ejecutando cualquier acto, operación, o servicio con la quejosa o cualquier tercero que actué en nombre y representación lo que impide realizar movimiento bancario alguno, incluyendo el de realizar retiros bancarios.

Sin embargo, dicho acto resulta inconstitucional por violación al derecho fundamental de audiencia previa y debido proceso toda vez que previo al bloqueo de la cuenta bancaria se niega categóricamente que se haya notificado oficio alguno en el cual las autoridades señaladas como responsables, hubieran dado a conocer las razones, causas o motivos por los cuales consideraron o determinaron el bloqueo de la cuenta bancaria y se haya otorgado el plazo legal para que mi representada manifestara lo que a su derecho conviniera, dejándola pues en completo estado de indefensión y violando con ello los derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrado en los artículos 1, 14, 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior es así porque el acto reclamado se emitió sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y a la leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En efecto, el bloqueo de la cuenta bancaria de la quejosa, se hizo sin respetar el derecho humano de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento que consagra el artículo 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque niego categoricamente que se haya notificado o dado a conocer a mi representada el inicio del procedimiento que culminó con el bloqueo de la cuenta bancaria, en donde se me haya dado la oportunidad de alegar y de ofrecer pruebas, por lo tanto, resulta evidente que se violaron en mi perjuicio los derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de mi representada.

Lo anterior es así porque, el derecho fundamental de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento".

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:

  1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;
  2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
  3. La oportunidad de alegar; y
  4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.[21]

Por lo que es clara la violación a los preceptos Constitucionales anteriormente citados, toda vez que en el caso concreto, sin previamente ser oído y vencido en juicio, se priva a la quejosa de su cuenta bancaria y el impide realizar cualquier acto u operación en el BANCO BBVA BANCOMER S.A., situación que la pone en total estado de indefensión e incertidumbre,  pues en la especie no existe mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su actuación, ni mucho menos se me ha escuchado previamente a la ilegal privación, lo cual desde luego viola las garantías de audiencia y debido proceso, lo cual además deja en estado de indefensión a la quejosa pues se le impide poner disponer de una cuenta bancaria misma que resulta indispensable para el desarrollo de su actividad económica tal como se expuso en el capítulo de procedencia.

En conclusión, resulta procedente conforme a derecho, el que se decrete a favor del peticionario, el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se reactive la cuenta bancaria cancelada, hasta en tanto, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, en donde tenga la oportunidad de alegar o de ofrecer pruebas.

SEXTO. LOS ACTOS RECLAMADOS RESULTAN A TODAS LUCES INCONSTITUCIONALES E INCONVENCIONALES, YA QUE A TRAVÉS DEL BLOQUEO, CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE MI REPRESENTADA, ASÍ COMO EL IMPEDIMENTO PARA DISPONER DE LOS RECURSOS QUE EXISTEN EN DICHAS CUENTAS, SE VIOLAN EN PERJUICIO DE LA SUSCRITA, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LEGALIDAD, SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS, RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL DEBIDO PROCESO, CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, 16, 17 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ARTÍCULOS 1, 8, 21 Y 29 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA” SIN QUE PREVIAMENTE HAYA SIDO LEGALMENTE NOTIFICADO, MANDAMIENTO ESCRITO DE AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.

Para comenzar es preciso partir de la premisa que, si la institución financiera se rige por lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito, entonces adquiere la naturaleza de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando de forma unilateral, bloque, revoque, cancele o suspenda una cuenta bancaria o cualquier servicio financiero dada la afectación de imposible reparación que produce dicha actuación, entonces, el bloqueo de la cuenta bancaria, imposibilidad de disponer de su patrimonio –efectivo- o la restricción de acceso al sistema financiero, dicho acto debe estar suficientemente fundado y motivado, situación que se demostrará a lo largo del presente concepto de violación.

Lo anterior es así, pues, dicha decisión unilateral de ese “particular en funciones de autoridad” debe estar basada en razones que válidamente puedan justificar el cierre o bloqueo de dichas cuentas bancarias a nombre de esta peticionaria de amparo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y aplicable.

Pensar lo contrario, sería tanto como permitir a las instituciones bancarias públicas o privadas, despojar a cualquier cuentahabiente del patrimonio que confió a esa institución –con el que se da cumplimiento a obligaciones fiscales, mercantiles, contractuales, entre otras- sin que medien motivos objetivos y legítimos para ello, precisando además, que no existe procedimiento o mecanismo alguno que permita al contribuyente/gobernado inconformarse ante una actuación caprichosa o arbitraria de un particular con atribuciones ab imperium, lo que redunda aún más en el estado de indefensión en que puede estar ubicado frente a la actuación de una institución financiera, al no preverse un medio de defensa jurisdiccional en contra de dichos actos que trastocan indudablemente la esfera jurídica de los titulares de esas cuentas.

Aclarado lo anterior, dable resulta transcribir el contenido de los preceptos legales invocados al principio del de mérito, mismos que disponen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”.

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…”.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...”.

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA”

Artículo 1

Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social…”.

Artículo 8

Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

…”

Artículo 21

Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

…”

Artículo 29

Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y

Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”

De la interpretación sistemática que se efectúe a los preceptos legales recién transcritos, es posible colegir una serie de principios que deben de ser respetados por las autoridades y por los particulares con facultades de imperio frente a otros particulares, así como la existencia de diversas prerrogativas a favor de los gobernados que, indefectiblemente tienen que ser respetados, antes de privar o molestar a cualquier persona en sus propiedades, posesiones o inclusive, derechos.

Así pues, cualquier autoridad o particular en funciones de autoridad, para poder privar o causar molestia a los particulares en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, como en el caso que se expone, deben de expedir un mandamiento que debe reunir a pulcritud y cabalidad determinadas exigencias constitucionales y legales como son: constar por escrito, tener competencia para expedirlo y estar fundado y motivado; entendiéndose por esto último la cita de los preceptos legales previstos en un cuerpo normativo que regule tanto el hecho como las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, las razones o consideraciones por la cuales estima procedente que los hechos en que basa su actuar se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar y efectuar una correlación entre ambos que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate.

Al respecto resulta aplicable el criterio sustentado en la tesis aislada cuyos datos de identificación, rubro y texto se insertan a continuación:

 “ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.- De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.[22]

También es aplicable al caso, por analogía, el criterio sustentado en la tesis aislada cuyos datos de identificación se transcriben:                                   

 “AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, FUNDAMENTACION DE SUS ACTOS.- Si del texto del oficio que contiene el acto reclamado claramente se advierte la falta de fundamentación y motivación en términos de la garantía que tutela categóricamente, en forma de obligación para las autoridades administrativas, según jurisprudencia definida, el artículo 16 de la Constitución, ello basta para impartir al agraviado la protección que solicita.”[23]

Es necesario señalar que el contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "por qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Resulta aplicable la siguiente tesis:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.[24]

En el caso en concreto resulta ser que el día de hoy uno de mis clientes al pretenderme realizar un depósito a la cuenta bancaria _________me informó que dicha cuenta se encuentra bloqueada tal como se aprecia en la siguiente imagen:

Por lo anterior, de manera inmediata me traslade a la institución financiera referida a pretender realizar algún movimiento respecto de la cuenta bancaría de mi representada, informándoseme de manera verbal que no era posible acceder a mí solicitud en virtud de que las cuentas bancarias de mi representada fueron bloqueadas por presunción de lavado de dinero (sic) y que por lo tanto, la institución se encuentra imposibilitada a continuar ejecutando cualquier acto, operación, o servicio con la quejosa o cualquier tercero que actué en nombre y representación lo que impide realizar movimiento bancario alguno, incluyendo el de realizar retiros bancarios.

Sin embargo, dicho acto no cumple con la fundamentación y motivación exigida en el artículo 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que no fueron dados a conocer los motivos, causas o razones particulares por los cuales la autoridad responsable decidió bloquear, cancelar, revocar o suspender los servicios de mi representada.

Ahora bien, en el caso concreto, los preceptos Constitucionales invocados fueron vulnerados por las Autoridades Señaladas como Responsables, ya que se le está privando ilegalmente a esta peticionaria de amparo dichas prerrogativas con: el bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias de mi representada; así como el impedimento para disponer de los recursos que existen en dichas cuentas, abiertas a nombre de la suscrita en la Institución Bancaria ______________SIN QUE HUBIERE EXISTIDO MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO, ni tampoco un juicio previo conforme a las formalidades esenciales del procedimiento y a la leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Es decir, de lo expuesto con antelación, se advierte que el legislador le confirió a diversas Autoridades la potestad de afectar la esfera patrimonial de los particulares cuando actualicen alguna de las hipótesis normativas en las distintas materias del derecho como lo son la fiscal, mercantil, penal, civil, entre otras.

Empero, la potestad con que cuenta la Autoridad y excepcionalmente el particular cuando realiza funciones de la primera, conferida en las leyes, está supeditada a que las autoridades responsables, respeten el Derecho de Audiencia y debido proceso en favor de los justiciables, puesto que con dicho acto puede tener de cierta manera como garante de la tutela del derecho Humano al debido proceso y garantía de audiencia, una vez que conoce el Mandamiento Escrito con el que justifica su actuación.

En el caso que nos ocupa, se materializó la violación a los Derechos Humanos de la suscrita, porque nunca me ha sido notificado algún oficio, acuerdo o resolución de autoridad competente en virtud del cual se haga saber la causa, motivo o razones particulares, así como tampoco se conoce, los fundamentos legales que justifiquen y sirvan de sustento, a la actuación de la Institución Financiera que se le atribuye las violaciones, lo que origina incertidumbre e inseguridad en mi esfera jurídica, ni mucho menos se me dio la oportunidad de defender mis intereses y hacer valer lo que a mi derecho conviniera. De tal suerte que se me privó de la garantía de Audiencia pues nunca tuve la oportunidad de conocer el acto de molestia (mandamiento escrito) y defenderme de aquel.

Es decir, de ninguna manera se me respetó el Derecho que toda persona tiene de ser oída y vencida en juicio previo al acto de molestia, sino que, en el caso particular, arbitrariamente se afectó mi patrimonio sin que se me diera a conocer el motivo o, al menos, la Autoridad que lo ordenó y con ello estar en aptitud de conocer si efectivamente es competente legalmente para ordenar los actos como los ahora reclamados y si los motivos en que se sustenta efectivamente actualizan una de las hipótesis jurídicas que contemplen esta medida tan arbitraria en mi contra.

Bajo ese orden de ideas, Niego categóricamente que exista el mandamiento escrito que funde y motive, por virtud del cual se realizó el bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias de mi representada, así como también, niego en los mismos términos, que exista mandamiento escrito que funde y motive el impedimento para disponer de los recursos que existen en dichas cuentas a nombre de la suscrita, en la Institución Bancaria _____________.

Y en el supuesto no concedido que el mandamiento mencionado en el párrafo anterior exista, NIEGO CATEGÓRICAMENTE que el mismo se me haya notificado con las formalidades de Ley y en el domicilio de la suscrita.

En este orden de ideas, no se cumple con todas y cada una de las formalidades del procedimiento legal y con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por lo tanto vulneran mis derechos Constitucionales entre otros, el de audiencia y es que los artículos 16 y 17 Constitucionales señalados anteriormente.

Y en este caso concreto, se me está molestando en mi persona y posesiones sin existir un mandamiento escrito de la autoridad responsable, por tal motivo se violan mis derechos fundamentales.

Ahora bien, se sostiene la violación a los preceptos Constitucionales anteriormente citados, toda vez que en el presente asunto, sin previamente ser oído y vencido en juicio, se me priva en forma arbitraria la disposición de mis cuentas bancarias, ya que estas fueron bloqueadas, canceladas, suspendidas o revocadas, así como también se me impide poder disponer de los recursos que existen en dichas cuentas, lo cual prohíbe tajantemente el artículo 16 de la Constitución Federal, situación que me pone en total estado de indefensión e incertidumbre, pues en la especie no existe mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su actuación, ni mucho menos se me ha escuchado previo a la ilegal  privación, lo cual, desde luego viola las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica, así como de audiencia y debido proceso.

Además de lo anterior, aún y cuando existieran diversas facultades que posea dicha Institución Financiera, es inexcusable que la misma, debe circunscribirse a acatar, siquiera, las disposiciones mínimas que deben poseer los actos de autoridad o los de particulares en funciones equivalentes a las de autoridad, para tal efecto resulta necesario que, deberán cumplir con los requisitos que dispone nuestra Constitución Política en su artículo 16 en el primer párrafo,  el cual consagra a favor de los gobernados la garantía de legalidad y su eficacia reside en el hecho de que se protege todo el sistema de derecho objetivo desde la propia Carta Magna hasta el reglamento administrativo más minucioso.

La garantía de legalidad implícita en el párrafo transcrito del artículo 16 constitucional, condiciona a todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de actos que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de un gobernado realizados por la autoridad competente, y deben no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas.

La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que los actos que originen la molestia de que habla el artículo 16 constitucional deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice.

La fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

En ese tenor, la exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones:

Por tanto, la motivación debe de entenderse como la causa legal del procedimiento, en la inteligencia que, existe una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo que significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley.

Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto donde vaya a operar el acto de molestia, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que éste se encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa.

Así lo sostuvo la Segunda Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia consultable en la página 52, Tomo III, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:


"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Entonces, como lo venimos comentando, el referido precepto constitucional, en la parte que se comenta, también contiene la garantía formal del mandamiento escrito, conforme a la cual, toda autoridad debe actuar con base en una orden escrita, sin que sea suficiente que ésta se emita para realizar algún acto de molestia en los bienes que menciona el artículo 16 Constitucional, sino que es menester que se le comunique o se dé a conocer al particular afectado respetando los requisitos o procedimientos de notificación que para cada caso y materia se establezcan. Esta comunicación o conocimiento, pueden ser anteriores o simultáneos a la ejecución del acto de molestia, pues la exigencia de que éste conste en un mandamiento escrito, sólo tiene como finalidad que el gobernado se entere de la fundamentación y motivación legales del hecho autoritario que lo afecte, así como de la autoridad de quien provenga, para poder defenderse.

En tal virtud, lo antes reseñado permite concluir que el artículo 16 constitucional, impone a las Autoridades la obligación de respetar a favor de los particulares la garantía de seguridad jurídica, es decir, que todo acto de molestia debe provenir de autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, lo que significa que los actos de esta naturaleza necesariamente deben emitirse por quien para ello esté facultado expresamente, precisando la fundamentación y motivación de dicho acto, lo cual implica que la autoridad no sólo está obligada a mencionar los motivos y preceptos legales que sustenten el acto autoritario, pues además, tiene que indicar el lugar y la fecha en que se emite e imperantemente darle a conocer al gobernado dicho documento, ello como parte de las formalidades esenciales que exige el artículo 16 de la Carta Magna, todo eto, previo a ejecutar el acto de molestia.

En la especie, los preceptos Constitucionales en cita fueron vulnerados por las Autoridades Responsables, ya que se le está privando ilegalmente a la suscrita de disponer de su patrimonio contenido en las cuentas bancarias abiertas a nombre de la suscrita en la Institución Bancaría __________, así como también el bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de sus cuentas, sin que hubiere existido un juicio previo conforme a las formalidades esenciales del procedimiento y a la leyes expedidas con anterioridad al hecho, ni tampoco mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causal legal de dicha actuación unilateral de la Institución Financiera.

Es por lo anterior que, se me deja en una total incertidumbre jurídica respecto a la legalidad del acto y la facultad de su emisor.

Lo anterior es así, porque nunca me ha sido notificado algún oficio, acuerdo o resolución de autoridad competente y en virtud del cual se haga saber la causa, motivo o razones particulares y los fundamentos legales que justifiquen y sirvan de sustento, a la actuación de la autoridad, lo que se insiste, tal situación origina incertidumbre e inseguridad en mi esfera jurídica.

Aunado a lo anterior, es del todo procedente la concesión del Amparo aquí impetrado pues ese H. Juez Constitucional no debe perder de vista que nos encontramos en presencia de un acto prohibido por el Artículo 22 de la Constitución Federal, como lo es la confiscación de bienes, no cabe lugar a dudas que de ninguna manera, dicha Institución Financiera podría válida y legalmente, privar a esta quejosa de poder disponer de su propio patrimonio, pues dicha acción se traduce en haber confiscado la cuenta bancaria a nombre de la suscrita trastocando sus Derechos Fundamentales.

En este punto es conveniente considerar el Contenido de ese precepto Constitucional el cual es del tenor siguiente:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Luego entonces, del precepto Constitucional antes trascrito, tenemos que en el Estado Mexicano se encuentran prohibida la confiscación de bienes, es decir, nuestra Carta Magna es tajante al prohibir los actos de confiscación, salvo sus excepciones perfectamente definidas que son en ciertos supuestos de la materia penal, civil o fiscal, sin embargo, en dichos supuestos al tratarse de una excepción a un Derecho Fundamental se rigen por procedimientos perfectamente normados en los cuales se garantizan primordialmente el respeto por las Formalidades Esenciales del Procedimiento”, como lo es el Derecho de Audiencia y de Legalidad.

Es por lo anterior, que de ninguna manera podemos estar en el caso, ante una de las excepciones a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal, toda vez que en la especie se niega categóricamente que se haya seguido un procedimiento previo a la confiscación de la cuenta bancaria en cuestión, a nombre de la suscrita, y mucho menos que en dicho procedimiento se me haya hecho del conocimiento y dado la oportunidad de defenderme conforme a mis intereses.

Por lo que indiscutiblemente al no existir mandamiento de ejecución fundado y motivado y emitido por Autoridad competente y que el mismo se me haya notificado con las formalidades de Ley, por exclusión tenemos que el acto del que ahora me duelo se trata de una CONFISCACIÓN y que la misma está prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es del todo procedente la concesión del Amparo aquí impetrado al estar en presencia de un acto flagrantemente Inconstitucional.

En conclusión, resulta procedente conforme a derecho, el que se decrete a favor del peticionario, el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión.

SÉPTIMO. EL ACTO RECLAMADO RESULTA INCONSTITUCIONAL EN VIRTUD DE QUE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA NI LA INSTITUCIÓN BANCARIA TIENEN COMPETENCIA MATERIAL EMITIR LA ORDEN DE BLOQUEO Y CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR EL PARTICULAR EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER S.A. DE C.V., EN CONSECUENCIA SE VULNERAN LOS ARTÍCULOS 1°, 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

En efecto, el acto reclamado emitido por la autoridad responsable, es inconstitucional y viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que carece de manera total, de la fundamentación de la competencia material, de grado y territorial de la autoridad que lo emite, siendo por lo tanto, procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa.

Lo dispositivos constitucionales citados disponen lo siguiente:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Reformado DOF 11 Junio 2011

Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

 

Los preceptos legales invocados relacionados entre sí, establecen que: “Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, contienen la garantida de la fundamentación.implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios.

En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso.

Es importante además señalar que en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Resultan aplicables las siguientes jurisprudencias:

 

COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.[25]

 

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.[26]

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", se advierte que las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que en todo acto de autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emita y definan el carácter con que éste actúa, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular correspondiente o por delegación de facultades y, en caso de que esas normas incluyan diversos supuestos, precisar el apartado, fracción o fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación, y de no contenerlos, si se trata de una norma compleja, transcribir la parte correspondiente, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico. En ese sentido, si la autoridad administrativa, al fundar su competencia cita los preceptos que la facultan para emitir el acto, pero omite señalar la porción normativa exacta y precisa que delimita su competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho principio constitucional, en todo acto de molestia deben constar los apartados, fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en su caso, transcribirse la parte correspondiente, tanto de los que facultan a la autoridad para emitir el acto, como los que prevén su competencia territorial. [27]

 

Ahora bien, en el caso concreto, precisamente el derecho fundamental de la fundamentación de la competencia de la autoridad no se cumple, puesto que en el caso en concreto resulta ser que el día de hoy uno de mis clientes al pretenderme realizar un depósito a la cuenta bancaria _________me informó que dicha cuenta se encuentra bloqueada tal como se aprecia en la siguiente imagen:

Por lo anterior, de manera inmediata me traslade a la institución financiera referida a pretender realizar algún movimiento respecto de la cuenta bancaría de mi representada, informándoseme de manera verbal que no era posible acceder a mí solicitud en virtud de que las cuentas bancarias de mi representada fueron bloqueadas por presunción de lavado de dinero (sic) y que por lo tanto, la institución se encuentra imposibilitada a continuar ejecutando cualquier acto, operación, o servicio con la quejosa o cualquier tercero que actué en nombre y representación lo que impide realizar movimiento bancario alguno, incluyendo el de realizar retiros bancarios.

Sin embargo, la autoridad bloqueadora omite por completo fundar su competencia material, de grado y territorio, violando con ello mi derecho fundamental de legalidad y certeza jurídica previsto en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al carecer el acto reclamado de una ausencia total de la fundamentación de la competencia de la autoridad que lo emite.

En ese sentido y tomando en cuenta que la fundamentación de la competencia de la autoridad es un requisito esencial de validez de los actos administrativos, es imprescindible que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación, pues de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.

Es importante precisar que el acto reclamado, si debía contener la fundamentación de la competencia de la autoridad que lo emite, dado que no contiene una simple opinión de la autoridad que lo emite, sino que el mismo contiene el bloqueo de la cuenta bancaria de la quejosa con fundamento en la Ley de Instituciones de Crédito, por tanto, la misma debe cumplir con los requisito de validez que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre ellos la competencia de la autoridad que lo emite, es decir, que al ser emitida por una autoridad, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación de la autoridad.

En razón de lo anterior, es de indicarse que derivado del estudio practicado a las facultades Reglamentarias del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se desprende que el Ejecutivo Federal haya dotado de la facultad expresa a dicha Unidad de, entre otros, ordenar el bloqueo o cancelación de las cuentas bancarias de los particulares aperturadas en las instituciones de crédito.

Por tanto, se deja en estado de indefensión e incertidumbre jurídica a mí representada, ya que todo acto de autoridad debe ser emitido por Autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y sus facultades con las que se erige, es decir, por quien esté en legitimación para expedirlo, a efecto de conocer plenamente de que autoridad se trata, tal y como lo dispone el mandato Constitucional.

Pues al respecto, el artículo 2°, apartado A), fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si bien es cierto, establece que el Titular de la Secretaría en comento, se auxiliará para el despacho de sus asuntos de una Unidad de Inteligencia Financiera, no menos cierto es que a efecto de poder delimitar su ámbito competencial, debemos remitirnos al diverso numeral 15 del Reglamento de cuentas.

El cual por su importancia se transcribe a continuación:

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 

Artículo 15. Compete a la Unidad de Inteligencia Financiera:

I. Proponer y emitir opinión a las demás unidades administrativas de la Secretaría sobre los proyectos de disposiciones de carácter general aplicables a las entidades señaladas en los artículos 25, fracción I, 27, fracción I y 32, fracción I, de este Reglamento que esta dependencia deba emitir en relación con:

a) El establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

b) La presentación a la Secretaría de reportes sobre los actos, operaciones y servicios que las entidades obligadas a ello realicen con sus clientes y usuarios, relativos al inciso anterior, así como sobre todo acto, operación o servicio que, en su caso, realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados de dichas personas obligadas, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en el inciso anterior o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas, y

c) Los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las personas deban observar en términos de ley respecto del adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios; la información y documentación que, en su caso, dichas personas deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite la identidad de sus clientes; la forma en que las mismas personas deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o de quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados de acuerdo con lo anterior, así como los términos para proporcionar capacitación al interior de las personas obligadas de conformidad con la ley sobre la materia objeto de esta fracción;

I. Bis. Formular y proponer, para aprobación superior, las reglas de carácter general que la Secretaría deba emitir en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento y resolver lo referente a su aplicación;

I. Ter. Interpretar, para efectos administrativos, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las reglas de carácter general y demás disposiciones jurídicas que de estos emanen, en el ámbito de competencia de la Secretaría;

II. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en el estudio y elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos o decretos relativos a las materias indicadas en este artículo;

II. Participar con las unidades competentes de la Secretaría, en el estudio y elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos o decretos relativos a las materias indicadas en la fracción anterior;

III. Emitir opinión jurídica a las unidades administrativas competentes de la Secretaría sobre la interpretación, para efectos administrativos, de las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I de este artículo, así como de las disposiciones legales de las que aquéllas emanen;

IV. Determinar y expedir, en coordinación con los órganos administrativos desconcentrados competentes de la Secretaría, las formas oficiales para la presentación de reportes a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo y para la recepción de los avisos y la presentación de la demás información a que se refieren la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las reglas de carácter general que de estos emanen;

V. Participar con los órganos administrativos desconcentrados competentes de la Secretaría, en la revisión, verificación, comprobación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo, así como de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas que de estos emanen, por parte de las personas obligadas a ello en términos de la legislación aplicable;

VI. Coordinar la recepción y análisis de la información contenida en los reportes a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, los avisos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, y en las declaraciones a que se refiere el artículo 9o. de la Ley Aduanera;

VII. Requerir y recabar de las personas sujetas a las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I de este artículo y de quienes realicen las actividades vulnerables, entidades colegiadas y órganos concentradores a que se refieren las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, directamente o a través de las instancias correspondientes, según sea el caso, información, documentación, datos e imágenes relacionadas con los reportes previstos en el inciso b) de la fracción I de este artículo y los avisos a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones;

VIII. Requerir a las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus facultades, incluido el acceso a la base de datos que contenga la información que se genere con motivo del ejercicio de tales facultades, en los términos y plazos establecidos por la propia Unidad, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IX. Aprobar, en su caso, los planes de trabajo y desarrollo de sistemas de información y criterios tecnológicos mínimos que, en términos de la legislación aplicable, deban observar las personas obligadas a presentar los reportes a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo y los avisos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, así como vigilar su observancia por parte de las mismas personas;

X. Recibir y recopilar, en relación con las materias a que se refiere este artículo, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos, así como sobre las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, e integrar los expedientes respectivos;

XI. Coordinarse con las autoridades fiscales para la práctica de los actos de fiscalización que resulten necesarios con motivo del ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente artículo;

XII. Proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades competentes nacionales y extranjeras la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus facultades;

XIII. Denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, allegándose de los elementos probatorios del caso;

XIV. Coadyuvar, en su caso, con las autoridades competentes, en representación de la Secretaría, en los procesos penales relativos a las conductas a que se refiere la fracción anterior de este artículo;

XV. Coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas por esta Unidad, desde su presentación y, en su caso, hasta la emisión de la resolución que no admita medio de defensa alguno, así como de los reportes de inteligencia presentados ante la autoridad competente;

XVI. Resolver, en relación con las materias a que se refiere este artículo, los requerimientos y resoluciones de autoridades jurisdiccionales o administrativas, incluyendo al Ministerio Público de la Federación;

XVII. Fungir, en los asuntos a que se refiere este artículo, como enlace entre las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y los siguientes entes: las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, los poderes judiciales de las entidades federativas, las procuradurías generales de justicia o fiscalías de las entidades federativas y los organismos constitucionales autónomos, así como negociar, celebrar e implementar convenios o cualquier otro instrumento jurídico con esas instancias;

XVIII. Hacer del conocimiento de los órganos administrativos desconcentrados competentes de la Secretaría, según corresponda, el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo o en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas que de estos emanen, con el objeto de que, en su caso, dichas instancias ejerzan sus atribuciones;

XIX. Participar en la negociación de los tratados internacionales, en las materias a que se refiere este artículo, con la intervención que corresponda a otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y celebrar los instrumentos jurídicos internacionales que no requieren la firma del Secretario;

XX. Participar en foros y eventos nacionales e internacionales en asuntos relativos a la materia de su competencia;

XXI. Fungir, en las materias a que se refiere este artículo, como enlace entre la Secretaría y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales y coordinar la implementación de los acuerdos que se adopten;

XXII. Aprobar, en su caso, las tipologías, tendencias e indicadores, en las materias a que se refiere este artículo, así como las guías y mejores prácticas para la elaboración y el envío de los reportes y avisos a que se refiere la fracción VI del presente artículo, así como para el desarrollo de los programas de capacitación, actualización y especialización en las materias antes referidas;

XXIII. Establecer los lineamientos y programas en materia de recepción y análisis de la información, documentación, datos e imágenes que obtenga, de conformidad con las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones que de estos emanen, y en las declaraciones a que se refiere el artículo 9o. de la Ley Aduanera;

XXIV. Informar a las autoridades competentes, así como a los sujetos obligados a observar las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción I de este artículo y a quienes realicen las actividades vulnerables y entidades colegiadas previstas en las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sobre la calidad y utilidad de los reportes y avisos a que se refiere la fracción VI de este artículo;

XXV. Designar, cuando así proceda, a los servidores públicos adscritos a la misma para representarla en los comités o grupos de trabajo que se determinen para el ejercicio de sus atribuciones;

XXVI. Corroborar la información, datos e imágenes relacionados con la expedición de identificaciones oficiales que obren en poder de las autoridades federales, así como celebrar convenios con los órganos constitucionales autónomos, entidades federativas y municipios, a efecto de corroborar la información referida, en términos del artículo 45 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para la identificación y análisis de operaciones relacionadas con los delitos a que hace referencia la fracción I de este artículo;

XXVII. Requerir a los sujetos a que hace referencia el artículo 51 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la información y documentación a la que tengan acceso, y celebrar para tales efectos los convenios respectivos con el Banco de México;

XXVIII. Supervisar la participación de las unidades administrativas de la Unidad en la suscripción de los convenios que se celebren en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria y las entidades colegiadas en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento;

XXIX. Determinar los medios de cumplimiento alternativos, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento;

XXX. Fungir como enlace entre la Secretaría y los sujetos obligados a observar las disposiciones de carácter general señaladas en la fracción I de este artículo, así como con quienes realicen las actividades vulnerables y entidades colegiadas previstas en las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, respecto de los asuntos señalados en el presente artículo, y

XXXI. Dar a conocer, cuando corresponda a la Secretaría, a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, directamente o por conducto del órgano administrativo desconcentrado competente de la Secretaría, las listas, reportes, mecanismos, informes o resoluciones previstas en las disposiciones jurídicas a que se refieren las fracciones I y I Bis de este artículo.

Ahora bien, de ninguna de las treinta y un fracciones del artículo 15 antes citado, se desprende que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuente con facultades para ordenar a las instituciones del sistema financiero mexicano que bloqueen o rescindan de la prestación de sus servicios con los particulares.

Mucho menos que suspendan la prestación de sus servicios con motivo de una “presunción de lavado de dinero” como fue manifestado a mí representada en la especie. Pues como podemos observar, su campo de actuación se limita a la propuesta y análisis de la emisión de las Reglas de Carácter General derivadas que al efecto deban emitirse con motivo de las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y sus procedimientos.

Incluso, la fracción XXI del artículo 15 supracitado, únicamente refiere que, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá dar a conocer a la Secretaría, las listas de quienes realicen actividades vulnerables a que se refiere la LFPIORPI. Empero, no existe facultad alguna de la cual se pueda observar con claridad que el Titular de la Unidad es autoridad competente para ordenar a la Institución Bancaria BBVA BANCOMER S.A., el bloqueo o cancelación de las cuentas de un particular.

Sin embargo, como se desprende del capítulo de “hechos” del presente escrito, la institución financiera responsable, de forma arbitraria informó que, las cuentas bancarias de mi representada fueron bloqueadas por presunción de lavado de dinero, pero además, que se encontraba imposibilitada para seguir ejecutando cualquier acto, operación, o servicio con la quejosa.

No obstante, como se ha evidenciado en líneas anteriores, dicha orden adolece de completa fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad ordenadora. Pues se insiste, en sus lineamientos orgánicos no se dotó a su Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para ejercer tales facultades.

Inclusive, tan no existe dicha facultad que, tal y como fue desarrollado en conceptos anteriores, previo a la cancelación o suspensión de las cuentas bancarias de los particulares por presunciones de “operaciones inusuales”, se debe colmar un procedimiento previo de detección por parte de la entidad financiera de conformidad a las Reglas de Carácter General a que se refiere el artículo 125 de la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente la número 37°, 38 y 39°.

Mismas que se observan a continuación:

37ª.- Por cada Operación Inusual que detecte una Entidad, esta deberá remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, el reporte correspondiente, dentro de un periodo que no exceda los sesenta días naturales contados a partir de que se genere la alerta por medio de su sistema, modelo, proceso o por el empleado de la Entidad, lo que ocurra primero.

Al efecto, las Entidades deberán remitir los reportes a que se refiere esta Disposición, a través de medios electrónicos y en el formato oficial que para tal fin expida la Secretaría, conforme a los términos y especificaciones señalados por esta última. En el evento de que la Entidad de que se trate detecte una serie de Operaciones realizadas por el mismo Cliente o Usuario que guarden relación entre ellas como Operaciones Inusuales, o que estén relacionadas con alguna o algunas Operaciones Inusuales, o que complementen a cualquiera de ellas, la Entidad describirá lo relativo a todas ellas en un solo reporte.

38ª.- Para efectos de determinar aquellas Operaciones que sean Inusuales, las Entidades deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en forma aislada o conjunta:

I. Las condiciones específicas de cada uno de sus Clientes, como son, entre otras, sus antecedentes, el grado de Riesgo en que lo haya clasificado la Entidad de que se trate, así como su ocupación, profesión, actividad, giro del negocio u objeto social correspondiente;

II. Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realicen sus Clientes o, en su caso, sus Usuarios que tengan registrados y, tratándose de Clientes, la relación que guarden con los antecedentes y la actividad económica conocida de ellos;

III. Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las Operaciones que realicen los Clientes o, en su caso, los Usuarios que tengan registrados;

IV. Las Operaciones realizadas en una misma cuenta, así como aquellas llevadas a cabo por un mismo Usuario con moneda extranjera, cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o superen el equivalente aquinientos dólares de los Estados Unidos de América, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al perfil transaccional del Cliente o que, respecto deaquellas realizadas por Usuarios, se pueda inferir de su estructuración una posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por las Entidades para efectos de estas Disposiciones;

V. Los usos y prácticas crediticias, fiduciarias, mercantiles y bancarias que priven en la plaza en que operen;

VI. Cuando los Clientes o Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o documentos de identificación correspondientes, señalados en los supuestos previstos al efecto en las presentes Disposiciones, o cuando se detecte que presentan información que pudiera ser apócrifa o datos que pudieran ser falsos;

VII. Cuando los Clientes o Usuarios intenten sobornar, persuadir o intimidar al personal de las Entidades, con el propósito de lograr su cooperación para realizar actividades u Operaciones Inusuales o se contravengan las presentes Disposiciones, otras normas legales o las políticas, criterios, medidas y procedimientos de la Entidad en la materia;

VIII. Cuando los Clientes o Usuarios pretendan evadir los parámetros con que cuentan las Entidades para reportar las Operaciones a que se refieren las presentes Disposiciones;

IX. Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios respecto de los cuales la Entidad de que se trate no cuente con una explicación, que den lugar a cualquier tipo de suspicacia sobre el origen, manejo o destino de los recursos utilizados en las Operaciones respectivas, o cuando existan sospechas de que dichos indicios o hechos pudieran estar relacionados con actos, omisiones u Operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400Bis del mismo ordenamiento legal;

X. Cuando las Operaciones que los Clientes o Usuarios pretendan realizar involucren países o jurisdicciones:

a) Que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes, o

b) Que, a juicio de las autoridades mexicanas, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo de los que México sea miembro, no cuenten con medidas para prevenir, detectar y combatir dichas operaciones, o bien, cuando la aplicación de dichas medidas sea deficiente.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Secretaría pondrá a disposición de las Entidades a través de medios de consulta en la red mundial denominada Internet, la lista de los países y jurisdicciones que se ubiquen en los supuestos señalados en dicho párrafo;

XI. Cuando una transferencia electrónica de fondos sea recibida sin la totalidad de la información que la debe acompañar, de acuerdo con lo previsto en la 16ª de las presentes Disposiciones;

XII. Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente o Usuario opera en beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, sin que lo haya declarado a la Entidad de que se trate, de acuerdo con lo señalado en las presentes Disposiciones o bien, la Entidad no se convenza de lo contrario, a pesar de la información que le proporcione el Cliente o Usuario a que se refiere el segundo párrafo de la 31ª de estas Disposiciones, y

XIII. Las condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que hayan señalado dedicarse a la misma actividad, profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto social.

Cada Entidad deberá prever en el documento de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos a que se refiere la 64ª de las presentes Disposiciones, o bien, en algún otro documento o Manual elaborado por la propia Entidad, los mecanismos con base en los cuales deban examinarse los antecedentes y propósitos de aquellas Operaciones que, conforme a las presentes Disposiciones, deban ser presentadas al Comité para efectos de su dictaminación como Operaciones Inusuales. En todo caso, los resultados de dicho examen deberán constar por escrito y quedarán a disposición de la Secretaría y la Comisión, por lo menos durantediez años contados a partir de la celebración de la reunión del Comité en que se hayan presentado tales resultados.

Para facilitar el proceso de identificación de Operaciones Inusuales, la Secretaría deberá asesorar regularmente a las Entidades y proporcionar guías, información y tipologías que permitan detectar Operaciones que deban reportarse conforme a las presentes Disposiciones.

Asimismo, en el proceso de determinación de las Operaciones Inusuales a que se refiere la presente Disposición, las Entidades deberán apoyarse en sus documentos de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos a que se refiere la 64ª de las presentes Disposiciones y, además de esto, considerarán las guías elaboradas al efecto por la Secretaría y por organismos internacionales y agrupaciones intergubernamentales en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, de los que México sea miembro, que dicha Secretaría les proporcione.

39ª.- En el supuesto de que una Operación Relevante sea considerada por la Entidad de que se trate como Operación Inusual, esta deberá formular, por separado, un reporte por cada uno de esos tipos de Operación.

De la transcripción anterior, se corrobora que en la legislación vigente no existe un dispositivo que permita a la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar indiscriminadamente a las instituciones del sistema financiero mexicano para que, cancelen o suspendan sus servicios a un contribuyente.

En idéntico sentido, de conformidad a las Reglas Generales en comento, se advierte que dicha facultad tampoco fue otorgada a las Instituciones Bancarias como lo es, BBVA BANCOMER S.A., pues de la lectura de la transcripción anterior, únicamente se observa la obligación de coadyuvar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la elaboración de los informes que correspondan puedan identificar a aquellos usuarios que realizan “operaciones inusuales”.

Empero, bajo ninguna circunstancia dicha labor de coadyuvancia con la Administración Pública Federal se puede interpretar al extremo de llegar al absurdo de que las propias instituciones de crédito pueden, de mutuo propio rescindir la prestación de los servicios de banca múltiple con los particulares por simples “presunciones de lavado de dinero” (SIC).

Pues como se observa, para poder llegar a dicha certeza se requiere desahogar un procedimiento previo de identificación, reporte para poder determinar la lista de contribuyentes que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita u operaciones inusuales en términos de las Reglas Generales en cita.

En concomitancia de lo anterior, niego categóricamente que la Unidad de Inteligencia Financiera así como la institución bancaria responsable BBVA BANCOMER S.A, tengan competencia material para ordenar la cancelación y suspensión de los servicios financieros a los particulares.

De igual forma, niego categóricamente que el resto de autoridad responsables tengan competencia material para ordenar la cancelación, bloqueo, suspensión de las cuentas bancarias de la quejosa.

Así, es evidente que el acto reclamado en la presente instancia Constitucional viola flagrantemente el artículo 16 Constitucional en virtud de que fue ordenado y ejecutado por autoridades incompetentes para ello. En ese sentido, es claro que todo acto de autoridad que no haya sido emitido por una entidad dotada de las facultades para ello, no puede surtir efecto alguno sobre el capital jurídico del particular.

Sustento de lo anterior resulta aplicable el siguiente criterio de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de rubro y texto siguiente:

AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido.[28]

Bajo esa orden de ideas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ya que la autoridad responsable, no fundó su competencia material, grado y territorio, dejando en un estado de indefensión a mi representada al desconocer si la citada autoridad es competente para dar por terminado el contrario o cancelar la cuenta bancaria de la quejosa.

 

XI.-Capítulo de MEDIDAS CAUTELARES.                                              

En el presente caso solicito se conceda las medidas cautelares consistente en el desbloqueo, libre disposición de las cuentas bancarias de la quejosa y la paralización del procedimiento incoado en su contra, en tanto se emite la resolución definitiva que en derecho corresponda con la finalidad de que no se me sigan causando perjuicios de difícil reparación material pues de no ser así como se dijo se paralizarían las actividades de la quejosa al no poder cumplir con sus obligaciones fiscales, contractuales, comerciales y laborales más aun cuando no se sigue perjuicio al orden público ni al interés social, ni mucho menos se contravienen disposiciones de orden público.

Conviene precisar que la SUSPENCIÓN DEL ACTO RECLAMADO solo es una especie del genero denominado MEDIDAS CAUTELARES de ahí que, se solicita las MEDIDAS CAUTELARAS consistentes en la liberación para libre disposición de las cuentas bancarias, y en su caso, la supresión provisional del listado de personas bloqueadas, con la finalidad de que la quejosa pueda disponer libremente de sus cuentas bancarias y de los recursos económicos necesarios para hacer frente a sus necesidades, quedando a salvo la materia del mismo, esto es, para el caso de resultar improcedente el juicio o infundado los argumentos expuestos, las autoridades responsables dentro del ámbito de sus respectivas competencias se encuentra plenamente facultados para ejercitar nuevamente las acciones tendientes a incorporarme nuevamente a la lista de personas bloqueadas y de inmovilizar los recursos que en ella se encuentren, esto es de continuar el procedimiento incoado en contra de la quejosa, así como todas sus consecuencias legales, sin que por ello se esté dando efectos restitutorios de manera anticipada  a los actos reclamados y que son materia del fondo del asunto, sino únicamente constituyen medidas restitutorias de carácter provisional, con la única finalidad de no causar actos de imposible reparación material.

Ilustrando con un poco de doctrina, respecto de la suspensión del acto reclamado, se puede precisar que al respecto existen dos corrientes en la doctrina:

a) Los autores que niegan la aplicación de los principios de las medidas cautelares a la suspensión y que se identifica como corriente avalorado-abstracta. Avalorada, porque al negar cualquier asomo al fondo del asunto, no toman en cuenta si el acto es probablemente inconstitucional. Abstracta, por el hecho de que al no echar un vistazo a la violación alegada, los actos reclamados se analizan de una forma despersonalizada pues no se toman en cuenta las particularidades de la quejosa ni del problema.

b) Los autores que están con la aplicación de la teoría general de las medidas cautelares y la relacionan con la suspensión, los denominaremos corriente valorado-concreta. Valorada, dado que, a partir de que en la suspensión se puede hacer un estudio provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, ya analizan a éste con un valor o desvalor jurídico para efectos de conceder o no la medida cautelar. Concreta, porque teniendo en cuenta la constitucionalidad o no del acto reclamado, ya no verán a éste de una manera abstracta sino concreta al caso que se está poniendo a estudio.

La corriente de autores que niegan que en la suspensión se puede efectuar un análisis provisional de la constitucionalidad del acto reclamado tuvo gran influencia en los criterios emitidos por los tribunales federales en los periodos que abarcan de la quinta a la octava época del Semanario Judicial de la Federación (1917-1995) y actualmente se encuentran superados.

El criterio más representativo de esta tendencia avalorado-abstracta es el que enfática y tajantemente determina que al resolverse la suspensión no se puede estudiar el fondo del amparo, y que es del tenor siguiente:

SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo. [29]

Derivado del anterior criterio, también encontramos que la jurisprudencia de la Suprema Corte se encargó de hacer hincapié en que la suspensión mantiene las cosas en el estado en que se encuentran y no restituye, ya que eso sólo es propio o exclusivo de la sentencia de amparo que en definitiva se llegue a emitir en la audiencia constitucional, y al efecto se pronunció en los siguientes términos:

SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional. [30]

 

Con la continuación de la tendencia argumentativa delineada por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la suspensión no tiene efectos restitutorios por ser exclusivos de la sentencia, surgieron criterios que negaban la suspensión cuando se trata de actos consumados y a manera de ejemplo tenemos el siguiente criterio:

ACTOS CONSUMADOS. Contra los actos ya consumados, es improcedente conceder la suspensión, porque se le darían efectos restitutorios, que son propios de la sentencia que se dicta en cuanto al fondo del amparo. [31]

Sin embargo, dicha corriente doctrinal y judicial, A QUEDADO SUPERADA al ser abandonado por la Suprema Corte al decidir la contradicción de tesis 3/95 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para resolver sobre la suspensión sí se puede hacer un estudio provisional valorado-concreto de la constitucionalidad del acto reclamado, con la finalidad de conceder las medidas cautelares y emitió la jurisprudencia que es del tenor siguiente:

SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.  La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. [32]

En ese sentido al abandonar el criterio anterior al que se ha hecho referencia, la Suprema corte determinó que para la concesión de las medidas cautelares se debe de realizar una valoración anticipada del acto controvertido que permita determinar la viabilidad de las medidas cautelares y su idoneidad para salvaguardar la materia del juicio, pues de nada serviría el que se conceda una medida cautelar o la suspensión del acto reclamado si dicha medina no es efectiva para evitar que se violen de manera indefinida a irreparable los derechos fundamentales del suscrito, sin que con ello se esté dando a la sentencia efectos restitutorios o anticipados que son propios de la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, y que por el contrario a nada útil conlleve seguir causando perjuicio al demandante con sustento en un acto que a la postre resulta inconstitucional, y que por el contrario sí se está generando perjuicios de imposible reparación material a la quejosa.

En ese sentido la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de las medidas cautelares y NO AL REVES, lo que permite un vistazo provisional al fondo del asunto, bajo los presupuestos de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, valorado-concreta.

Tan es así que la jurisprudencia 15/96 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reconoce que para resolver la suspensión de los actos reclamados es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad de éstos, es decir, que el acto se debe apreciar de forma valorado-concreta. Ver el acto reclamado de una forma valorado-concreta implica que se deben dejar atrás los anteriores conceptos de análisis que se desarrollaran con la corriente avalorado-abstracta, tales como el que en la suspensión no se puede asomar al fondo y que aquélla no procedía contra actos consumados o negativos. Ahora se debe partir de la base consistente en determinar si el acto es provisionalmente inconstitucional o no, esto es, si existen elementos que permitan establecer la apariencia del buen derecho y la urgencia en la medida, para luego ponderar este presupuesto con el orden público e interés social.

CON TODO LO ANTERIOR LO QUE SE BUSCA ENFATIZAR ES QUE SI BIEN ES CIERTO QUE LA MEDIDA CAUTELAR ES EL GENERO MAS PROXIMO A LA SUSPENCIÓN DEL ACTO, NO ES CIERTO QUE LA MATERIA DE LA MISMA SEA LA DE MANTENER LAS COSAS EN EL ESTADO QUE GUARDAN, SINO LA DE ASEGURAR LA EFICACIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA, ADELANTANDO PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA, SIN QUE POR ELLO SE RESTITUYA DEFINITIVA Y ANTICIPADAMENTE AL DEMANDANTE

Lo anterior se corrobora con la emisión de la jurisprudencia derivada de la contradicción 12/90, que acepta la corriente que da efectos a la suspensión no sólo de carácter suspensivo, sino que, producto del estudio provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, se anticipan sus resultados, como en el caso de la procedencia de la suspensión en casos de clausura por tiempo indefinido.

Ilustrando lo anterior la siguiente tesis que a la letra dice:

SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable,  lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar  exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la “apariencia del buen derecho” sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado.[33]

En virtud de lo anterior debe de estarse a la naturaleza del acto controvertido, y partiendo de ahí, verificar sus consecuencias jurídicas que de ella se reclaman y verificar la idoneidad de la medida concedida y la eficacia para salvaguardar la materia del juicio y los derechos fundamentales que se encuentran en juego.

En ese sentido, con la concesión de la medida cautelar que se conceda a la quejosa (la libre disposición de las cuentas y, en su caso, la cancelación del nombre de las listas de personas bloqueadas), de ninguna manera constituye con una restitución anticipada de la sentencia, en tanto que los actos que constituyen el acto primigenio QUEDA INTOCADO quedando a salvo todos y cada uno de sus consecuencias jurídicas como lo son:

A) LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE SUPUESTAMENTE DIERON ORIGEN AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

B) LA VINCULACIÓN AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

En ese orden de ideas, no existe ninguna restitución anticipada, si llegado el momento y en el caso de  decretarse la constitucionalidad de los actos reclamados, esta podrá surtir todos y cada uno de sus efectos legales, puesto que no debe de perderse de vista que el impedir que realice operaciones a través del sistema financiero no es la forma de hacer efectivo los bienes jurídicos tutelados por la norma, puesto que válidamente la autoridad puede, llegado el momento, garantizar la eficacia de las medidas instrumentadas, como ilustra la jurisprudencia transcrita, el único efecto de la suspensión será interrumpir las consecuencias jurídicas mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se declare la Constitucionalidad del acto, porque la “apariencia del buen derecho” sea equivocada, la autoridad pueda reanudar las consecuencias jurídicas hasta su total cumplimiento.

Máxime si en atención al principio del buen derecho, se puede apreciar que:

a) No existe procedimiento alguno, por lo que se niega lisa y llanamente su existencia.

b) Para el caso de existir el procedimiento sancionador, se niega lisa y llanamente la existencia de citatorio previo o constancia de notificación en el que se me haya dado a conocer.

c) Se violó flagrantemente en mí perjuicio las garantías de audiencia, debido proceso, seguridad jurídica y de audiencia.

Circunstancias que como ya se dijo, deben de ser valoradas en atención a los principios de apariencia del derecho y peligro en la demora.

Valoración de tales principios que debe de tomar en consideración para resolver la medida cautelar solicitada, sin que sea óbice su señalamiento en el sentido de que de conceder la suspensión provisional y en su caso la definitiva respecto de tales actos, se estaría restituyendo anticipadamente, puesto que como ya se vio, que la apreciación necesaria sobre el buen derecho del promovente (para que pueda decirse que se ve afectado por un acto arbitrario) anticipa el fondo del juicio principal, pero no hay que olvidar que lo adelanta provisionalmente, es decir, sin prejuzgarlo y, además, no lo adelanta más que en la propia concesión de la suspensión, que siempre tendrá un carácter temporal, sin más efecto que mantener las cosas en el estado en que se encuentran, retardando en el peor de los casos la ejecución del acto de autoridad.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que este H. Juez de Distrito niegue las medidas cautelares solicitadas consistentes en el desbloqueo, libre disposición de las cuentas bancarias de la quejosa y, en su caso, la paralización del procedimiento incoado en su contra, en tanto se emite la resolución definitiva que en derecho corresponda; Solicito que la medida cautelar sea para el efecto de que mi representada pueda realizar sus operaciones de formar distinta, es decir, que mi representada pueda recibir o realizar sus operaciones con pagos en efectivo, así como las operaciones indispensables para el objeto de su actividad que mi representada realice, las pueda hacer en efectivo y que en caso que estas sean consideradas deducibles, sean procedentes, al existir la imposibilidad material de acceder al sistema financiero, lo cual si genera un acto de imposible reparación al quejoso.

En virtud de todo lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 107 primer párrafo, fracción X de la Constitución General de la Republica, así como los diversos numerales 125 y 128 de la Ley de Amparo, solicito se me otorgue la suspensión provisional y la definitiva de todos los actos reclamados, en virtud de que, en el presente asunto, con el otorgamiento de dicha medida cautelar, no se causaría perjuicio al interés social, ni se contravienen  disposiciones del orden público, pero en cambio sería de muy difícil reparación los daños que se me ocasionarían con la ejecución de todos los actos reclamados.

Para acreditar lo anteriormente vertido ofrezco las siguientes:

VIII.- PRUEBAS

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el instrumento notarial con el cual acredito la personalidad con la que me ostento.

2.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Constancia de situación fiscal de mi representada.

3.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia certificada del contrato de producto y servicios _______________________.

4.-DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en impresión digital del estado de cuenta bancario del mes de _______________.

5.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en impresión de pantalla en donde se aprecia que la cuenta bancaria se encuentra bloqueada.

6.- LA PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA.

7.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a su Señoría, de una manera atenta:

SOLICITO

PRIMERO.- Tenerme, en los términos del presente escrito, demandando el Amparo y la Protección de la Justicia Federal.

SEGUNDO.- Se señale día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, así como se recaben los informes de las autoridades involucradas en términos de ley.

TERCERO.- Requerir a las autoridades responsables para que rindan sus informes justificados dentro del plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los apercibimiento de ley y, en su oportunidad, ordenar se expida copia de todos y cada uno de ellos al quejoso para estar en posibilidad de ampliar la presente demanda y manifestar lo que a mi derecho convenga en la audiencia constitucional respectiva.

CUARTO.- Previo los trámites legales conducentes se me conceda EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, por ser lo procedente conforme a derecho.

QUINTO.- Se conceda la suspensión provisional, y en su caso la definitiva.

 

Oaxaca de Juarez, Oaxaca _________________.

 

PROTESTO LO NECESARIO

___________________________
C. ___________________
“______________________”

 

[1] Décima Época; Registro: 2010168; Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis: Aislada; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV;  Materia(s): Común; Tesis: XI.1o.A.T.25 K (10a.); Página: 3823, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 73/2014. Sindicato de Trabajadores de la Educación Michoacana (S.T.E.M.). 23 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López. Esta tesis se publicó el viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

[2] Décima Época; Registro: 2009613; Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis: Aislada; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 20, Julio de 2015, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: VI.3o.A.6 K (10a.); Página: 1624, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 301/2014. Manuel Flores Macías. 9 de febrero de 2015. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Jaime Raúl Oropeza García. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Manuel Poblete Ríos. Amparo en revisión 280/2014. Marcos Pérez Lino. 9 de febrero de 2015. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro Ramos García. Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

[3] Décima Época; Registro: 2009420; Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, Junio de 2015, Tomo III; Materia(s): Común; Tesis: XVI.1o.A.22 K (10a.); Página: 1943, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Queja 6/2014. Isabel Gil Hernández. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández. Queja 9/2014. Norma Silvia Zavala Garcés. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez. Queja 9/2015. Ricardo Camarillo Guerra. 5 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

[4] Décima Época; Registro: 2008197; Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 14, Enero de 2015, Tomo III; Materia(s): Común; Tesis: III.4o.C.10 K (10a.); Página: 1828, CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Queja 251/2014. Florencio Quezada Pérez. 7 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretario: Abel Briseño Arias. Esta tesis se publicó el viernes 9 de enero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

[5] Décima Época; Registro: 2006034; Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: XV.5o.3 K (10a.); Página: 1500, QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 382/2013. María del Rosario Colli Misset y otro. 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Guadalupe Hernández Torres. Secretarios: Everardo Martínez González y Elia Muñoz Aguilar. Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

[6] Novena Época; Registro: 161133; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 164/2011; Página: 1089, Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.

[7] Décima Época; Registro: 2014171; Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 41, Abril de 2017, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: XI.1o.A.T.34 K (10a.); Página: 1747, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 190/2015. Alberto Zavala Romero, endosatario en procuración de Lorena Chávez García. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Ma. de la Cruz Estrada Flores. Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

[8] Décima Época; Registro: 2010060; Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III; Materia(s): Común; Tesis: I.3o.P.37 P (10a.); Página: 2077, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 275/2014. 2 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Medécigo Rodríguez. Secretario: Nicolás de Luna González. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 3/2018, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito. Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

[9] Décima Época; Registro: 2015465; Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV ; Materia(s): Común; Tesis: XXVII.3o.32 A (10a.); Página: 2670, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 73/2017. 18 de mayo de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Selina Haidé Avante Juárez. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/2002, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 320. Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

[10]Décima Época; Registro: 2016321; Plenos de Circuito; Jurisprudencia; Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 02 de marzo de 2018 10:05 h; Materia(s): (Común); Tesis: PC.I.A. J/122 A (10a.), PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 18/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo, Décimo Tercero y Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de noviembre de 2017. Mayoría de diecisiete votos de los Magistrados: José Ángel Mandujano Gordillo, María Antonieta Azuela Güitrón, Osmar Armando Cruz Quiroz, María Alejandra de León González, Francisco Paniagua Amézquita, Ricardo Olvera García, Roberto Rodríguez Maldonado, Sergio Urzúa Hernández, Alfredo Enrique Báez López, Jesús Alfredo Silva García, Arturo César Morales Ramírez, Emma Gaspar Santana, Irma Leticia Flores Díaz, Ernesto Martínez Andreu, Juan Carlos Cruz Razo, Hugo Guzmán López y Ma. Gabriela Rolón Montaño. Disidentes: Joel Carranco Zúñiga, Marco Antonio Bello Sánchez y Amanda Roberta García González. Ponente: Ricardo Olvera García. Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 37/2017, el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 6/2017, y el diverso sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 43/2017. Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 18/2017, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.  Esta tesis se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de marzo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

[11] Novena Época; Registro: 172610; Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007 ; Materia(s): Administrativa; Tesis: I.8o.A.116 A; Página: 2027; OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 26/2007. Racma Servicios, Mantenimiento y Construcciones, S.A. de C.V. 9 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Sergio Padilla Terán. Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 98/2008-SS que fue declarada sin materia por la Segunda Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 2a./J. 139/2008, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 440, con el rubro: "ASEGURAMIENTO DE LA CONTABILIDAD CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE NIEGA A PROPORCIONAR LA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."

[12] Décima Época; Registro: 2000195; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3; Materia(s): Constitucional; Tesis: I.8o.A.1 A (10a.); Página: 2255; OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 321/2011. Management Supplier, S.A. de C.V. 22 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Arturo Mora Ruiz.

[13] Décima Época; Registro: 2016500; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV; Materia(s): Común; Tesis: I.9o.P.182 P (10a.); Página: 3328, NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 123/2017. 25 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Miguel Ángel Sánchez Acuña. Esta tesis se publicó el viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

[14] Décima Época; Registro: 2008515; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III; Materia(s): Constitucional; Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.); Página: 2254; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 47/2014. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. Amparo directo 470/2014. DRP Constructora México, S.A. de C.V. y otros. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. Amparo directo 537/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. Amparo directo 542/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez. Amparo directo 544/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 4 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

[15] Época: Décima Época; Registro: 2012594; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 9/2016 (10a.); Página: 112; Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz estimó innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 9/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

[16] Época: Novena Época; Registro: 174281; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Septiembre de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 1a./J. 56/2006; Página: 56

[17] Época: Décima Época; Registro: 2012926; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: 2a./J. 147/2016 (10a.); Página: 707

[18] Artículo 46 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizará a las instituciones de banca múltiple el inicio de operaciones o la realización de otras adicionales a las que le hayan sido autorizadas, de entre las señaladas en el artículo 46 de esta Ley, cuando acrediten el cumplimiento de lo siguiente:                […]”

[19] Época: Novena Época; Registro: 187406; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Marzo de 2002; Materia(s): Administrativa; Tesis: XIV.2o.53 A; Página: 1444; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 176/2001. Derivados de Henequén del Mayab, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús González Ruiz. Secretario: Mario Andrés Pérez Vega. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de 2001, página 293, tesis 2a. XI/2001, de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA CONTENIDOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE PARA QUE LAS DEDUCCIONES SEAN PROCEDENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1993).".

[20] [J]; 9a. Época; Pleno; Ap. 2000; Tomo I, Const., Novena Época, Jurisprudencia SCJN; Pág. 260; Amparo directo en revisión 2961/90.-Ópticas Devlyn del Norte, S.A.-12 de marzo de 1992.-Unanimidad de diecinueve votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1080/91.-Guillermo Cota López.-4 de marzo de 1993.-Unanimidad de dieciséis votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo directo en revisión 5113/90.-Héctor Salgado Aguilera.-8 de septiembre de 1994.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 933/94.-Blit, S.A.-20 de marzo de 1995.-Mayoría de nueve votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1694/94.-María Eugenia Espinosa Mora.-10 de abril de 1995.-Unanimidad de nueve votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

[21] Época: Novena Época; Registro: 200234; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo II, Diciembre de 1995; Materia(s): Constitucional, Común; Tesis: P./J. 47/95; Página: 133, Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

[22] [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XVII, Abril de 2003; Pág. 1050, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 10303/2002. Pemex Exploración y Producción. 22 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

[23] [TA]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; CXVIII; Pág. 148, Amparo administrativo en revisión 789/53. Corona Palacios José. 16 de octubre de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez Relator: Octavio Mendoza González.

[24] Época: Novena Época; Registro: 175082; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Mayo de 2006; Materia(s): Común; Tesis: I.4o.A. J/43; Página: 1531; CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.

[25] [J]; 8a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Núm. 77, Mayo de 1994; Pág. 12, PLENO

Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Angel García Domínguez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede. El señor Ministro Miguel Angel García Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. Ausentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

[26] [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 310, SEGUNDA SALA CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de dos mil cinco.

[27]  [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Septiembre de 2007; Pág. 2366. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Revisión fiscal 38/2007. Subadministrador de lo Contencioso "2", en suplencia por ausencia del Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, de los subadministradores de resoluciones "1" y "2", de lo Contencioso "1", en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. Revisión fiscal 95/2007. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación del Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretario: Andrés Vega Díaz. Revisión fiscal 109/2007. Subadministrador de lo Contencioso "3" de la Administración Local Jurídica del Oriente del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, por ausencia del Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, de los Subadministradores de Resoluciones "1" y "2" y de lo Contencioso "1" y "2", en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de la autoridad demandada, Administrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 7 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Soledad Tinoco Lara. Revisión fiscal 122/2007. Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal y otras. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Urbano Martínez Hernández. Secretaria: Karen Leticia de Ávila Lozano. REVISIÓN FISCAL 131/2007. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 21 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Bolaños Rebollo, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Raúl Eduardo Maturano Quezada.

[28] Época: Novena Época, Registro: 188678, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CXCVI/2001, Página: 429, Inconformidad 292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.

[29] [Primera Sala, Quinta Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte HO, tesis 1184, pág. 806, núm. de registro 395,139].

[30] [Primera Sala, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, 11, Segunda Parte, pág. 45, núm. de registro 236,958].

[31] [Primera Sala, tesis aislada, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, XXV, pág. 1877, núm. de registro 365,887].

[32] [Pleno, P./J. 15/96, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, pág. 16, núm. de registro 200,136].

[33] [Pleno, P./J. 16/96, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, pág. 36, núm. de registro 200,137].


[i] Sentencia SU-157/99. Actor: Gilberto Gaviria Posada y Luis Enrique Villalobos Castaño. Autoridad Responsable: Entidades financieras colombianas, en cancelación de cuentas bancarias por documento de gobiernos extranjero. 1999.


 [31]Precisar la actividad

 [32]Para el caso de que no se pueda disponer del efectivo en las cuentas bloqueadas.

 [33]Argumento para el caso de que no se pueda disponer de los fondos existentes en las cuentas bancarias.


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